La amenaza del banquillo persigue a Juan Carlos I

El magistrado del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales, Mathwew Nicklin, ha convocado a su despacho a los abogados de Juan Carlos I y de Corinna Larssen el pr¨®ximo martes. Es un procedimiento habitual, una vez resueltas las cuestiones preliminares, para decidir los siguientes pasos del proceso. Al descartar, en un fallo publicado este jueves, que el Rey em¨¦rito goce de inmunidad legal en el Reino Unido, el juez ha abierto la posibilidad de que acabe sentado en el banquillo, para testificar. Su examante le acusa de hostigamiento, difamaci¨®n y vigilancia ilegal, en una demanda interpuesta ante la jurisdicci¨®n civil en octubre de 2020, por la que reclama resarcimiento monetario, pero tambi¨¦n una orden de alejamiento de al menos 150 metros. ¡°El juez debe ahora escuchar a las partes, as¨ª que considero casi seguro que llamar¨¢ a declarar a Juan Carlos I. Pero ser¨¢ flexible. Por motivos de edad, salud¡­ puede permitirle declarar por videoconferencia, y con cierta privacidad. Si el rey em¨¦rito no compareciera, o se negara a declarar, estar¨ªa salt¨¢ndose claramente la ley; sus bienes, de tener alguno en el Reino Unido, podr¨ªan ser embargados, y ¨¦l podr¨ªa ser detenido en cuanto pusiera un pie en el pa¨ªs¡±, explica Le¨®n Fernando del Canto, uno de los cuatro barrister espa?oles que actualmente ejercen en Londres. ?l fue el primero en alcanzar ese rango de abogado con permiso para intervenir en sala y argumentar jur¨ªdicamente un caso ante los magistrados. ¡°¡°Siempre existe la posibilidad, antes incluso de que Juan Carlos I llegara a sentarse en el banquillo, de que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. En el derecho com¨²n brit¨¢nico, esta oferta de acuerdo, que puede realizarse en cualquier momento -incluso ya iniciado el proceso- se denomina Parte 36. Puede ofrecerla cualquiera de los contendientes, una vez advertido el juez de ello¡±, explica del Canto.

Es muy poco habitual ver a un miembro de la realeza -ya sea de los pa¨ªses del Golfo, o de cualquier otra parte del mundo- sentado en un banquillo de los tribunales brit¨¢nicos. La publicidad, la presi¨®n y el celo profesional de muchos magistrados suponen un riesgo que es preferible evitar con un acuerdo que el propio juez, en la jurisdicci¨®n civil, tiende a estimular.

El bufete que representa a Juan Carlos I, Clifford Chance, uno de los m¨¢s caros y prestigiosos de la City londinense, ha expresado su ¡°decepci¨®n¡± por la decisi¨®n del juez Nicklin, y estudia si presentar recurso de apelaci¨®n. La maniobra, sin embargo, resultar¨ªa extra?a y arriesgada en una fase preprocesal como la actual. A no ser que surgieran nuevos datos que pudieran hacer cambiar de opini¨®n al magistrado, o que incluso se pusiera en cuesti¨®n su propia imparcialidad -algo impensable, hoy por hoy-, resulta complicado echar atr¨¢s una resoluci¨®n muy meditada, muy bien armada y fundamentada, y respaldada por prestigiosos colegas. ¡°Se acusa a Juan Carlos I de haber cometido actos de hostigamiento en el Reino Unido. El acoso y hostigamiento no son actos inherentes de gobierno (...) Y ha quedado claro, adem¨¢s, que en la actualidad ya no es un Jefe de Estado¡±, argumenta a EL PA?S el exmagistrado del Tribunal Supremo, Jonathan Sumption. Considerado por prensa de izquierdas y derechas como ¡°la mente jur¨ªdica m¨¢s brillante del Reino Unido¡±, Sumption se hizo millonario durante su ¨¦poca como barrister; represent¨® a clientes como Roman Abram¨®vich en su batalla judicial contra su ex socio, Berezovski; y logr¨® saltar al Supremo sin necesidad de ocupar plazas judiciales intermedias. ¡°Puedo entender que mucha gente en Espa?a vea este caso como un asunto netamente espa?ol, pero si un ciudadano espa?ol, por muy distinguido que sea, comete infracciones civiles en otro pa¨ªs que, por su naturaleza, no son actos gubernamentales, deben responder ante las leyes de ese pa¨ªs¡±, razona Sumption. ¡°Si el duque de Windsor hubiera cometido il¨ªcitos civiles en Espa?a, en 1936, despu¨¦s de su abdicaci¨®n, ?le habr¨ªa tratado el Gobierno espa?ol como un sujeto con inmunidad legal? Sospecho que no¡±.

Corinna Larsen ha decidido plantear su demanda ante la v¨ªa civil. Busca sobre todo una indemnizaci¨®n pecuniaria, y por eso est¨¢ abierta la v¨ªa de un acuerdo extrajudicial. Pero la jurisdicci¨®n brit¨¢nica es mucho m¨¢s flexible y difusa que la continental (la espa?ola, a estos efectos), y los agravios que se ventilan ante el juez Nicklin entran en la categor¨ªa doctrinal de ¡°cuasi-delitos¡±. En cualquier momento, a lo largo del proceso, las acusaciones podr¨ªan convertirse en materia criminal o penal, e incluso provocar la intervenci¨®n del Crown Prosecution Service (el Ministerio Fiscal). Aunque ning¨²n experto contempla la posibilidad de que el asunto pudiera acabar con una orden de extradici¨®n contra Juan Carlos I. ¡°El hostigamiento tambi¨¦n es una ofensa penal, un delito. Pero dudo mucho que las autoridades brit¨¢nicas procedan contra ¨¦l. El destino de una hipot¨¦tica solicitud de extradici¨®n, en el remoto caso de que se produjera, depender¨ªa en exclusiva de la ley donde residiera el acusado, ya fuera Espa?a o los Emiratos ?rabes Unidos¡±, dice Sumption.