Cuatro a?os de una reforma legal con un peligroso agujero que nadie tap¨® en la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯

El brutal ataque de cinco hombres a una joven en las fiestas de los sanfermines de 2016 fue juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra dos a?os despu¨¦s. El tribunal calific¨® entonces los hechos como abuso sexual, al entender que no hubo violencia ni intimidaci¨®n, y conden¨® a cada uno de los culpables a nueve a?os de c¨¢rcel. Aquel fallo judicial desencaden¨® un enorme debate social e impuls¨® una contundente protesta del movimiento feminista reclamando cambios en el C¨®digo Penal para e...

El brutal ataque de cinco hombres a una joven en las fiestas de los sanfermines de 2016 fue juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra dos a?os despu¨¦s. El tribunal calific¨® entonces los hechos como abuso sexual, al entender que no hubo violencia ni intimidaci¨®n, y conden¨® a cada uno de los culpables a nueve a?os de c¨¢rcel. Aquel fallo judicial desencaden¨® un enorme debate social e impuls¨® una contundente protesta del movimiento feminista reclamando cambios en el C¨®digo Penal para evitar que pudiera repetirse esa situaci¨®n.

Aunque el Tribunal Supremo corrigi¨® aquella sentencia y conden¨® a los agresores a 15 a?os de prisi¨®n, la reforma legal sigui¨® adelante. El Gobierno del PP convoc¨® a cerca de 30 expertos en la comisi¨®n general de codificaci¨®n encargada de estudiar las modificaciones necesarias de la ley. Entre sus conclusiones, los expertos propusieron considerar todos los delitos sexuales como ¡°agresi¨®n¡± y, por tanto, eliminar la categor¨ªa de abuso, motivo principal de la protesta multitudinaria contra la sentencia de la Audiencia de Navarra.

Pero los populares salieron del Gobierno por una moci¨®n de censura y dejaron la tarea pendiente. El nuevo Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez no pudo acometer la iniciativa legislativa en los nueve meses de mandato que tuvo antes de verse obligado a adelantar elecciones. El Gobierno de coalici¨®n entre el PSOE y Unidas Podemos que se form¨® tras las segundas elecciones de 2019 se afan¨® desde el comienzo de su andadura en legislar una reforma.

El Ministerio de Igualdad, en manos de Unidas Podemos, redact¨® un texto muy parecido al que este grupo pol¨ªtico hab¨ªa registrado a?os antes en el Congreso como proposici¨®n de ley. En plena irrupci¨®n de la pandemia, el texto que vio la luz en Igualdad fue duramente criticado por el Ministerio de Justicia que dirig¨ªa el hoy magistrado Juan Carlos Campo. Su departamento apunt¨® una serie de deficiencias jur¨ªdicas del texto que pod¨ªan ser recurribles ante el Tribunal Constitucional, as¨ª como la falta de mecanismos suficientes para asegurar la aplicaci¨®n de la ley y una rebaja de penas que supuestamente no ten¨ªa en cuenta la jurisprudencia del Supremo sobre la cuesti¨®n.

Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, reaccion¨® a las pegas de Justicia con una andanada dirigida al ministro Campo: ¡°En las excusas t¨¦cnicas hay mucho machista frustrado¡±. El desencuentro provoc¨® que ambos partidos reunieran la comisi¨®n de crisis, prevista para estos casos. Trece art¨ªculos, un t¨ªtulo y seis disposiciones finales del texto legal que hab¨ªa redactado Igualdad fueron corregidos por Justicia para ser aprobado como anteproyecto en el Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020, apenas una semana antes de que el Gobierno decidiese poner a Espa?a en pausa para combatir la pandemia del coronavirus.

EL PA?S adelant¨® aquel primer texto legal y titul¨® la informaci¨®n as¨ª: ¡°La futura ley de libertad sexual prev¨¦ rebajar las penas a los agresores¡±. En el texto se explicaba esa rebaja de unas penas y el agravamiento de otras para determinados casos no contemplados hasta ahora en la legislaci¨®n. Igualdad explicaba entonces que su intenci¨®n con la nueva norma no era ¡°castigar m¨¢s¡± a los agresores sexuales, ¡°sino proteger mejor¡± a las mujeres, e insist¨ªa en que la relevancia de la reforma legal estaba en desarrollar m¨¢s claramente la idea del consentimiento.

El tr¨¢mite parlamentario, en medio de una pandemia que cerr¨® Espa?a y ralentiz¨® muchas iniciativas legislativas, se fue demorando hasta el punto de que la reforma se aprob¨® finalmente el pasado agosto, dos a?os y medio despu¨¦s de que la viera por primera vez el Consejo de Ministros. Durante este plazo han sido muchos los filtros que ha tenido que pasar el texto legal. Algunos, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alertaron de que el texto legal, al rebajar en algunos casos las penas asignadas a determinadas agresiones sexuales, antes consideradas solo abusos, pod¨ªan tener un efecto de desprotecci¨®n de las v¨ªctimas.

El CGPJ desgrana en su informe (puntos 241 a 245) toda una serie de rebajas en las penas m¨ªnimas asignadas a determinados delitos, y concluye diciendo que se va a producir una revisi¨®n de condenas por ¡°reducirse los l¨ªmites m¨¢ximos de las penas¡±, cuando en realidad ha sido al contrario. Pero en ning¨²n caso alert¨®, ni este ¨®rgano consultivo ni el Consejo Fiscal ni el Consejo de Estado ni las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado ni los plenos de ambas C¨¢maras, que el texto legal hab¨ªa olvidado una disposici¨®n transitoria que se pone desde siempre cada vez que se modifica el C¨®digo Penal y que sirve para evitar efectos indeseados en la revisi¨®n de sentencias.

En los debates del Congreso, la derecha y la ultraderecha presentaron enmiendas a la totalidad. E incluso en alguna de sus intervenciones, los portavoces del PP deslizaron el peligro de rebajar algunas penas: ¡°Otra de nuestras objeciones, como saben, tiene que ver con la desaparici¨®n de la tipificaci¨®n como abuso sexual de las conductas menos graves y la conversi¨®n de todo tipo de comportamiento en agresiones sexuales, lo que hace que se aumente la horquilla de las penas para atender, precisamente, los casos m¨¢s leves. Esto puede suponer, como saben muy bien ustedes, parad¨®jicamente, que lo que antes eran agresiones sexuales que conllevaban una pena grave ahora vean rebajado su castigo¡±.

Pese a estos reproches, nadie avis¨® al Gobierno ni al Ministerio de Igualdad de que la entrada en vigor de la ley podr¨ªa ocasionar la revisi¨®n a la baja de muchas condenas si no se inclu¨ªa la disposici¨®n transitoria habitual en estos casos. Ni nadie ofreci¨® al Ejecutivo esa soluci¨®n que, seg¨²n todos los juristas, siempre se introduce cuando se modifica el C¨®digo Penal. Una soluci¨®n que el PSOE y Podemos han introducido en la tramitaci¨®n de la reforma del delito de sedici¨®n. O que incluy¨® el Gobierno del PP en 2015 cuando aprob¨® la reforma legal del delito de malversaci¨®n. Siempre se sit¨²a como disposici¨®n transitoria y dice as¨ª: ¡°Dichos jueces o tribunales proceder¨¢n a revisar las sentencias firmes y en las que el penado est¨¦ cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposici¨®n m¨¢s favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerar¨¢ m¨¢s favorable esta ley cuando la duraci¨®n de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea tambi¨¦n imponible con arreglo a esta reforma del C¨®digo¡±.

?Por qu¨¦ no se incluy¨® esa disposici¨®n transitoria? La ministra Irene Montero asegur¨® la noche del mi¨¦rcoles, en una entrevista en cadena Ser, que no lo vieron necesario. ¡°Estaba tan claro que se cumplir¨ªa con la jurisprudencia, y que si las penas impuestas formaban parte de la horquilla del rango nuevo de penas no se revisar¨ªan a la baja, que no se vio necesario incluirlo¡±, asegur¨®. Ninguno de los organismos y ministerios que participaron de la elaboraci¨®n de la ley, asegur¨® Montero, les dijo ¡°que tendr¨ªa que ser necesaria una transitoria¡±.

Un jurista consultado por EL PA?S explica as¨ª la aplicaci¨®n de esa disposici¨®n transitoria a un caso real en el que se ha revisado la condena de un violador a ocho a?os para bajarla a seis: ¡°Cuando la pena impuesta (ocho a?os) segu¨ªa siendo imponible conforme al nuevo C¨®digo Penal (de 6 a 12 a?os) no se pod¨ªa revisar. Y este ser¨ªa el caso porque si le has puesto ocho a?os, el m¨ªnimo de la mitad inferior del antiguo C¨®digo Penal (de 8 a 10 a?os), conforme a la nueva ley, la mitad inferior se queda de seis a nueve a?os. Ocho a?os sigue estando en la mitad inferior, luego conforme al sistema tradicional de revisi¨®n no ser¨ªa revisable esa pena, por mucho que al tribunal le parezca que ellos han dicho que quer¨ªan poner la m¨ªnima¡±.

Cuando en las ¨²ltimas semanas, diputados, abogados y juristas pusieron de manifiesto la posibilidad de revisar condenas a la baja con la entrada en vigor de la ley, la ministra Irene Montero insisti¨®: ¡°La jurisprudencia en nuestro pa¨ªs es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisi¨®n de penas. Y es clara la jurisprudencia respecto a esto¡±. Tan clara como es la aplicaci¨®n habitual cuando se reforma el C¨®digo Penal incluyendo la famosa disposici¨®n transitoria. Pero ni el Consejo de Ministros primero, ni el Congreso de los Diputados despu¨¦s, incluy¨® esa cautela en el texto publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el 7 de octubre. ¡°Todav¨ªa no se conoce una reducci¨®n de penas¡±, dijo Montero hace unos d¨ªas. ¡°Y no se va a conocer, es propaganda machista¡±, concluy¨®.