El Poder Judicial retomar¨¢ la negociaci¨®n para nombrar dos magistrados del Constitucional tras el portazo del PP a la renovaci¨®n del Consejo

La ruptura por parte del PP de un pacto que en el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Constitucional ya daban por hecho, ha dejado a los miembros de estos tres ¨®rganos en shock. En el alto tribunal y el ¨®rgano de gobierno de los jueces intentaban ya este viernes hacerse a la idea de que pueden quedar por delante m¨¢s de dos a?os de una situaci¨®n que unos y otros consideran ¡°insostenible¡±, por lo que asumen que hay que buscar f¨®rmulas para revertir sus consecuencias, especialmente en el Supremo, donde ya est¨¢n vacantes 16 de sus 79 plazas. El Constitucional mantiene el prop¨®sito de no resolver los casos con mayor carga pol¨ªtica mientras siga sin renovarse, aunque esta renovaci¨®n s¨ª puede llegar a corto plazo porque vocales del sector progresista y del conservador del CGPJ aseguran que retomar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas la negociaci¨®n para nombrar a los dos magistrados del tribunal de garant¨ªas pendientes de designar.

El CGPJ, dispuesto a renovar el Constitucional. Los vocales del Poder Judicial terminaron el pleno del jueves convencidos de que esa era su ¨²ltima sesi¨®n ordinaria. El ambiente era de ¡°despedida¡±, coinciden varios consejeros, y quedaron en convocar un pleno extraordinario el 10 de noviembre para terminar de cerrar algunos asuntos pendientes. Horas despu¨¦s, el anuncio del PP de que suspend¨ªa las negociaciones sorprend¨ªa a la mayor¨ªa de los vocales, aunque algunos admiten que a mediod¨ªa empezaron a recibir noticias de que el acuerdo se tambaleaba.

Este viernes, una vez asumida la situaci¨®n, vocales del sector conservador y del progresista coinciden en que la primera consecuencia va a ser retomar las negociaciones para nombrar a los dos magistrados del Constitucional que tienen pendiente designar. Ten¨ªan que haberlos elegido antes del 13 de septiembre, pero la mayor¨ªa conservadora maniobr¨® para retrasarlo. Despu¨¦s, cuando PSOE y PP volvieron a sentarse para renovar el Consejo, los dos bloques del CGPJ estuvieron de acuerdo en frenar los nombramientos para que los hiciera ya el nuevo Consejo. Pero ahora, unos y otros coinciden en que hay que llevarlos a cabo y de forma urgente. Incluso vocales del n¨²cleo duro del sector conservador aseguran que, ahora s¨ª, una vez dimitido Carlos Lesmes y sin perspectiva de renovaci¨®n, ha llegado el momento de cerrar estas designaciones ¡°cuanto antes¡±.

El bloqueo del PP para constituir un nuevo CGPJ implica tambi¨¦n que el presidente suplente de este ¨®rgano, el progresista Rafael Mozo, se mantenga en el cargo, previsiblemente, hasta que se jubile en julio. Vocales de ambos grupos admiten que cuando se eligi¨® a Mozo se pensaba que iba a ser una soluci¨®n a corto plazo porque se daba por hecha la renovaci¨®n inmediata del Consejo, pero aseguran tambi¨¦n que la mayor¨ªa no cuestiona su designaci¨®n y no la van a poner en duda. No obstante, est¨¢ recurrida ante el Supremo, que tiene pendiente decidir si la suspende cautelarmente, como han pedido el vocal Wenceslao Olea y el secretario del ¨®rgano, Jos¨¦ Luis de Benito, al impugnar la designaci¨®n.

El Supremo, con vacantes y una presidencia interina. El alto tribunal, el ¨®rgano que tiene en su mano la ¨²ltima palabra sobre decisiones judiciales que afectan a miles de ciudadanos, se encuentra en una situaci¨®n l¨ªmite. A los 16 puestos ya vacantes por la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales mientras tenga le mandato cumplido, se le sumar¨¢ antes de final de a?o uno m¨¢s, y si no hay acuerdo para renovar el ¨®rgano antes de diciembre de 2023, las vacantes ascender¨¢n a 22. La Sala Cuarta (Social) ha perdido a cinco de sus 13 miembros y ya no puede constituir las dos secciones de enjuiciamiento en las que suele dividirse porque cada tribunal requiere como m¨ªnimo de cinco magistrados. La Sala Tercera (Contencioso-administrativo) tendr¨ªa que tener 33 miembros y se ha quedado en 25, por lo que en cuanto se produzca otra jubilaci¨®n (la pr¨®xima, Octavio Herrero en diciembre) tampoco podr¨¢ conformar las cinco secciones de enjuiciamiento previstas en la ley.

Varios magistrados consultados coinciden en que, ante la perspectiva de que el bloqueo se prolongue m¨¢s de un a?o, hay que buscar alternativas, bien sea para forzar la renovaci¨®n del CGPJ (unos apuestan por la dimisi¨®n colectiva de la mayor¨ªa de sus miembros y otros ponen la pelota en el tejado del Gobierno) o bien para cubrir las plazas vac¨ªas del Supremo y otros ¨®rganos judiciales (un sector aboga por exigir que el Gobierno devuelva al CGPJ la competencia de los nombramientos discrecionales y otro, por buscar soluciones de refuerzo de emergencia). El portazo del PP a la negociaci¨®n implica, adem¨¢s, que se mantendr¨¢ la interinidad en la presidencia del alto tribunal que ejerce ahora Francisco Mar¨ªn Cast¨¢n, una situaci¨®n que tambi¨¦n erosiona al ¨®rgano, seg¨²n lamentan varios magistrados.

El Constitucional, la paz interna en el aire. El fin de las negociaciones entre el Gobierno y el PP deja al Constitucional en una situaci¨®n precaria y sin precedentes. No es posible vaticinar qu¨¦ curso va a seguir el tribunal, porque hasta ahora rige en su seno un pacto para evitar cualquier divisi¨®n o choque de trenes. Sin embargo, esta estrategia ha supuesto una congelaci¨®n de sentencias dif¨ªcil de mantener indefinidamente. El recurso que el PP present¨® contra la ley del aborto lleva ya m¨¢s de 12 a?os pendiente de fallo, mientras algunas de las reformas m¨¢s importantes de esta legislatura ¡ªcomo la llamada ley Cel¨¢a o la ley de eutanasia¡ª esperan tambi¨¦n una decisi¨®n, junto a otros muchos recursos. Ninguno de ellos ¡ªtampoco el recurso contra la prohibici¨®n de nombramientos por parte del CGPJ¡ª ha sido llevado a pleno, ni est¨¢ previsto pr¨®ximamente.

Ahora, todos dirigen la mirada hacia el presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, de cuya mano lleg¨® la propuesta de pacto interno para evitar enfrentamientos entre conservadores y progresistas, un acuerdo bautizado como pax trevijana en el ¨®rgano de garant¨ªas. Es el presidente quien tiene la competencia para decidir el orden del d¨ªa de los plenos. Y la ha usado en m¨¢s de una ocasi¨®n para que el tribunal no se desgaste en batallas ideol¨®gicas, sobre todo desde el 12 de junio, cuando termin¨® el mandato del Constitucional con su actual composici¨®n. Cuando se renueve, deber¨¢n salir cuatro de sus miembros, entre ellos el propio presidente; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narv¨¢ez y Santiago Mart¨ªnez Vares.

En el tribunal preocupa que el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponde designar, sin esperar a que el Consejo elija a los suyos. En el sector conservador, que cuenta con seis votos, predomina el criterio de que la renovaci¨®n tiene que ser conjunta de los cuatro magistrados. En el grupo progresista, que re¨²ne cinco votos, se apoyar¨¢ el ingreso por etapas. Pero ese podr¨ªa ser el principio del fin del actual pacto por la paz interna del tribunal.