Conde-Pumpido, un progresista con perfil combativo
El nuevo presidente del Constitucional, fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, ejerci¨® durante dos etapas en el Supremo antes de llegar al tribunal de garant¨ªas en 2017, donde ha confrontado en estos a?os con la mayor¨ªa conservadora
C¨¢ndido Conde-Pumpido (A Coru?a, 1949), reci¨¦n elegido presidente del Tribunal Constitucional, ingres¨® en la carrera judicial en 1974 y dos d¨¦cadas m¨¢s tarde, en 1995, ingresaba en el Supremo como el magistrado m¨¢s joven de este alto tribunal, en concreto de su Sala Penal. Contaba entonces con 45 a?os de edad y hab¨ªa desarrollado ya una intensa actividad jurisdiccional, acad¨¦mica y social, siguiendo una larga tradici¨®n familiar. Su abuelo fue presidente de tres Audiencias Territoriales, el antecedente de los actuales Tribunales Superiores de Justicia, y su padre, teniente fiscal del Supremo.
Desde principios de los ochenta, como magistrado de la Audiencia de San Sebasti¨¢n, Conde-Pumpido fue convirti¨¦ndose en un protagonista de la historia judicial del pa¨ªs. Fueron los ¡°a?os de plomo¡± de la lucha contra ETA, y los de la aparici¨®n de los GAL. La experiencia acumulada en aquella etapa, que dur¨® cinco a?os, le fueron muy ¨²tiles m¨¢s tarde para el desempe?o del cargo que quiz¨¢s ha marcado en mayor medida su trayectoria, el de fiscal general del Estado, entre 2004 y 2011, porque fue en ese per¨ªodo cuando m¨¢s pudo avanzarse y consolidarse el final del terrorismo.
Conde-Pumpido tuvo una importante intervenci¨®n en decisiones que se adoptaron en este complejo per¨ªodo. Estuvo, por ejemplo, entre el grupo mayoritario de magistrados del Supremo que conden¨® al exministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, en la sentencia de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey. Por otra parte, una intervenci¨®n de Conde-Pumpido en un congreso de Jueces para la Democracia dio origen a una fuerte controversia al afirmar que ¡°el vuelo de las togas de los fiscales no eludir¨¢ el contacto con el polvo del camino¡±. El PP interpret¨® esta frase como demostrativa de supuestas concesiones en la lucha contra el terrorismo, y pidi¨® su dimisi¨®n, obviando otros aspectos del mismo discurso en los que destac¨® el compromiso de la Fiscal¨ªa en la lucha contra ETA. Conde-Pumpido dijo en su intervenci¨®n, por ejemplo: ¡°los fiscales hemos aguantado en pie y con la toga puesta cuarenta a?os de despiadado terrorismo etarra, y sin m¨¢s munici¨®n que la Constituci¨®n y la ley emanadas de este Parlamento, ni m¨¢s arma que nuestros dict¨¢menes y nuestras sentencias, hemos puesto esa maquinaria asesina al borde de su extinci¨®n¡±.
En su defensa de la legalidad, mantuvo en ¨¦sta y otras ocasiones que no hay atajos en la lucha contra la criminalidad. As¨ª, por ejemplo, como portavoz de Jueces para la Democracia critic¨® la ley de ¡°la patada en la puerta¡±, que permit¨ªa registros domiciliarios sin autorizaci¨®n judicial en caso de delitos presuntamente flagrantes, y cuando el Constitucional anul¨® este precepto concreto, afirm¨® confiar ¡°en que este varapalo jur¨ªdico induzca al Ministerio del Interior a comprender que el camino de la disminuci¨®n de las garant¨ªas jur¨ªdicas ni es leg¨ªtimo ni es pol¨ªticamente rentable¡±.
La actividad de C¨¢ndido Conde-Pumpido al frente de la Fiscal¨ªa ¡ªfavorecida por ser el suyo el mandato m¨¢s largo de los fiscales generales habidos desde la Transici¨®n¡ª cambi¨® en aspectos esenciales la estructura y funcionamiento del ministerio p¨²blico. De entrada, promovi¨® en 2007 una modificaci¨®n del Estatuto de los fiscales que increment¨® su autonom¨ªa con respecto al Gobierno. A partir de ese cambio, el Ejecutivo ya no pudo cesar al fiscal general por propia voluntad, sino por causas tasadas, con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias por conveniencias pol¨ªticas.
Durante esta etapa se pusieron en marcha o se potenciaron diversas fiscal¨ªas especializadas en las m¨¢s diversas materias, entre ellas lucha antiterrorista, criminalidad inform¨¢tica, cooperaci¨®n internacional, y sobre todo la dedicada a combatir los casos de corrupci¨®n. En este mismo per¨ªodo tambi¨¦n fue esencial la actuaci¨®n de los ¨®rganos de la Fiscal¨ªa y la justicia en aplicaci¨®n de la ley de Partidos Pol¨ªticos, frente a las diversas marcas que la izquierda abertzale pretendi¨® utilizar electoralmente actuando como brazo pol¨ªtico de ETA.
La gran tarea, emprendida pero no culminada, que qued¨® pendiente en esa etapa fue la de la transformaci¨®n del proceso penal en Espa?a, para que la investigaci¨®n de los delitos y la instrucci¨®n de los sumarios pase a manos de los fiscales, correspondiendo a los jueces el papel de garantizar los derechos de las partes en el proceso. Ha habido diversos intentos de cambiar el actual modelo de investigaci¨®n de las causas penales, pero de un modo u otro siempre han faltado las circunstancias id¨®neas para hacer posible el consenso pol¨ªtico. En este caso, en 2011, un adelanto electoral impidi¨® que la iniciativa llegara a buen puerto.
Tras la victoria electoral del PP en 2011, Conde-Pumpido regres¨® a la Sala Penal del Supremo, en la que fue su segunda etapa en el alto tribunal, de donde pas¨® en 2017 al Constitucional a propuesta del Senado. En esta ¨²ltima etapa sus conocimientos como penalista, y en concreto en materia de delitos econ¨®micos, ha sido fundamental para su labor en el tribunal de garant¨ªas. Junto a Antonio Narv¨¢ez, fiscal del Supremo, se ocup¨® de coordinar las sentencias relativas a los recursos de los condenados en la causa del 1-O, hasta que las recusaciones presentadas contra ambos, cuestionando su imparcialidad por declaraciones realizadas sobre el proc¨¦s, condujo a su abstenci¨®n. Para entonces, sin embargo, ya estaba dictada la mayor parte de estos fallos, en los que Conde-Pumpido se pronunci¨® junto a la mayor¨ªa, que aval¨® las resoluciones del Supremo y la condena de los l¨ªderes independentistas por los delitos de sedici¨®n en concurso medial con el de malversaci¨®n.
Durante el ¨²ltimo per¨ªodo, Conde-Pumpido mantuvo discrepancias radicales con la mayor¨ªa conservadora del Constitucional. As¨ª fue con respecto a las sentencias que anularon los decretos del estado de alarma para hacer frente a la pandemia. El tribunal consider¨® que hab¨ªa que haber pedido a las Cortes la declaraci¨®n del estado de excepci¨®n, puesto que se acord¨® una suspensi¨®n de diversos derechos fundamentales. Aquellas sentencias se aprobaron por seis votos a cinco, correspondientes respectivamente a los bloques conservador y progresista. Con el mismo resultado se aprob¨® en diciembre pasado la intervenci¨®n del tribunal para parar las reformas legislativas que pretend¨ªan facilitar la renovaci¨®n del propio Constitucional. La combatividad de Conde-Pumpido en este y otros asuntos ha llevado a que la derecha judicial y pol¨ªtica haya intentado dificultar en extremo su acceso a la presidencia del tribunal.
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