Varios juristas advierten de deficiencias t¨¦cnicas en la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª'

La tormenta jur¨ªdica y pol¨ªtica levantada por las rebajas de penas a algunos agresores sexuales tras la entada en vigor de la ley del solo s¨ª es s¨ª ha desconcertado a gran parte del ¨¢mbito judicial. Jueces, fiscales, abogados y juristas admiten su sorpresa por la reacci¨®n de un sector del Gobierno, el de Unidas Podemos, que culpa de estas disminuciones de pena a la ¡°justicia machista¡± que, aseguran, impera en Espa?a. Varios expertos coinciden en que las revisiones de sentencia a la baja son una consecuencia directa de la disminuci¨®n del castigo que la nueva norma contemplaba para algunos supuestos y, en muchos de ellos, no hay margen para la interpretaci¨®n de los tribunales, que si no aplican la rebaja de pena estar¨ªan prevaricando. Casi todos los consultados reprochan algunas lagunas t¨¦cnicas al texto legal que han derivado en que la nueva legislaci¨®n tenga efectos que no eran los inicialmente buscados.

La Ley de Garant¨ªa de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo s¨ª es s¨ª, se gest¨® bajo la conmoci¨®n del caso de La Manada, la violaci¨®n por parte de cinco j¨®venes de una menor en los sanfermines de 2016. Los vaivenes judiciales de aquel caso, que dos tribunales calificaron como abusos al entender que no hubo intimidaci¨®n ni violencia, marcaron la revisi¨®n de los delitos sexuales en el C¨®digo Penal. ¡°La gente lo que quer¨ªa o¨ªr es que se elevaban las penas. Esa es la m¨²sica de esa reforma¡±, recuerda el penalista Luis Arroyo Zapatero, que form¨® parte de la comisi¨®n de expertos que debati¨® la reforma cuando esta empez¨® a plantearse.

Pero aunque el objetivo del Gobierno fuera subir las penas para algunas conductas, la decisi¨®n de eliminar la nomenclatura de ¡°abusos sexuales¡± y considerar cualquier ataque a la libertad sexual como una ¡°agresi¨®n¡±, llev¨® a reducir los castigos m¨ªnimos y los m¨¢ximos de algunos supuestos para incluir en ellos hechos que antes ten¨ªan una pena menor. Pero la consecuencia de eso, advierten los expertos, es que ahora esa rebaja hay que aplicarla tambi¨¦n a conductas a las que la ley anterior asignaba una pena m¨¢s alta. Al unificar abuso y agresi¨®n sexual se han reducido distinciones entre comportamientos que antes s¨ª exist¨ªan en el C¨®digo Penal, cuyos preceptos estaban t¨¦cnicamente mejor dise?ados, advierte el catedr¨¢tico Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s. ¡°El af¨¢n de la ¨²ltima reforma por resaltar la ausencia de consentimiento por parte de la v¨ªctima, que ya era un elemento clave en la anterior regulaci¨®n, llev¨® a desdibujar las diferencias existentes entre las diversas conductas no consentidas. Pero no todas las conductas pueden tener la misma pena¡±, apunta.

Son varios los juristas consultados que recuerdan que durante la tramitaci¨®n de la norma fueron muchos los expertos que advirtieron de que las penas en Espa?a para los delitos sexuales ya eran muy elevadas. ¡°Los delitos sexuales han sufrido elevaciones de penas media docena de veces desde 1995. Ha habido un incremento de penas incesante, impulsado tanto por el PP como por el PSOE¡±, se?ala D¨ªez Ripoll¨¦s, quien, cuando se tramitaba la norma, se pronunci¨® en contra de nuevos incrementos. ¡±Nuestro C¨®digo Penal posee en general penas muy duras, y no parece que al legislador le preocupe eso: cuando ve que no hay penas muy duras para algunos supuestos, se escandaliza¡±.

En la misma l¨ªnea se pronuncia Arroyo Zapatero, que recuerda que ese debate se abri¨® en la comisi¨®n de expertos. ¡°La idea de los pol¨ªticos era subir y la nuestra acomodar la ley para que pudiera ser entendida por los ciudadanos. Por ejemplo, recuperar la expresi¨®n de violaci¨®n, que hab¨ªa desaparecido. Hab¨ªa un problema de lenguaje que hab¨ªa que resolver. Y las penas hab¨ªa que racionalizarlas. En Suecia la pena de violaci¨®n b¨¢sica es de tres a?os, y luego se le van poniendo agravantes¡±, explica el catedr¨¢tico.

La pol¨¦mica, sin embargo, ha surgido por lo contrario: las penas rebajadas tras la entrada en vigor de la ley. Los expertos coinciden en que, si este efecto no era el deseado, como sostiene el Gobierno, la t¨¦cnica legislativa fue incorrecta. ¡°Este tipo de leyes en las que se modifican aspectos tan esenciales son muy complejas t¨¦cnicamente¡±, advierte el profesor de Derecho Penal de la Universidad Aut¨®noma Carlos G¨®mez Jara, que recuerda que el principio de la retroactividad de la norma penal m¨¢s favorable al reo es irrenunciable. ¡°Los jueces est¨¢n aplicando la ley, no hay m¨¢s¡±, se?ala el experto, que comparte la tesis de que el fin de la distinci¨®n entre abuso y agresi¨®n ha derivado en esta reducci¨®n de castigos para algunos casos. ¡°Antes pod¨ªas modular m¨¢s con esa distinci¨®n, pero los m¨ªnimos se te van para abajo¡±, se?ala.

Patricia Faraldo, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de A Coru?a y miembro de la comisi¨®n de expertos que particip¨® en la redacci¨®n de la ley, discrepa de que el objetivo principal de la norma fuera elevar el castigo a los agresores. ¡°No se trataba de agravar las penas, sino de mejorar el tratamiento que se le da a las v¨ªctimas de violencia sexual. Y eso pasaba por simplificar todo evitar que las mujeres se sometan a interrogatorios dur¨ªsimos¡±, advierte la experta, que pide que se analicen las consecuencias caso a caso. ¡°Las penas para algunos tipos de agresi¨®n sexual se han reducido, pero las los abusos sexuales se han elevado, pero esa subida no se aplica con efecto retroactivo¡±, recuerda. Faraldo admite que aunque mientras se elaboraba la norma se sab¨ªa que algunas condenas habr¨ªa que revisarlas a la baja, puede ser ¡°complicado¡± asimilar la aplicaci¨®n pr¨¢ctica que ahora se est¨¢ llevando a cabo. ¡°Yo al menos no era tan consciente de que esto iba a ser as¨ª y con tanta repercusi¨®n. Es dif¨ªcil verlo¡±, afirma.

Las asociaciones judiciales salieron en tromba el martes a defender el papel de los jueces que est¨¢n revisando estas sentencias. ¡°Los magistrados aplican la ley como tienen que hacerlo, en la medida en que no se puede dejar de aplicar la retroactividad. El Consejo General del Poder Judicial les advirti¨® y nadie les hizo caso¡±, ha recordado Juan Jos¨¦ Carbonero, miembro ejecutivo de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM, la asociaci¨®n mayoritaria y de tendencia conservadora). En t¨¦rminos parecidos se ha expresado el portavoz de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fern¨¢ndez Vaquero, que ha explicado que ¡°el hecho de que se aplique¡± la ley ¡°no tiene que alarmar a nadie¡±. ¡°Distinto es¡±, ha apuntado, ¡°que [la reducci¨®n de penas] no fuera una consecuencia prevista o querida¡±. ¡°Entonces tenemos un problema de falta de previsi¨®n del legislador¡±. La progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un duro comunicado en el que se?ala que el hecho de que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia ¡°no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ¡®justicia machista¡¯ o considerando que se trata de una aplicaci¨®n defectuosa de la ley¡±.

03:33

Un magistrado explica la pol¨¦mica de la ley del 's¨ª es s¨ª'