Los efectos que la entrada en vigor de la llamada ley del solo s¨ª es s¨ª ha tenido en algunos tribunales con las rebajas de condenas por delitos sexuales ha provocado preocupaci¨®n, inquietu...

Los efectos que la entrada en vigor de la llamada ley del solo s¨ª es s¨ª ha tenido en algunos tribunales con las rebajas de condenas por delitos sexuales ha provocado preocupaci¨®n, inquietud y hasta alarma en la mayor¨ªa de los partidos del Congreso, pero esa unanimidad no se ha transformado en iniciativas parlamentarias concretas. El PP, Ciudadanos y varios socios habituales del Ejecutivo, como el PNV, M¨¢s Pa¨ªs, ERC o EH Bildu, avanzan que estar¨ªan a favor de aprobar reformas legales con car¨¢cter urgente para paliar esa situaci¨®n, pero no precisan cu¨¢les. El PSOE insiste en pedir tiempo para que los tribunales establezcan un criterio jur¨ªdico. Unidas Podemos, la formaci¨®n de la ministra Irene Montero, est¨¢ en esa tesis, aunque avanza que estudiar¨ªa otras soluciones ¡°reales¡± en caso de que se presentaran.

Los dos partidos con m¨¢s representaci¨®n en el Congreso, el PSOE y el PP, volvieron a emplearse a fondo el viernes en descalificar a los l¨ªderes de la formaci¨®n rival como m¨¢ximos responsables de esta nueva crisis, pero ninguno aport¨® alternativas concretas y viables. Ministras y dirigentes socialistas, como Isabel Rodr¨ªguez o Isaura Leal, insistieron en la idea de que ahora ¡°es el momento y el tiempo¡± de que la Fiscal¨ªa, los tribunales, y en particular el Tribunal Supremo, aporten conclusiones y doctrina en los pr¨®ximos d¨ªas. Y apuntaron sus diatribas contra el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, al que acusaron de aprovechar el esc¨¢ndalo levantado ¡°y el dolor de las mujeres¡± para socavar y ¡°vaciar de contenido¡± las leyes que refuerzan los derechos de igualdad y la lucha contra la violencia machista. Los populares responsabilizaron de todo a la ¡°soberbia e incompetencia¡± del presidente Pedro S¨¢nchez por mantener en su puesto a la ministra de Igualdad y principal impulsora de la norma, Irene Montero.

El PSOE no facilit¨® ninguna opci¨®n parlamentaria o legislativa para reparar los problemas jur¨ªdicos hallados en la nueva ley, aunque Isaura Leal, secretaria general del grupo en el Congreso, acept¨® que si en el futuro se extraen conclusiones en esa l¨ªnea podr¨ªan ¡°actuar en consecuencia¡±, para aseverar que ahora no es ese momento y no les gusta trabajar sobre ¡°hip¨®tesis o futuribles¡±.

Un planteamiento igual de precavido fue el que se?al¨® el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que tambi¨¦n destac¨® que su formaci¨®n prefiere esperar a que se pronuncien los tribunales. Y recalc¨® en defensa de la ministra: ¡°El Ministerio de Igualdad ha dicho lo mismo que el presidente: hay que esperar a que los operadores jur¨ªdicos unifiquen doctrina. Y, al mismo tiempo, cuando hay una Audiencia Provincial como la de La Rioja, que aplicando la disposici¨®n quinta del C¨®digo Penal tumba 54 rebajas de pena a la vez, es evidente que hay otros jueces que est¨¢n interpretando una ley con un sesgo (ideol¨®gico) del que la ONU ya nos ha alertado¡±.

Unidas Podemos, sin embargo, acepta que podr¨ªa llegar a estudiar ¡°alguna idea legislativa que pudiera funcionar, si es algo real y no meras habladur¨ªas¡±, pero fuentes de su direcci¨®n en el Congreso matizan que siempre que no se centren, seg¨²n sus expertos jur¨ªdicos, en intentar incluir en la norma la llamada disposici¨®n transitoria segunda, que en teor¨ªa tendr¨ªa que haber limitado en algunos casos los beneficios para los castigos penales. Esas fuentes indican que meter ahora esa disposici¨®n ¡°ya no servir¨ªa, ni tampoco en su momento, porque solo se podr¨ªa contemplar para cuando se tratase de penas para un mismo delito y ahora el de abuso ha cambiado porque ya no existe¡±. Unidas Podemos tampoco observa qu¨¦ tipo de proposici¨®n podr¨ªa articularse en el Congreso para actuar de inmediato.

Representantes del PNV, ERC, EH Bildu o M¨¢s Pa¨ªs, partidos que votan normalmente con el Gobierno de coalici¨®n, han apuntado estos d¨ªas que estar¨ªan a favor de ¡°mejorar¡± el contenido de la norma si se llega a esa conclusi¨®n, pero no adelantan en qu¨¦ sentido. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, volvi¨® a insistir el viernes en que el Congreso y el poder legislativo tendr¨ªan que ¡°modificar¡± y aplicar ¡°retoques¡± a la ley, que apenas lleva un mes en vigor, ¡°si al final no es suficiente con el criterio del Supremo¡±, y aventur¨® que aguardar hasta que llegue esa doctrina inequ¨ªvoca ¡°puede que s¨ª¡± o ¡°puede que no¡± sea suficiente.

El portavoz de M¨¢s Pa¨ªs, ??igo Errej¨®n, matiz¨® de entrada, como otros aliados del Ejecutivo, que no quer¨ªa ¡°a?adir m¨¢s ruido¡± al debate, pero s¨ª apunt¨® a que ahora ¡°el Gobierno debe decidir cu¨¢l es el plan m¨¢s f¨¢cil¡± para solucionar esta situaci¨®n. Y fue ah¨ª cuando avanz¨® que su partido estar¨¢ tanto por aguardar a que se aclare la doctrina jur¨ªdica como para poner en marcha alguna reforma legal. Una postura de apoyo al Ejecutivo para ¡°mejorar¡± el texto normativo que tambi¨¦n adelant¨® esta semana un diputado de EH Bildu, ?skar Matute. Esta formaci¨®n precis¨® m¨¢s tarde que es al Gobierno al que corresponde valorar esa posibilidad: ¡°Si lo hacen y deciden que hace falta modificar la ley con alguna reforma legislativa, nos tendr¨¢n dispuestos a ayudar, les acompa?aremos, pero nosotros no vamos a impulsar ni a plantear ninguna reforma jur¨ªdica¡±.

El PP no aclara su alternativa legislativa

El PP, que s¨ª ha registrado ya una proposici¨®n no de ley para exigir el cese de la ministra Montero y que se aborden cambios en la norma, no aclar¨® el viernes cu¨¢l ser¨ªa su alternativa. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, solo subray¨® que est¨¢n trabajando en su proposici¨®n, sin m¨¢s datos, con la idea de que ¡°nadie [ning¨²n delincuente] se vea favorecido o tenga una pena inferior a la que hab¨ªa hasta ahora para estos delitos en el C¨®digo Penal¡±. La formaci¨®n conservadora exige que sea el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Justicia, el que tramite un proyecto de ley de reforma del C¨®digo Penal y no por la v¨ªa de enmiendas, que consideran ¡°un parche y un remedo¡± del que abusa demasiado el Ejecutivo y que luego puede provocar estos agujeros legales ¡°recurribles y ganables¡± ante instancias jur¨ªdicas superiores.

Ciudadanos tambi¨¦n ve ¡°urgente¡± por parte del Ejecutivo ¡°corregir el error¡±, no negar la realidad y frenar la campa?a de ataque a los jueces desde el departamento de Igualdad, y proponen acelerar la soluci¨®n como se hizo esta semana a toda prisa con ¡°el impuesto ideol¨®gico a la banca o la reforma de la sedici¨®n, con maniobras parlamentarias¡±.