El Constitucional se prepara para bloquear la renovaci¨®n que planea el Gobierno

El Constitucional se prepara para bloquear la intenci¨®n del Gobierno de nombrar a dos de los magistrados del alto tribunal sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial pueda escoger a los dos que le corresponde designar en la pr¨®xima renovaci¨®n del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna. El 12 de junio expira el mandato de cuatro de los 12 miembros del Constitucional, cuya renovaci¨®n corresponde al Ejecutivo (dos) y al ¨®rgano de gobierno de los jueces (otros dos). Impedir esta renovaci¨®n prorrogar¨ªa la mayor¨ªa conservadora del alto tribunal.

La Constituci¨®n establece que los mag...

El Constitucional se prepara para bloquear la intenci¨®n del Gobierno de nombrar a dos de los magistrados del alto tribunal sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial pueda escoger a los dos que le corresponde designar en la pr¨®xima renovaci¨®n del m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna. El 12 de junio expira el mandato de cuatro de los 12 miembros del Constitucional, cuya renovaci¨®n corresponde al Ejecutivo (dos) y al ¨®rgano de gobierno de los jueces (otros dos). Impedir esta renovaci¨®n prorrogar¨ªa la mayor¨ªa conservadora del alto tribunal.

La Constituci¨®n establece que los magistrados se renuevan por tercios (cuatro magistrados) cada tres a?os. Los cuatro magistrados que seg¨²n la Carta Magna le corresponden al Congreso fueron renovados el 17 de noviembre. Antes, en marzo de 2017, ingresaron los cuatro magistrados propuestos por el Senado. El 12 de junio ha de renovarse el tercio correspondiente al Gobierno (dos) y al Consejo del Poder Judicial (dos). Sin embargo, el hecho de que el ¨®rgano de gobierno de los jueces tenga prohibido por ley desde marzo de 2021 hacer nombramientos estando en funciones ¡ªsituaci¨®n que arrastra desde diciembre de 2018¡ª complica que este tercio pueda renovarse ¨ªntegro en la forma que establece la Constituci¨®n.

La renovaci¨®n, de llevarse a t¨¦rmino, es muy relevante porque el sector conservador perder¨ªa la mayor¨ªa absoluta, dado que tres de los cuatro nuevos magistrados le corresponder¨ªan al sector progresista. Y esto ocurre en el momento en que el tribunal de garant¨ªas tiene que pronunciarse sobre cuatro leyes relevantes desde el punto de vista ideol¨®gico: la ley de plazos del aborto (pendiente desde hace 12 a?os), la ley de la eutanasia, la llamada ley Cel¨¢a, de Educaci¨®n, y la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impide a este ¨®rgano efectuar nombramientos discrecionales estando en funciones, la norma que est¨¢ en el fondo de esta pol¨¦mica.

El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez est¨¢ dispuesto a designar a sus dos magistrados en cuanto se celebren las elecciones andaluzas, el 19 de junio. Nunca antes en la historia del Constitucional se hab¨ªa dado un caso igual, en que el Gobierno no puede nombrar a los dos magistrados de su cupo porque el Consejo General del Poder Judicial est¨¢ incapacitado legalmente para nombrar el suyo. Este enredo jur¨ªdico ¡ªla posibilidad de efectuar una renovaci¨®n parcial de los magistrados¡ª deber¨¢ ser resuelto por el propio Tribunal Constitucional.

La respuesta a esa decisi¨®n del Gobierno, seg¨²n magistrados del Constitucional, podr¨ªa ser la convocatoria de un pleno del ¨®rgano de garant¨ªas, dominado por el sector conservador, que impidiera el acceso de los nuevos magistrados y bloqueara de nuevo la renovaci¨®n, como lleva haciendo tres a?os el PP en el Consejo General del Poder Judicial.

¡®Pax trevijana¡¯

El presidente del Constitucional, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, hab¨ªa prometido un per¨ªodo de pax romana ¡ªo pax trevijana, como la llaman algunos magistrados¡ª, que hasta ahora se ha ido cumpliendo. Desde la ¨²ltima renovaci¨®n, en noviembre, han pasado siete meses de relativa tranquilidad, centrados en cerrar los recursos contra la sentencia del proc¨¦s. En eso hab¨ªa pocos riesgos. Estaban aseguradas la unanimidad o las mayor¨ªas. Pero una vez vaciado ese caj¨®n hab¨ªa que abordar otros asuntos y sobre ellos han vuelto a aparecer las grietas de la divisi¨®n.

Los conservadores y los progresistas procuran no andar a la gre?a, como hace un a?o en que la primera sentencia contra el estado de alarma para combatir la pandemia, que anulaba el confinamiento domiciliario, estuvo a punto de bloquear la labor del Constitucional. Ahora prima la diplomacia. Se debate todo a fondo, y cuesta obtener concesiones. As¨ª, las ¨²ltimas sentencias se han resuelto por siete votos a cuatro u ocho votos a tres.

Nadie tiene certezas sobre c¨®mo acabar¨ªa el pulso entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional de mayor¨ªa conservadora y con un tercio del pleno caducado. No hay una opini¨®n un¨¢nime sobre la legalidad de las designaciones del Gobierno, si no se hacen al mismo tiempo que las dos que deber¨ªa llevar a cabo el Consejo General del Poder Judicial.

La ley del Tribunal Constitucional considera preceptivo que los magistrados se re¨²nan en sesi¨®n plenaria para dar el pl¨¢cet a las nuevas incorporaciones. En principio, es un tr¨¢mite. Se trata de comprobar que los nombrados son juristas, y de verificar la acreditaci¨®n de su solvencia, a tenor de su titulaci¨®n y trayectoria. Pero tanto conservadores como progresistas admiten que en este caso se plantear¨ªa examinar algo m¨¢s, y es si se cumple el requisito de que llegan de acuerdo con la previsi¨®n constitucional de que cada renovaci¨®n del tribunal se efectuar¨¢ por tercios.

Para el sector conservador, esto implica que los nuevos magistrados que se hallaran a las puertas del tribunal deber¨ªan ser cuatro, y no solo dos, los propuestos por el Gobierno, que deber¨ªa esperar a que el Consejo del Poder Judicial pudiera designar a los otros dos. Cabr¨ªa la posibilidad de que el propio Constitucional considerara que su renovaci¨®n, as¨ª planteada, no es v¨¢lida.

De momento, no se ha preparado una estrategia de resistencia ante esa posibilidad, pero hay voces, que hablan cada vez m¨¢s alto y m¨¢s claro, que defienden la necesidad de plantarse ante ese intento del Gobierno de forzar la renovaci¨®n y que para ello habr¨ªa que negarse a dar v¨ªa libre a las nuevas incorporaciones. Con esa decisi¨®n se bloquear¨ªa la renovaci¨®n del Constitucional, que seguir¨ªa dictando sentencias sobre leyes muy importantes con una mayor¨ªa absoluta conservadora y caducada.

Fuentes del sector progresista se?alan que, llegado este caso, lo primero que habr¨ªa que decidir es qui¨¦n compone el pleno. Es decir, si el Gobierno nombra a dos magistrados, que tendr¨ªan que sustituir al propio Gonz¨¢lez-Trevijano, y al magistrado Antonio Narv¨¢ez ¡ªambos conservadores, designados por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy¡ª, lo primero que habr¨ªa que decidir es si los salientes deben abandonar el pleno, puesto que ya tienen sustitutos, y, por tanto, no participar en la decisi¨®n de conceder o no v¨ªa libre a los entrantes. Eso dejar¨ªa un pleno de cinco magistrados progresistas frente a cinco conservadores, aunque un miembro de este bloque no asiste desde hace meses por enfermedad.

Se plantea incluso la pregunta de si el Gobierno podr¨ªa recusar a Trevijano y Narv¨¢ez para dicha deliberaci¨®n, aunque ese pleno no fuera estrictamente un acto procesal. Todos, conservadores y progresistas del tribunal, dicen que no querr¨ªan verse inmersos en esa situaci¨®n, porque supondr¨ªa una grav¨ªsima crisis institucional.

El sector conservador entiende que dicha crisis responder¨ªa a un intento del Gobierno de forzar la entrada de sus dos designados para la instituci¨®n por la puerta falsa. Y en medios de los progresistas se replica que el verdadero abuso se viene dando desde hace a?os, con el bloqueo por parte del PP de la renovaci¨®n del Consejo del Poder Judicial, ya que no puede efectuar nombramientos en los m¨¢ximos ¨®rganos de la c¨²pula.

La soluci¨®n jur¨ªdica podr¨ªa llegar de la mano del propio Constitucional, si resuelve pronto los recursos presentados por el PP y Vox contra la prohibici¨®n de hacer nombramientos por un Consejo del Poder Judicial con el mandato caducado. Una sentencia que declarara inconstitucional esa reforma legal y devolviera la competencia de hacer nombramientos al Consejo significar¨ªa una derrota para el PSOE, que impuls¨® dicha reforma, pero al mismo tiempo le despejar¨ªa al Gobierno el camino para resolver el problema de la renovaci¨®n del Constitucional. Los ponentes de estos fallos son los magistrados del bloque progresista Mar¨ªa Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. De momento, no existe un proyecto de sentencia sobre estos recursos.