El bloqueo del PP empuja la justicia al precipicio
El Poder Judicial encara una semana clave: Lesmes formaliza este lunes su dimisi¨®n, los vocales conservadores siguen resisti¨¦ndose a renovar el Constitucional y la par¨¢lisis amenaza la Sala Social del Supremo
Un veterano magistrado con mando en el Tribunal Supremo vaticina algo as¨ª como el apocalipsis judicial en Espa?a: ¡°Lo que viene es mucho peor de lo que hay. Si nadie lo impide en las pr¨®ximas horas, viviremos una de las crisis m¨¢s graves sin saber ad¨®nde puede conducir¡±, dice. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cuatro a?os con el mandato caducado y uno sin poder realizar nombramientos en altos cargos de la judicatura; tiene dos vacantes en su seno por jubilaci¨®n y fallecimiento, una mayor¨ªa absoluta conservadora (11 a 7) que corresponde a la ¨²ltima legislatura del PP y un complicad¨ªsimo futuro inmediato: Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, ha confirmado que este lunes formalizar¨¢ su dimisi¨®n; el pr¨®ximo jueves el Consejo se enfrenta a un pleno extraordinario para intentar cumplir, con un mes de retraso, la ley que le emplaza a designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y de fondo est¨¢ la amenaza de colapso en varias salas del Supremo por la imposibilidad de cubrir vacantes.
A 72 horas de que se celebre ese pleno, una parte mayoritaria del bloque de vocales conservadores del Consejo que eligi¨® en su d¨ªa el PP se niega a negociar los nuevos nombramientos del Constitucional. ¡°La presi¨®n del PP para evitar esos nombramientos est¨¢ siendo terrible¡±, sostiene un vocal progresista. La renovaci¨®n del Constitucional ¡ªcon los dos vocales que corresponden al Consejo y los dos, tambi¨¦n pendientes, que corresponden al Gobierno¡ª dar¨¢ lugar a un cambio en la relaci¨®n de fuerzas de ese tribunal: de la actual mayor¨ªa de magistrados conservadores se pasar¨¢ a otra de progresistas.
Ocho vocales conservadores ¡ªde los 11 que eligi¨® en su d¨ªa el PP¡ª han ofrecido durante las ¨²ltimas semanas un variado cat¨¢logo de excusas para bloquear los nombramientos del Tribunal Constitucional. Desde que no encuentran a magistrados del Supremo (entre los m¨¢s de 40 que fueron elegidos en su d¨ªa por el Poder Judicial con el apoyo de los conservadores) dispuestos a asumir uno de los puestos m¨¢s codiciados por la carrera judicial, hasta que hay que esperar a conocer el resultado de la mediaci¨®n del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a sabiendas de que sus ¨²ltimas gestiones, durante una visita a Espa?a, fueron infructuosas y molestaron especialmente al Gobierno de Pedro S¨¢nchez. Tambi¨¦n exige ese bloque de vocales conservadores que no se decida nada hasta que no se renueve el CGPJ, una renovaci¨®n que el PP bloquea a su vez con sucesivas condiciones que el Gobierno considera inasumibles.
Par¨¢lisis en los nombramientos
Hay otro frente de par¨¢lisis cada vez m¨¢s grave: la reforma legal que impuls¨® el Gobierno de Pedro S¨¢nchez en 2021 y que impide al CGPJ, mientras est¨¦ con el mandato caducado, seguir eligiendo a los altos cargos de la judicatura, causa ya enormes problemas de funcionamiento en distintos tribunales. El PSOE lanz¨® esa reforma para meter presi¨®n a los populares e intentar que as¨ª desbloquearan la renovaci¨®n del Consejo, pero el desbloqueo no se ha producido y la consecuencia ha sido otra: la par¨¢lisis en los nombramientos, que deriva en serios problemas para la administraci¨®n de justicia. Desde que la ley entr¨® en vigor hay 77 plazas del Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales pendientes de renovaci¨®n, seg¨²n datos del CGPJ. Y aunque en 43 casos el puesto sigue cubierto en funciones, en otros no es posible, como las 17 plazas del Supremo que han quedado vacantes por el fallecimiento o la jubilaci¨®n de sus titulares. Esta situaci¨®n, que nadie es capaz de aventurar cu¨¢ndo se va a resolver, provoca graves problemas de funcionamiento.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que decide sobre permisos laborales, subidas salariales, efectividad de los convenios, incapacidades permanentes o complementos de maternidad y paternidad, entrar¨¢ este mes en una situaci¨®n l¨ªmite para sacar adelante las sentencias, seg¨²n fuentes del tribunal. Ha perdido en este tiempo a dos de sus 12 magistrados, que no han podido ser sustituidos por el veto legal vigente. Pero en las dos pr¨®ximas semanas perder¨¢ a otros dos: la presidenta, Mar¨ªa Luisa Segoviano (24 de octubre), y el magistrado Ricardo Bodas (14 de octubre), de manera que se quedar¨¢ solo con ocho magistrados para las dos salas donde se deliberan los distintos asuntos, que se deben constituir con cinco magistrados cada una. De esta manera, se complicar¨¢ mucho el funcionamiento normal de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Con todos estos frentes abiertos y sin soluci¨®n a la vista ¡ªel bloqueo en el Consejo, el retraso en la renovaci¨®n del Constitucional, la par¨¢lisis del Supremo por la imposibilidad de cubrir vacantes¡ª la justicia se acerca al precipicio tras cuatro a?os de incumplimiento de las reglas del juego por parte del PP, que se niega a renovar el CGPJ con todo tipo de excusas, entre ellas la necesidad de modificar por ley el sistema de elecci¨®n de los 12 vocales jueces, algo que el partido conservador prometi¨® en 2011 y no hizo durante los siete a?os en los que gobern¨®.
Aunque el PP intent¨® la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial en 2018, cuando tocaba ¡ªacord¨® todos los nombres con el PSOE, incluyendo el de futuro presidente del organismo¡ª, la operaci¨®n se frustr¨® al hacerse p¨²blicas las intenciones de los conservadores: la prensa public¨® un wasap que circulaba entre los parlamentarios del PP justificando el acuerdo para renovar en que as¨ª ellos podr¨ªan controlar ¡°por la puerta de atr¨¢s¡± la Sala de lo Penal del Supremo a trav¨¦s del futuro presidente del Consejo, el magistrado Manuel Marchena. Este renunci¨® ipso facto a ese futuro cargo al sentirse manipulado por el PP. Desde entonces se mantiene un bloqueo que ha derivado con el paso del tiempo en una cadena de problemas en el funcionamiento de la administraci¨®n de justicia.
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