?Es posible que Pedro S¨¢nchez no supiera que Pere Aragon¨¨s estaba siendo espiado?

¡°El Gobierno no ten¨ªa ning¨²n conocimiento¡±. Lo aseguraron fuentes de La Moncloa el jueves, cuando trascendi¨® que la directora general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, hab¨ªa confirmado en la comisi¨®n de secretos oficiales del Congreso el espionaje, con autorizaci¨®n judicial, al presidente catal¨¢n, Pere Aragon¨¨s, y otras 17 personas vinculadas al movimiento independentista. ¡°Ni el presidente ni el Gobierno saben ni quieren saber a qui¨¦n ha espiado el CNI¡±, a?adieron estas fuentes.

?Es posible que Pedro S¨¢nchez no estuviera informado de que el l¨ªder de ERC, uno de sus socios en el Congreso, estaba en el objetivo de los esp¨ªas espa?oles? ¡°No me lo creo¡±, responde contundente un exdirector del CNI. ¡°Es probable que no lo supiera¡±, discrepa otro. ¡°Depende¡±, zanja un tercero. Solo hay tres exdirectores en la historia del centro.

¡°El CNI¡±, explica el segundo de los consultados, ¡°eleva al Gobierno los informes que elaboran sus analistas y estos se nutren de or¨ªgenes diversos: fuentes abiertas o propias, humanas o tecnol¨®gicas¡±. ¡°El CNI no revela sus fuentes, como tampoco lo hac¨¦is los periodistas. Lo que hace es puntuar el grado de fiabilidad de cada una. Otra cosa es que, si en un informe se citaba a Pere Aragon¨¨s, lo que parece l¨®gico, ya que estaba siendo escuchado, alguien se preguntara de d¨®nde sal¨ªa el dato¡±, prosigue.

Esa es la norma general: no informar al Gobierno, a priori, de a qui¨¦n se esp¨ªa. Pero, cuando aparece un pol¨ªtico en el punto de mira, la cosa cambia. ¡°Yo me lo habr¨ªa pensado m¨¢s de dos veces antes de pedir la intervenci¨®n del tel¨¦fono de un cargo p¨²blico¡±, reconoce uno de los exdirectores. ¡°Y en caso de hacerlo¡±, a?ade, ¡°lo habr¨ªa puesto en conocimiento del Gobierno¡±. Otro antiguo responsable del CNI se?ala que eso depende de c¨®mo sea la relaci¨®n de confianza del jefe del centro con el presidente del Ejecutivo: ¡°No vas a ir corriendo, pero probablemente lo comentes en el pr¨®ximo despacho con ¨¦l¡±.

Salvo que, como puntualizaron las fuentes de La Moncloa esta semana, ni el presidente ni el Gobierno ¡°quieran saber¡± a qui¨¦n esp¨ªa el CNI. Con esa frase ¡ª¡±Ni sabemos ni queremos saber¡±¡ª trasladaban a la directora del servicio secreto la carga de asumir en soledad toda la responsabilidad de sus decisiones. No solo que sean legales, sino que resulten adecuadas y proporcionadas a sus consecuencias pol¨ªticas.

Lo ¨²nico que reconocen fuentes pr¨®ximas al servicio secreto es que, una vez sali¨® a la luz p¨²blica el 18 de abril el informe de Citizen Lab ¡ªel grupo de expertos en ciberseguridad de la universidad de Toronto (Canad¨¢) seg¨²n el cual los m¨®viles de 63 personas vinculadas al movimiento independentista fueron infectados con el programa Pegasus¡ª, la directora del CNI elev¨® informaci¨®n exhaustiva al Gobierno sobre la actuaci¨®n del centro.

El servicio secreto no es un verso libre, sino una prolongaci¨®n de los ojos y o¨ªdos del Gobierno. Su funci¨®n es suministrarle ¡°informaciones, an¨¢lisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresi¨®n contra la independencia o integridad territorial de Espa?a, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones¡±, seg¨²n su ley reguladora, de mayo de 2002.

No se trata solo de que sus actividades sean legales, sino que deben ce?irse a los objetivos que le marca el Gobierno. ¡°El CNI no puede investigar lo que le viene en gana. Debe dedicarse a lo que se le manda. Si en el curso de una investigaci¨®n encuentra algo que no es de su competencia, se lo traslada al ¨®rgano al que corresponda¡±, se?ala un exdirector.

Directiva de Inteligencia de 2019

Las ¨®rdenes del Gobierno al CNI figuran en un documento secreto llamado Directiva de Inteligencia. La aprueba el presidente del Ejecutivo, a propuesta de la Comisi¨®n Delegada para Asuntos de Inteligencia, uno de las cinco comisiones interministeriales.

La composici¨®n de la misma ha sufrido una tortuosa peripecia jur¨ªdica. El Gobierno la cambi¨® en febrero de 2020 para incluir al entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Como la lista de miembros ven¨ªa fijada en la propia ley del CNI, no parec¨ªa que un simple decreto pudiese cambiarla. As¨ª que, un mes despu¨¦s, el Gobierno incluy¨® la reforma en una disposici¨®n del decreto ley que declaraba el estado de alarma. El esc¨¢ndalo fue may¨²sculo. Se acus¨® a S¨¢nchez de aprovechar la pandemia para poner al l¨ªder de Podemos a los mandos del servicio secreto. Vox recurri¨® al Constitucional y, en mayo de 2021, este declar¨® inconstitucional la disposici¨®n, alegando que no se daban las razones de urgente necesidad que justifican hacer un cambio de ese tipo por decreto ley. Finalmente, en julio de 2021, tras remodelarse el Gobierno, un nuevo decreto puso al frente de la comisi¨®n a la vicepresidenta primera, Nadia Calvi?o, e incorpor¨® a la segunda, Yolanda D¨ªaz. Vox no recurri¨®.

Lo cierto es que la Comisi¨®n de Asuntos de Inteligencia nunca se reuni¨® mientras Iglesias formaba parte de la misma, y la directiva actualmente en vigor, aunque deber¨ªa aprobarse una nueva cada a?o, data de marzo de 2019, antes de que se constituyera el Gobierno de coalici¨®n PSOE-Unidas Podemos. En esa ¨¦poca, los l¨ªderes del proc¨¦s estaban siendo juzgados en el Supremo y el presidente de la Generalitat catalana era Quim Torra.

En esa directiva se ordenaba al CNI evitar un nuevo desaf¨ªo como el que, en octubre de 2017, condujo al refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n y la declaraci¨®n de independencia del Parlament. Paz Esteban puede alegar por tanto, seg¨²n fuentes del centro, que ha seguido las instrucciones recibidas del Gobierno y que lo ha hecho cumpliendo la ley. Pero eso no garantiza que vaya a seguir en el cargo.

La directora del servicio secreto es ¡°el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil¡±, en palabras de uno de sus antecesores, si el Gobierno quiere satisfacer a sus socios parlamentarios y asumir responsabilidades pol¨ªticas por el caso Pegasus. Forma parte del escal¨®n superior de la Administraci¨®n, el nivel pol¨ªtico, pues tiene categor¨ªa de secretaria de Estado. En la pr¨¢ctica, es una funcionaria del servicio secreto pr¨®xima a la jubilaci¨®n, sin adscripci¨®n partidista. Si fuera cesada o dimitiera, seguir¨ªa probablemente en el CNI como asesora de la direcci¨®n.

No obstante, el relevo tiene contraindicaciones: se dar¨ªa el mensaje de que el centro ha actuado mal, sin que nadie haya explicado cu¨¢l ha sido su fallo. Aunque desde La Moncloa se atribuy¨® al Centro Criptol¨®gico Nacional, dependiente del CNI, la responsabilidad de que el m¨®vil del presidente hubiera sido infectado con Pegasus, luego dio marcha atr¨¢s y se admiti¨® que la responsabilidad era ¡°compartida¡±. Adem¨¢s, el hecho de que Esteban sea una agente del CNI, con 39 a?os de carrera, hace que los esp¨ªas espa?oles la vean como a uno de los suyos y su cese no se reciba igual que si se tratara de alguien ajeno a la casa.

ERC tambi¨¦n ha pedido que se desclasifique la documentaci¨®n sobre el espionaje a Pere Aragon¨¨s y esto abre otro frente: someter a escrutinio p¨²blico la labor de los dos magistrados del Supremo (titular y suplente) que autorizan las escuchas del servicio secreto. No solo se debatir¨ªa cu¨¢ndo se autorizaron las escuchas (si fue, por ejemplo, en octubre de 2019, en plenos disturbios por la sentencia del proc¨¦s; o en enero de 2020, mientras se negociaba la investidura de S¨¢nchez), sino si estaban suficientemente argumentadas y controladas como exige la ley.