El derecho al aborto en Espa?a: ?C¨®mo se regula? ?Qu¨¦ obst¨¢culos tiene su aplicaci¨®n?

Este martes 28 de septiembre se celebra el D¨ªa Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. En Espa?a, llega este a?o en medio de un intenso debate sobre c¨®mo se aplica la ley del aborto m¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s de su aprobaci¨®n. El Gobierno prepara una revisi¨®n de la norma, cuyo proceso abre este martes a consulta p¨²blica. Estas son las principales preguntas y respuestas sobre c¨®mo se garantiza este derecho:

?C¨®mo est¨¢ regulado el aborto en Espa?a? Cualquier mujer mayor de 18 a?os puede interrumpir por su propia voluntad un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestaci¨®n. As¨ª lo recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo ¡ªm¨¢s conocida como ley del aborto¡ª, aprobaba en 2010. Se trata de una ley de plazos que sustituy¨® a la anterior, de 1985, que permit¨ªa abortar a las mujeres en tres supuestos: riesgo grave para la salud f¨ªsica o mental de la mujer embarazada, violaci¨®n o malformaciones o taras, f¨ªsicas o ps¨ªquicas, en el feto.

?Se puede abortar legalmente transcurridas las primeras 14 semanas de gestaci¨®n? Hasta la semana 21 de embarazo se puede practicar lo que se conoce como aborto terap¨¦utico, una interrupci¨®n voluntaria del embarazo (IVE) por causas m¨¦dicas. Se permitir¨¢ ¡°siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y as¨ª conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervenci¨®n por un m¨¦dico o m¨¦dica especialista distinto del que la practique o dirija¡±, recoge la ley, que tambi¨¦n se?ala que en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podr¨¢ prescindirse del dictamen. Tras las primeras 22 semanas de gestaci¨®n se podr¨¢ practicar cuando se detecten anomal¨ªas fetales incompatibles con la vida o se le detecte una enfermedad ¡°extremadamente grave o incurable¡±, hecho que tambi¨¦n tendr¨¢ que constatar un dictamen m¨¦dico.

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?Cu¨¢ntos abortos se practican al a?o en Espa?a? A lo largo de 2019 se practicaron 99.149 abortos, 3.232 m¨¢s que en 2018, seg¨²n el ¨²ltimo informe anual elaborado por el Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo. La cifra es similar a la de a?os anteriores. La mayor parte de los abortos (70,97%) se realizan en las primeras ocho semanas de gestaci¨®n y el 23,63%, entre la novena y la decimocuarta semana.

?D¨®nde se practican los abortos en Espa?a? Solo el 6,20% del total de abortos, seg¨²n los datos del Ministerio de Sanidad, se practicaron en hospitales p¨²blicos y otro 8,12% en centros especializados de la red p¨²blica. La mayor¨ªa (casi el 86%) se realizan en centros extrahospitalarios, principalmente en la red existente de cl¨ªnicas privadas concertadas con el sistema p¨²blico. Esa es una de las anomal¨ªas en la cobertura de esta prestaci¨®n sanitaria. La ley recoge que si ¡°excepcionalmente el servicio p¨²blico de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestaci¨®n, las autoridades sanitarias reconocer¨¢n a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado¡±. Pero esa excepci¨®n se ha convertido en norma. La mayor¨ªa de las mujeres que quieren abortar son derivadas a cl¨ªnicas privadas concertadas, entre otros motivos, porque en la red p¨²blica los profesionales se acogen a la objeci¨®n de conciencia.

?Qu¨¦ es la objeci¨®n de conciencia? La ley del aborto de 2010 recoge que los profesionales sanitarios ¡°directamente implicados¡± en una IVE tienen derecho a la objeci¨®n de conciencia, es decir, a negarse a practicarlas, ¡°sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestaci¨®n puedan resultar menoscabadas¡°. El rechazo, prosigue la ley, ¡°es una decisi¨®n siempre individual¡± que debe manifestarse ¡°anticipadamente y por escrito¡±. Sin embargo, tras m¨¢s de una d¨¦cada de normativa no hay regulaci¨®n ni registros de qui¨¦nes ejercen la objeci¨®n de conciencia. El Ministerio de Igualdad acaba de anunciar que, dentro de la reforma de la ley del aborto en la que est¨¢ trabajando, quiere impulsar un registro de objetores de conciencia similar al previsto en la ley de eutanasia, que recoge la creaci¨®n de estos listados que luego deben elaborar las comunidades aut¨®nomas.

El presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, Federico De Montalvo, explicaba recientemente en esta informaci¨®n de EL PA?S que existe ¡°un problema de fondo¡± con la objeci¨®n y los registros. El Tribunal Constitucional considera como un derecho fundamental la objeci¨®n ¡°cuando deriva de un imperativo moral vinculado a la vida como son el aborto y la eutanasia¡±. Es decir, el Estado est¨¢ obligado a garantizar que cualquier mujer pueda acceder a una IVE, pero tambi¨¦n que un m¨¦dico pueda objetar. Montalvo explicaba que la ¨²nica comunidad que tiene un registro de objetores es Navarra. El listado ¡°acab¨® en los tribunales y el Constitucional se?al¨® que se admit¨ªa el registro para garantizar la prestaci¨®n, pero a?adi¨® a su vez que ese registro no pod¨ªa servir para discriminar a un m¨¦dico¡±. Es decir, no se puede organizar una plantilla en funci¨®n de los objetores, se?ala el presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica, lo que de facto dificulta que todos los hospitales dispongan de m¨¦dicos que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo. Los efectos de la falta de registro y control de la objeci¨®n son patentes. Existen comunidades aut¨®nomas ¡ªExtremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Arag¨®n y las ciudades de Ceuta y Melilla¡ª en las que se derivan siempre a cl¨ªnicas privadas concertadas con la sanidad p¨²blica, en algunos casos a cientos de kil¨®metros del hogar de las embarazadas.

?Est¨¢ garantizada la misma atenci¨®n en todo el territorio nacional? La ley recoge que debe ser as¨ª: ¡°Se garantizar¨¢ a todas las mujeres por igual el acceso a la prestaci¨®n con independencia del lugar donde residan¡±. Pero la realidad es que no es as¨ª. En un reciente art¨ªculo, Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociaci¨®n de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalu?a, explicaba que las dificultades principales para garantizar esa cobertura igual en todas partes son, adem¨¢s de la falta de regulaci¨®n de la objeci¨®n de conciencia, ¡°la desigualdad territorial para acceder a un aborto, la dejadez general para dar informaci¨®n p¨²blica sobre el aborto, el desprestigio de los profesionales sanitarios que practican IVE dentro de la clase m¨¦dica¡±. Igualdad recoge en el documento de la consulta p¨²blica que hasta ocho provincias no han practicado ni un solo aborto entre 1988 y 2018, seg¨²n datos de los informes anuales de Sanidad. Este art¨ªculo de Newtral detallaba cu¨¢les son esas provincias: ?vila, Palencia, Segovia, Zamora (Castilla y Le¨®n); Cuenca, Toledo (Castilla La Mancha), C¨¢ceres (Extremadura) y Teruel (Arag¨®n).

?Se prev¨¦ alg¨²n cambio de la ley? El Ministerio de Igualdad trabaja en un borrador de una nueva ley, que espera tener en diciembre. Ya en verano, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunci¨® que ¡°la ley del aborto necesita una reforma¡±. El objetivo principal es garantizar que cualquier mujer pueda acudir ¡°a un hospital p¨²blico y cercano a su domicilio¡± para acceder a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Montero dijo que es ¡°imprescindible regular la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos¡± porque ¡°el derecho de los m¨¦dicos a la objeci¨®n de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres¡±. Tambi¨¦n prev¨¦n eliminar los tres d¨ªas de reflexi¨®n a los que obliga la actual ley y retirar la necesidad del permiso de los representantes legales para las menores de 16 y 17 a?os. En la consulta p¨²blica que abre este martes Igualdad, se?ala adem¨¢s la necesidad de promover la formaci¨®n de los profesionales sanitarios y garantizar la educaci¨®n sexual, entre otras.