Un juez ingl¨¦s pide que Espa?a confirme si el rey em¨¦rito a¨²n forma parte de la Casa Real

La rivalidad de los dos titanes jur¨ªdicos que argumentaban este lunes en la sala 13 de los Reales Tribunales de Justicia, el imponente edificio g¨®tico en el coraz¨®n de Londres, daba una idea de la seriedad del asunto en discusi¨®n. Sir Daniel Bethlehem, ex asesor legal de los gobiernos del Reino Unido e Israel, en representaci¨®n de Juan Carlos I; y James Lewis, exgobernador de las Malvinas y colaborador clave en el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, en nombre de la antigua amante del rey em¨¦rito Corinna Larsen. El juez Matthew Nicklin presid¨ªa la vista preliminar que concluir¨¢ este martes, y en la que se debe decidir si el exmonarca espa?ol preserva su inmunidad para no ser juzgado. Es una cuesti¨®n fundamental para saber si sigue adelante la demanda interpuesta contra ¨¦l por Larsen en los tribunales brit¨¢nicos por presunto acoso, seguimientos ilegales y difamaci¨®n.

A finales de diciembre de 2020, la examante de Juan Carlos I relat¨® en su reclamaci¨®n de da?os el acoso que, siempre seg¨²n su versi¨®n, hab¨ªa sufrido directamente del rey em¨¦rito o de personas en su nombre, como el exdirector del CNI, F¨¦lix Sanz Rold¨¢n. Con la pretensi¨®n, seg¨²n Larsen, de recuperar los casi 65 millones de euros que le hab¨ªa transferido de manera ¡°irrevocable¡± en 2012, o de reanudar la relaci¨®n sentimental, la empresaria relata en una extensa demanda las supuestas amenazas, vigilancia electr¨®nica y seguimientos a los que ella y su equipo de asesores se vieron sometidos, as¨ª como las numerosas difamaciones que se vertieron contra ella. La consecuencia de todo eso, seg¨²n su escrito, es una ansiedad y una angustia que han necesitado de tratamiento m¨¦dico; el deterioro de las relaciones con sus hijos y familiares, y la p¨¦rdida de muchos de sus multimillonarios clientes.

Sir Daniel Bethlehem es el barrister que trabaja para el bufete internacional Clifford Chance, que lleva la representaci¨®n jur¨ªdica de Juan Carlos I. En el Reino Unido, el barrister, a diferencia del solicitor, es el abogado que puede comparecer en sala, y solo se especializa en argumentaci¨®n jur¨ªdica. El solicitor es el abogado todoterreno que indaga los hechos y trata con el cliente. En muchos casos, el barrister ni siquiera conoce a su defendido. Lo suyo es el mundo de los grandes conceptos jur¨ªdicos, de los argumentos que construyen y moldean el Derecho con may¨²sculas. Bethlehem se ha aferrado a la Ley de Inmunidad de Estado que el Reino Unido aprob¨® en 1978 para construir tres argumentos. En primer lugar, todo aquello de lo que Larsen acusa al rey em¨¦rito que tuvo lugar antes de junio de 2014, cuando se produjo su abdicaci¨®n, no puede ser llevado a los tribunales, porque se aplicaba entonces la inmunidad ratione personae (¡°por raz¨®n de la persona¡±). Es decir, en su condici¨®n de jefe de Estado, esa inmunidad acompa?a a la persona. Y una vez hubo renunciado a la Corona, seg¨²n ha defendido Bethlehem, tambi¨¦n qued¨® preservada, porque, en el alambicado dise?o constitucional espa?ol del que Juan Carlos I es piedra angular, ha recalcado el abogado, mantiene su condici¨®n de soberano y de miembro de la Casa Real. Precisamente las dos condiciones ¡ªsovereign y member of his household¡ª sobre las que se extiende la inmunidad de Estado de 1981.

Ah¨ª ha sido donde el juez Nicklin ha puesto en apuros al abogado. Se hab¨ªa estudiado el caso al detalle, y le ha interrumpido en varias ocasiones durante su exposici¨®n para recordarle que Juan Carlos I renunci¨® a su tarea de representaci¨®n y funci¨®n p¨²blica en mayo de 2019, y se desplaz¨® a residir a Abu Dabi, capital de los Emiratos ?rabes Unidos, en agosto de 2020. ¡°Me sentir¨ªa mucho m¨¢s c¨®modo si el Estado espa?ol pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la Familia Real. No me gustar¨ªa tener que entrar en un terreno de Derecho Constitucional espa?ol en el que no me siento a gusto¡±, reclamaba una y otra vez el magistrado. Suger¨ªa incluso la v¨ªa para obtener esa confirmaci¨®n: que fuera la ministra brit¨¢nica de Exteriores, Liz Truss, la que utilizara los canales diplom¨¢ticos adecuados para lograr esos datos. ¡°Me temo que, en general, la mayor¨ªa de los gobiernos son bastante reticentes a entrar en asuntos judiciales como este, por la cascada de conclusiones en que podr¨ªa derivar¡±, respond¨ªa Bethlehem al juez. El abogado le insist¨ªa una y otra vez en que utilizara, como puros hechos factuales, todas las leyes espa?olas, empezando por la Constituci¨®n, que establecen la especial relevancia de la figura de Juan Carlos I en la arquitectura jur¨ªdica de la democracia espa?ola contempor¨¢nea.

Si algo quedaba claro, en cualquier caso, para el observador de la vista judicial, era que la parte demandante ten¨ªa un tes¨®n fuera de lo com¨²n a la hora de impulsar su causa. En una sala rodeada de anaqueles jur¨ªdicos y maderas nobles, pero a la vez cortinas rasgadas, paredes con humedades y un fr¨ªo descorazonador ¡ªesa mezcla inglesa entre la pompa y la austeridad¡ª, Corinna Larsen, de 57 a?os, acompa?ada de una amiga, un s¨¦quito de relaciones p¨²blicas y el equipo jur¨ªdico del bufete Kobre and Kim, ha aguantado impert¨¦rrita casi seis horas de argumentaci¨®n jur¨ªdica densa y compleja, mientras revisaba los distintos documentos a los que alud¨ªan los abogados.

Mucho m¨¢s entusiasmada se ha mostrado Larsen cuando ha llegado el turno de James Lewis. Su capacidad dial¨¦ctica lograba cuestionar, con dosis de aparente sentido com¨²n, muchos de los argumentos contrarios. Nadie en su sano juicio piensa que Juan Carlos I siga siendo ¡°soberano¡±, mucho menos jefe de Estado: renunci¨® a todo ello cuando abdic¨®. Nadie piensa que dependa econ¨®micamente de su hijo Felipe VI, y ese es el verdadero sentido de la ley de 1981 cuando extiende su aplicaci¨®n a los ¡°familiares del Jefe del Estado¡±. Y nadie puede sostener, ha asegurado Lewis, que los actos de acoso u hostigamiento de los que le acusa Larsen los realizara bajo el manto de su funci¨®n p¨²blica, es decir, bajo la inmunidad ratione materiae. Es decir, argumentaba el abogado, por mucho que el director o los agentes del CNI cumplieran, presuntamente, ¨®rdenes del monarca, sus actos no quedaban amparados por la legalidad.

El precedente utilizado, el de la sentencia de los lores brit¨¢nicos sobre la extradici¨®n de Pinochet, a?ad¨ªa un tono t¨¦trico a la vista. ¡°Si un jefe de Estado mata su jardinero en un ataque de rabia, dif¨ªcilmente puede concebirse, ni siquiera estirando la imaginaci¨®n, que haya realizado ese acto en ejercicio de sus funciones de jefe de Estado¡±, escrib¨ªa entonces lord Styen en su voto particular. ¡°Maltratar o acosar a una mujer con la que el acusado tuvo una relaci¨®n sentimental es un asunto privado. Es casi rid¨ªculo sostener que el Estado espa?ol es el que cometi¨® esos actos¡±, ha dicho Lewis. Y por tanto, seg¨²n el abogado, no hay inmunidad que valga.

La vista preliminar proseguir¨¢ durante todo este martes. Y el juez Nicklin deber¨¢ decidir, a la mayor brevedad posible, si la batalla judicial que Larsen ha desatado contra el rey em¨¦rito en territorio ingl¨¦s tiene visos de llegar a alg¨²n lado.