El PP se opone a la tramitaci¨®n de la ley que blinda el secreto profesional de los periodistas

Durante 40 a?os, los periodistas que eran impelidos por un juez o fiscal a revelar sus fuentes apelaban al art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, que consagra el derecho fundamental a ¡°comunicar o recibir libremente informaci¨®n veraz por cualquier medio de difusi¨®n¡± y ampara el ¡°secreto profesional¡±. Esa mera invocaci¨®n resultaba, la mayor¨ªa de las veces, suficiente para que el instructor encaminase sus pesquisas por otro camino. Sin embargo, en diciembre de 2018, el juez de Palma Miquel Florit orden¨® decomisar los tel¨¦fonos m¨®viles y ordenadores de dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca para averiguar el origen de una filtraci¨®n sobre el caso Cursach, la supuesta trama de corrupci¨®n en la que aparec¨ªan implicados un empresario del ocio y polic¨ªas locales. El juez Florit acab¨® sent¨¢ndose en el banquillo y el Constitucional reconoci¨® que hab¨ªa vulnerado los derechos fundamentales de los periodistas, pero este caso encendi¨® todas las alarmas.

Fue a partir de entonces, reconoce Nemesio Rodr¨ªguez, presidente de la Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) desde abril de 2018 a mayo de 2022, cuando su organizaci¨®n y otras del gremio, como las secciones de prensa de CC OO y UGT o la Federaci¨®n de Sindicatos de Periodistas, empezaron a trabajar en la elaboraci¨®n de una ley reguladora del secreto profesional, prevista en la propia Constituci¨®n. Los promotores de la iniciativa se reunieron con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox ¡ªdebido a su abierta hostilidad hacia la libertad de prensa y su pol¨ªtica de vetar a medios de comunicaci¨®n y periodistas¡ª e intercambiaron propuestas con la ministra portavoz, Isabel Rodr¨ªguez. Uno de los mayores escollos fue la pretensi¨®n del Gobierno de que el secreto profesional cediera cuando se invocasen razones de ¡°seguridad nacional¡±, un concepto lo bastante amplio e indeterminado como para vaciar de contenido el derecho fundamental a la informaci¨®n.

Finalmente, se alcanz¨® un acuerdo en torno a un texto que el PSOE present¨® el pasado 14 de diciembre como enmienda in voce (de viva voz) al proyecto de ley reguladora de la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci¨®n, m¨¢s conocida como ley de los whistleblowers o denunciantes, que se tramitaba en la comisi¨®n de Justicia del Congreso. En plena pol¨¦mica por la decisi¨®n del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitaci¨®n del proyecto que modificaba el sistema de elecci¨®n de sus magistrados, por haberse incluido como enmienda en la reforma del C¨®digo Penal sobre los delitos de sedici¨®n y malversaci¨®n, la Mesa del Congreso decidi¨® desglosar el apartado relativo al secreto profesional de los periodistas y tramitarlo como proyecto de ley separado.

No obstante, el PP se ha opuesto a la tramitaci¨®n de la ley y ha pedido a la Mesa del Congreso que rechace la admisi¨®n a tr¨¢mite de la enmienda in voce, ya que no fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, como es habitual en este tipo de enmiendas de car¨¢cter t¨¦cnico que se presentan fuera de plazo. Tras ver rechazada su petici¨®n, el Grupo Popular present¨® un nuevo escrito el pasado d¨ªa 30 en el que ped¨ªa a la Mesa de la C¨¢mara baja que reconsidere su decisi¨®n, alertando de que se podr¨ªa estar vulnerando ¡°el derecho de participaci¨®n de los diputados¡±; el mismo argumento que esgrimi¨® para paralizar la reforma del sistema de elecci¨®n de los magistrados del Constitucional.

A finales de diciembre, el diputado Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro y otros representantes del Grupo Popular recibieron en el Congreso a una delegaci¨®n de periodistas, encabezada por Miguel ?ngel Noceda, nuevo presidente de la FAPE, a quienes explicaron su rechazo a la iniciativa del PSOE alegando que el Gobierno tiene tiempo si quiere de aprobar antes de que acabe la legislatura un proyecto de ley que cumpla todos los tr¨¢mites preceptivos (incluido el dictamen de los ¨®rganos consultivos), en vez de pretender ¡°colar por la puerta de atr¨¢s¡± una ley org¨¢nica de este calado. ¡°Evidentemente, preferimos que la ley salga con el mayor acuerdo posible¡±, subraya Noceda. Ante sus discrepancias en la forma, fuentes del PP no han querido valorar el fondo del texto.

El proyecto, de solo siete art¨ªculos, configura el secreto profesional como ¡°un derecho y un deber¡± tanto del periodista como del director del medio, si este conoce la fuente de la informaci¨®n. Tras declarar categ¨®ricamente que ¡°ning¨²n periodista ser¨¢ perseguido por proteger la identidad de sus fuentes¡±, su art¨ªculo 2 incluye la primera definici¨®n de periodista que figura en un texto legal espa?ol: ¡°los y las profesionales que se dedican a comunicar informaci¨®n veraz a la ciudadan¨ªa por cualquier medio de comunicaci¨®n, cuya principal misi¨®n sea hacer realidad el derecho a la informaci¨®n que tiene la sociedad¡±. El concepto es importante porque no exige, al contrario de lo que se pide para ingresar en las asociaciones de la prensa, disponer de ninguna titulaci¨®n. Y tambi¨¦n porque restringe la condici¨®n de periodistas a quien tiene como profesi¨®n comunicar informaci¨®n veraz, no entretener o divertir.

Adem¨¢s, el proyecto define como medios de comunicaci¨®n ¡°todos aquellos canales (prensa, radio, televisi¨®n o digital) que difunden informaciones verdaderas y est¨¢n sustentados en una sociedad editora o persona f¨ªsica propietaria (p¨²blica o privada) comprometida con las buenas pr¨¢cticas y c¨®digos deontol¨®gicos que rigen el periodismo¡±, lo que de entrada excluye una mera cuenta en una red social y a buena parte de los youtubers o influencers.

El secreto profesional, seg¨²n el texto, no solo ampara la identidad de la fuente, sino tambi¨¦n el canal a trav¨¦s del cual se transmiti¨® la informaci¨®n, el contenido de la misma y ¡°cualquier otro elemento que pudiera ser empleado para identificar¡± su origen.

Con todo, el art¨ªculo m¨¢s delicado es el que fija los l¨ªmites al secreto profesional: cu¨¢ndo el periodista deja de estar amparado por el mismo. El proyecto pone dos excepciones a la norma general: ¡°cuando se constate fehacientemente que la fuente ha falseado conscientemente la informaci¨®n¡±; y ¡°cuando la revelaci¨®n de la fuente sea el ¨²nico medio para evitar un da?o grave e inminente a la vida, la integridad f¨ªsica o la seguridad de las personas¡±. El primer caso es controvertido, pues el hecho de que la fuente enga?e al periodista no exime de responsabilidad a este; pero en ambos supuestos se exige un ¡°mandato judicial expreso de un ¨®rgano de la jurisdicci¨®n penal, que deber¨¢ valorar la necesidad y proporcionalidad de la medida¡±.

Agust¨ªn Ruiz Robledo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, considera que el texto es ¡°globalmente positivo¡±, ya que, si no hay ley, el margen de interpretaci¨®n por parte de los jueces es mayor. Las excepciones que prev¨¦ el proyecto son ¡°muy excepcionales¡±, por lo que no cree que en la pr¨¢ctica tengan mucha incidencia. Eso s¨ª, apostilla que la redacci¨®n es manifiestamente mejorable y echa de menos una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir a los periodistas entre quienes, como los sacerdotes, no est¨¢n obligados a declarar como testigos si eso vulnera su obligaci¨®n de guardar secreto. Tambi¨¦n Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, considera que el proyecto ¡°consolida y fortalece el secreto profesional de los periodistas¡± y a?ade que ¡°es sumamente positivo para la protecci¨®n del derecho a la informaci¨®n. Lo mejor que podr¨ªa salir¡±.

La ley, cuya tramitaci¨®n depende del resultado del recurso planteado por el PP, no puede ocultar que es hija del caso Cursach: uno de sus art¨ªculos excluye expresamente, bajo cualquier circunstancia, la ¡°requisa de las herramientas de trabajo de los periodistas, sean estas del tipo que sean, en el ejercicio de su profesi¨®n¡±. Justo lo que hizo el juez Florit. En cambio, no proh¨ªbe que se puedan interceptar las comunicaciones de los periodistas para descubrir sus fuentes, prohibici¨®n que recomend¨® el Consejo de Europa en marzo de 2000.