La interinidad post Lesmes del Poder Judicial: una soluci¨®n de emergencia abocada a eternizarse
Los vocales del CGPJ rechazan una dimisi¨®n en bloque y asumen que seguir¨¢n en funciones, mientras magistrados del Supremo reclaman un plan b
Varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuentan que el jueves, antes o despu¨¦s del pleno, estuvieron recogiendo cosas de su despacho o despidi¨¦ndose de letrados y trabajadores con los que hab¨ªan colaborado estos nueve a?os. ¡°Esta vez s¨ª me lo he llegado a creer¡±, admite un consejero progresista. Desde que el jueves por la noche se conoci¨® la voladura del acuerdo entre PSOE y PP que todos daban por hecho, las sensaciones en el Tribunal Supremo y el Consejo fueron pasando de la sorpresa inicial, a la desolaci¨®n y a la indignaci¨®n. Ya a lo largo del viernes, algunos admit¨ªan haber entrado en la fase de aceptaci¨®n.
Magistrados y vocales asumen que el pacto entre los partidos puede ser imposible hasta que pasen las elecciones generales previstas para finales de 2023 y se constituya un nuevo Parlamento, lo que puede implicar dos a?os m¨¢s de precariedad. ?Es viable mantener esta situaci¨®n? En el ¨®rgano de gobierno de los jueces, la mayor¨ªa, tanto en el grupo progresista como en el conservador, considera que no es lo ¡°deseable¡± ni lo ¡°previsto¡±, pero que, si hay que hacerlo, se har¨¢. ¡°La gente est¨¢ en shock, pero la idea es asumir lo que hay. Tenemos trabajo por delante. Lo primero, los nombramientos del Constitucional, pero tambi¨¦n informes importantes sobre reformas legales, como la del aborto o la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal¡±, afirma otro vocal del grupo progresista.
Un consejero conservador apunta con cierta naturalidad a ¡°un periodo prolongado¡± de interinidad a?adida cuya duraci¨®n puede variar en funci¨®n del resultado de las pr¨®ximas elecciones generales. ¡°Si no hay vuelco electoral y sigue gobernando el PSOE, calculo un a?o y algo. Si hay vuelco, el PP probablemente quiera cambiar la ley antes de renovar y nos pidan esperar m¨¢s. En ese escenario, calculo dos a?os¡±.
La dimisi¨®n, colectiva o individual, no es una opci¨®n para la mayor¨ªa de los vocales. El pleno est¨¢ formado ahora por 18 miembros y el qu¨®rum m¨ªnimo para que pueda seguir funcionando es de 10, por lo que tendr¨ªan que renunciar nueve para bloquear la instituci¨®n. Y nadie piensa que eso vaya a pasar. Saben que van a recibir presiones en ese sentido, pero aseguran que no les afectan. ¡°Llevamos cuatro a?os as¨ª. Yo hago mi trabajo¡±, advierte un vocal conservador. La asociaci¨®n progresista Juezas y Jueces para la Democracia reclama desde hace tiempo la renuncia de todo el pleno, pero ni siquiera los consejeros que entraron en el ¨®rgano en 2013 avalados por esta asociaci¨®n se sienten concernidos. ¡°Vamos a tener presiones, todas. Pero no contemplo la dimisi¨®n¡±, se?ala uno de estos vocales. Solo un vocal de los seis consultados espec¨ªficamente por este asunto abre la puerta a dimitir si la situaci¨®n se estanca.
Rafael Mozo se jubila en julio
La crisis que abri¨® en la instituci¨®n la dimisi¨®n de Lesmes se cerr¨® con la designaci¨®n del vocal de m¨¢s edad, el progresista Rafael Mozo, como presidente suplente. Los miembros del ¨®rgano admiten que era una soluci¨®n pensada para corto plazo, pero no ven problema en que se alargue. Mozo, no obstante, se jubila en julio, y si para entonces no hay renovaci¨®n el puesto le corresponder¨ªa a Vicente Guilarte, del bloque conservador. ¡°Y si viene la Sala Tercera y nos dice que el presidente debe ser Francisco Mar¨ªn Cast¨¢n, ser¨¢ ¨¦l. A la gente tampoco le va la vida en esto, no vamos a hacer una guerra¡±, afirma un vocal en referencia al recurso presentado contra la elecci¨®n de Mozo, pendiente de resolver por el Supremo.
El panorama se ve mucho m¨¢s apocal¨ªptico desde la acera de enfrente, donde se ubica la sede del alto tribunal. ¡°La situaci¨®n es horrorosa, casi dist¨®pica¡±, afirma un magistrado que reparte culpas entre el PP y el PSOE. ¡°Sostener que solo hay un culpable es desenfocar el an¨¢lisis. Lo que ha hecho el PP es imperdonable, pero lo que ha hecho el PSOE de privar a un ¨®rgano del Estado de la capacidad de ejercer el n¨²cleo de su funci¨®n es inasumible¡±, afirma este juez en referencia a la ley que impide al actual CGPJ nombrar cargos discrecionales y que est¨¢ afectando ya muy seriamente al funcionamiento del tribunal. Varios jueces consultados no comparten el reparto salom¨®nico de responsabilidades y se?alan al PP. ¡°No puedes supeditar el cumplimiento de la Constituci¨®n a la acci¨®n de Gobierno. Es algo elemental¡±, advierte un magistrado.
En lo que todos coinciden es en la preocupaci¨®n por el futuro inmediato del tribunal. Mientras los miembros del CGPJ se ven capaces de transitar dos a?os m¨¢s de interinidad, los magistrados del Supremo consideran ¡°inviable¡± aguantar ese tiempo, en el que las vacantes se contar¨ªan ya por decenas. ¡°El Gobierno tiene que pensar un plan b. Y los planes b son todos malos¡±, admite un magistrado.
Las posibles salidas se buscan en dos v¨ªas. La primera, opciones que puedan precipitar la renovaci¨®n del CGPJ, descartado el pacto entre PSOE y PP. Que el Gobierno desempolve la propuesta de ley que rebajaba la mayor¨ªa necesaria para renovar el ¨®rgano es rechazada por el ala m¨¢s conservadora de la judicatura y tampoco gusta entre los progresistas. ¡°Es la ¨²ltima opci¨®n que habr¨ªa que plantearse¡±, afirma un juez del Supremo. Otra posibilidad es que el PSOE presente en el Congreso y el Senado la lista de vocales y suplentes que ya ten¨ªa cerrada con el PP para el acuerdo que se frustr¨® el jueves. As¨ª, podr¨ªa obligar a debatir el asunto en el Parlamento e incluso obligar¨ªa a los populares a votar en contra de sus propios candidatos. Pero esta iniciativa tiene un escollo: los aspirantes del turno de juristas deben comparecer ante las C¨¢maras y es previsible que, al menos los propuestos por el PP, se negaran a participar en una votaci¨®n abocada al fracaso y en contra del partido que les propuso.
Es muy grave que la oposici¨®n no solo incumpla la Constituci¨®n, sino que, adem¨¢s, deslegitime al Gobierno que ha salido de las urnas¡±Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional
Juristas consultados tampoco son partidarios de impulsar ahora reformas legales que permitan revertir la situaci¨®n. ¡°No veo m¨¢s salida que confiar en la voluntad pol¨ªtica¡±, afirma Ana Aba Catoira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coru?a, que s¨ª ve necesario garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Apuesta, como muchos jueces del Supremo, por reformar la ley para que los vocales del CGPJ cesen de forma autom¨¢tica cuando se cumplan los cinco a?os de mandato. ?Podr¨ªa aprobarse esta reforma por la v¨ªa de urgencia y aplicarse al actual Consejo? ¡°Lo veo complicado, las leyes no se aplican retroactivamente¡±, advierte, aunque admite que, llegados a este punto de bloqueo, es dif¨ªcil asumir quedarse de brazos cruzados. ¡°Es muy grave que la oposici¨®n no solo incumpla la Constituci¨®n, sino que, adem¨¢s, deslegitime al Gobierno que ha salido de las urnas¡±, afirma.
El constitucionalista Miguel Presno, de la Universidad de Oviedo, aboga tambi¨¦n por esta reforma, pero da prioridad a cambiar el sistema de elecci¨®n. ¡°Todos los problemas derivan del hecho de que la selecci¨®n de sus miembros se lleva a cabo de acuerdo con afinidades ideol¨®gicas, pero tambi¨¦n porque las personas elegidas asumen como propio el acuerdo tomado en sede pol¨ªtica, es decir, aceptan ser dominadas. El problema no es tanto, o no es solo, qui¨¦n [Parlamento, integrantes de la carrera judicial¡] lo asume, sino c¨®mo lo hace y a qu¨¦ personas se nombra¡±, se?ala.
Si no se encuentra salida para forzar la renovaci¨®n del CGPJ, los juristas y los jueces coinciden en que hay que buscarla para paliar el da?o que el bloqueo est¨¢ ocasionando, sobre todo, en el Supremo. Magistrados y vocales dan por hecho que se tendr¨¢n que estudiar en los pr¨®ximos meses medidas como designar jueces suplentes en el alto tribunal, comisiones de servicio o reforzar el gabinete t¨¦cnico, pero todas ellas requieren que el Ministerio de Justicia lo dote presupuestariamente. Ya hay activo un plan de choque para el alto tribunal, y el CGPJ y el departamento de Pilar Llop se re¨²nen semestralmente para reevaluarlo.
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