La nueva ley de libertad sexual prev¨¦ rebajar las penas por agresiones
Igualdad planea incluir como agravantes la violaci¨®n en pareja o el uso de f¨¢rmacos para anular la voluntad de la v¨ªctima y estudia c¨®mo castigar el acoso callejero
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Es la primera gran medida del Ministerio de Igualdad y uno de los compromisos que anunci¨® el presidente del Gobierno: una ley sobre la libertad sexual que prev¨¦ cambios transversales que van desde la formaci¨®n de quienes atienden a las v¨ªctimas, a la educaci¨®n, la prevenci¨®n o la respuesta institucional. La propuesta, que el ministerio que encabeza Irene Montero ultima en estas semanas porque quiere presentar el texto en fechas cercanas al 8 de Marzo, planea eliminar del C¨®digo Penal el concepto de abuso y reducir las penas por agresi¨®n. Adem¨¢s, contempla a?adir como agravantes tanto las violaciones dentro de la pareja como aquellas que se producen cuando la v¨ªctima tiene anulada su voluntad por haber ingerido f¨¢rmacos o drogas.
La nueva norma se basa principalmente en la proposici¨®n de ley que Unidas Podemos present¨® en julio de 2018 ¡ªque se denomin¨® Ley de protecci¨®n integral de la libertad sexual y para la erradicaci¨®n de las violencias sexuales, aunque ese no ser¨¢ el nombre definitivo¡ª y, en menor medida, en las recomendaciones que un grupo de especialistas (la llamada comisi¨®n general de codificaci¨®n) envi¨® al anterior Gobierno del PSOE despu¨¦s de la conmoci¨®n social que produjo el caso de La Manada, la violaci¨®n de una joven en Pamplona en 2016 por cinco hombres.
La iniciativa, en fase de borrador, puede sufrir modificaciones desde ahora a su entrada en el Consejo de Ministros. Y tambi¨¦n en la posterior fase de tramitaci¨®n en el Congreso, donde la coalici¨®n PSOE-Unidas Podemos est¨¢ en minor¨ªa.
El consentimiento
En el eje de la nueva ley estar¨¢ el consentimiento de las mujeres, un consentimiento ¡°libre, revocable y para unas pr¨¢cticas concretas¡± en las que prima el mutuo acuerdo y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como recog¨ªa la proposici¨®n de 2018 y recomienda el convenio del Consejo de Europa sobre prevenci¨®n y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia dom¨¦stica, el llamado Convenio de Estambul que Espa?a ratific¨® en 2014.
La futura ley planea eliminar el concepto de abuso y considerar todos los casos como agresiones sexuales, una idea que se ha mantenido desde que se empez¨® a plantear la revisi¨®n del C¨®digo Penal con el esc¨¢ndalo de La Manada. Ese cambio de filosof¨ªa, no obstante, no conlleva penas m¨¢s altas. De hecho, los castigos que se barajan se reducen respecto a los que prev¨¦ el C¨®digo Penal.
La pena m¨ªnima por agresi¨®n sexual en la nueva propuesta, seg¨²n fuentes de la negociaci¨®n, es de uno a cuatro a?os frente a la horquilla de uno a cinco a?os que recoge el C¨®digo Penal en su art¨ªculo 178. La agresi¨®n con penetraci¨®n o asimilados (v¨ªa vaginal, anal o bucal o introducci¨®n de objetos) ir¨¢ de cuatro a 10 a?os frente a los seis a 12 que contempla el C¨®digo en el art¨ªculo 179.
La intenci¨®n, seg¨²n explican desde el equipo de trabajo, es desterrar la idea de que se ped¨ªan cambios ¡°punitivistas¡±. Argumentan que el movimiento feminista, las mujeres que protestaron en las calles contra las dos primeras sentencias de La Manada que condenaron por abuso y no por violaci¨®n, no se moviliz¨® por los a?os de condena o para que los castigos fueran m¨¢s altos. Ped¨ªan que no se cuestione a las v¨ªctimas y defend¨ªan que si cinco hombres acorralan y violan a una mujer en un portal de dimensiones reducidas s¨ª que existe violencia e intimidaci¨®n, como finalmente reconoci¨® el Tribunal Supremo en ese caso.
El debate sobre las penas tambi¨¦n se plante¨® en la comisi¨®n de expertos previa. Los juristas barajaron que la violaci¨®n no superase la pena m¨¢xima de los homicidios, que suponen 15 a?os de c¨¢rcel, salvo en delitos acumulados. As¨ª quedan otros aspectos:
Agresiones en grupo. El plan es recoger las agresiones en grupo como un nuevo agravante y no como un tipo espec¨ªfico como sal¨ªa en la propuesta de Unidas Podemos de 2018. El Supremo se?al¨® un camino en la sentencia de La Manada que se puede aplicar sin necesidad de cambios: no fue una sola violaci¨®n y todos los implicados actuaron como ¡°cooperadores necesarios¡± del resto, lo que podr¨ªa haber multiplicado exponencialmente las penas. Es lo que ocurri¨® el pasado diciembre con la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos a tres exfutbolistas de la Arandina por agresi¨®n sexual a una adolescente de 15 a?os. La pena para cada uno de ellos, a¨²n no firme, es de 38 a?os de c¨¢rcel ¡ª14 por su agresi¨®n y 24 como cooperadores necesarios¡ª.
Si viola la pareja. Cuando la v¨ªctima es o ha sido esposa o novia de su agresor sexual se considerar¨¢ un agravante, aunque no hubieran tenido convivencia. Igual que pasa con el consentimiento, es un cambio que responde a lo dictado por el citado acuerdo europeo, el Convenio de Estambul y que supone incluir la perspectiva de g¨¦nero en la normativa. Es una modificaci¨®n que tambi¨¦n recog¨ªa la propuesta de la comisi¨®n de codificaci¨®n.
V¨ªctimas drogadas. Otro de los agravantes que se a?adir¨¢n es el relacionado con que el agresor anule la voluntad de la v¨ªctima suministr¨¢ndole f¨¢rmacos, drogas o cualquier otra sustancia que sirva para ello.
Acoso callejero. Es uno de los aspectos que ha generado m¨¢s debate y cuya inclusi¨®n a¨²n se est¨¢ ultimando. La propuesta inicial de Unidas Podemos recoge castigar con multas o trabajo a la comunidad para quien dirija en la v¨ªa p¨²blica a una persona ¡°proposiciones, comportamientos o presiones de car¨¢cter sexual o sexista¡± que supongan una situaci¨®n intimidatoria. Ese apartado est¨¢ en revisi¨®n, explican fuentes del Ejecutivo, y se est¨¢ reajustando porque ha habido jurisprudencia desde que se present¨® la proposici¨®n de ley de Unidas Podemos hasta hoy.
¡°Se trata de convertir el ¡®yo s¨ª te creo¡¯ en pol¨ªtica p¨²blica¡±
La propuesta de ley con la que trabaja el Gobierno, la que present¨® Unidas Podemos en 2018, va mucho m¨¢s all¨¢ de cambiar el C¨®digo Penal. Considera la violencia sexual como una vulneraci¨®n de los derechos humanos y prev¨¦ combatirla con medidas transversales que ayuden a prevenir los casos.
La nueva normativa recoger¨¢ entre sus aspectos esenciales la formaci¨®n de todos los profesionales implicados en el proceso de prevenci¨®n de los casos y de atenci¨®n a las v¨ªctimas cuando las agresiones se produzcan. Eso supone revisar, por ejemplo, la formaci¨®n de sanitarios que atienden a una mujer, para que puedan detectar, asistir y ayudar a rehabilitar a las v¨ªctimas. O la de las fuerzas de seguridad del Estado que recogen su denuncia, a los que tambi¨¦n se instruir¨¢ en temas con perspectiva de g¨¦nero y en medidas de protecci¨®n integral contra la violencia sexual, igual que en la judicatura. ¡°Se trata de convertir el ¡®yo s¨ª te creo¡¯ en una pol¨ªtica p¨²blica¡±, resumen fuentes del Gobierno. Entre otras razones, para evitar la revictimizaci¨®n de quienes, en muchos casos, sufren primero por la agresi¨®n y, en segundo lugar, porque quienes las atienden no est¨¢n preparados para ello.
El proyecto prev¨¦ ampliar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y de la Fiscal¨ªa especializada para que tambi¨¦n traten causas relacionadas con violencia sexual. E incluir la prevenci¨®n y la sensibilizaci¨®n en el ¨¢mbito educativo, con la implantaci¨®n de contenidos sobre educaci¨®n sexual para el alumnado en todos los niveles a partir de primaria. Todos estos aspectos requieren fondos econ¨®micos espec¨ªficos que deber¨¢n incluirse en la memoria de impacto presupuestario.
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