La okupaci¨®n de viviendas se frena por primera vez en siete a?os pese a los discursos alarmistas

Las ¨²ltimas estad¨ªsticas de criminalidad desmontan el discurso alarmista sobre la okupaci¨®n de viviendas. El n¨²mero de estas infracciones penales registradas en Espa?a en 2022 fue de 16.726, un 3,2% menos que el a?o anterior, cuando esta cifra se hab¨ªa disparado hasta las 17.274, m¨¢ximo hist¨®rico, seg¨²n los datos recogidos por el Sistema Estad¨ªstico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior y que recopila la informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil, las polic¨ªas auton¨®micas y los cuerpos municipales.

La cifra supone el primer descenso de un fen¨®meno ...

Las ¨²ltimas estad¨ªsticas de criminalidad desmontan el discurso alarmista sobre la okupaci¨®n de viviendas. El n¨²mero de estas infracciones penales registradas en Espa?a en 2022 fue de 16.726, un 3,2% menos que el a?o anterior, cuando esta cifra se hab¨ªa disparado hasta las 17.274, m¨¢ximo hist¨®rico, seg¨²n los datos recogidos por el Sistema Estad¨ªstico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior y que recopila la informaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil, las polic¨ªas auton¨®micas y los cuerpos municipales.

La cifra supone el primer descenso de un fen¨®meno que ha sufrido un continuo y acusado incremento bajo gobiernos de diferente signo desde 2016, cuando se contabilizaron 9.918 casos. En estas cifras se incluyen tanto los casos de usurpaciones ¨Dreferidos a las entradas en pisos vac¨ªos propiedad de bancos o fondos de inversi¨®n y que son la inmensa mayor¨ªa¨D como los allanamientos de morada ¨Den los que lo que se okupa es la vivienda habitual o la segunda residencia de particulares, que representan cifras residuales¨D. El primer delito est¨¢ castigado con un m¨¢ximo de seis meses de c¨¢rcel. El segundo, con hasta dos a?os.

Por comunidades, el descenso alcanza a 12, entre ellas tres de las cuatro m¨¢s afectadas por este fen¨®meno, que acumulan el 78% de todas las denuncias, seg¨²n los datos a los que ha tenido acceso EL PA?S. As¨ª, en Catalu?a, donde m¨¢s denuncias se reciben, con diferencia, se ha pasado de las 7.345 de 2021 a 7.005 del a?o pasado (un descenso del 4,7%); en Andaluc¨ªa, de las 2.557 a 2.502 (un 2,2% menos), y en Madrid, de las 1.660 a 1.501 (casi un 10% de reducci¨®n). La Comunidad Valencia es la ¨²nica de las regiones en las que se superan las mil denuncias anuales en las que las cifras han subido en el ¨²ltimo a?o, al pasar de 1.779 a 2024 (un 13,7% m¨¢s).

El frenazo general en el n¨²mero de casos ya hab¨ªa sido anticipado por la Fiscal¨ªa General del Estado en su ¨²ltima memoria anual, referida a 2021. Entonces, el ministerio p¨²blico ya destacaba que los procedimientos incoados ese a?o por usurpaci¨®n de inmuebles (9.739) confirmaban ¡°la tendencia a la estabilizaci¨®n¡± iniciada en 2020 y destacaba que en el periodo analizado solo se hab¨ªa producido la incoaci¨®n de nueve procedimientos m¨¢s que el a?o anterior. Respecto a los allanamientos de morada, la modalidad de okupaci¨®n que m¨¢s resonancia medi¨¢tica tiene y, con ello, m¨¢s alarma crea, las cifras de la Fiscal¨ªa reflejan su car¨¢cter excepcional. En 2021 se hab¨ªan presentado escritos de acusaci¨®n en 83 procedimientos por este delito.

En la misma l¨ªnea, el Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) recoge que en 2021 hubo en Espa?a 230 condenas por allanamiento ¨Del dato incluye todas las modalidades de este delito, no solo la okupaci¨®n¨D, lejos del pico de 2016, cuando fueron 357 casos. Algo similar recoge en los de usurpaci¨®n, cuyas cifras revelan que representan la parte principal del problema: en 2021 hubo 4.302 condenados, lejos a¨²n de los 6.757 de 2017, pero muy por encima de los 1.669 condenados en 2013.

La reducci¨®n de casos en 2022 que ahora arrojan las estad¨ªsticas de Interior es calificada por Antonia Linde, directora del Grado de Criminolog¨ªa en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y una de las mayores expertas internacionales en tendencias de la criminalidad, como ¡°anecd¨®tica¡±, a la espera de ver c¨®mo evoluciona en los pr¨®ximos a?os. No obstante, Linde apunta que puede ser un primer s¨ªntoma del estancamiento de un fen¨®meno que hasta ahora no hab¨ªa dejado de crecer. Sobre todo porque entre 2020 y 2021, el incremento hab¨ªa sido de cerca del 17%.

Para Linde, las causas de este frenazo ¡°pueden ser diversas¡±, y cita entre ellas las actuaciones sociales puestas en marcha por algunos ayuntamientos para combatir la okupaci¨®n o el efecto disuasorio que ha podido tener el anuncio, por parte del Gobierno, de medidas legales para agilizar los procedimientos para desocupar estos inmuebles y hacer frente a los grupos de criminalidad organizados que han encontrado en esta actividad un lucrativo negocio, como ha desvelado la investigaci¨®n del caso Squatter tras la desarticulaci¨®n de una de estas mafias en Barcelona.

Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP), incide en este sentido y apunta a otra medida como posible explicaci¨®n de la reducci¨®n: la circular emitida, en septiembre de 2020, por la entonces fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la que instaba a los fiscales a actuar ¡°con la mayor inmediatez¡± contra la okupaci¨®n ilegal de inmuebles mientras se dirime el asunto en los juzgados. ¡°Esta medida provoc¨® que el Ministerio del Interior elaborara poco despu¨¦s un protocolo de actuaci¨®n para la polic¨ªa que ha aclarado, como ven¨ªamos pidiendo desde hace mucho, qu¨¦ deben hacer los agentes ante este delito¡±. Otras fuentes policiales a?aden que tambi¨¦n han influido los ¨²ltimos golpes policiales contra grupos organizados que realizan estas okupaciones por encargo para alquilar el inmueble despu¨¦s a terceras personas e, incluso, para instalar en ellos los denominados narcopisos o prost¨ªbulos.

Antonia Linde cree que la mejor medida legal para hacer frente a este fen¨®meno es ¡°la celeridad judicial¡± y considera que otras propuestas hechas en los ¨²ltimos meses por algunos partidos no son efectivas. Entre ellas, sit¨²a la iniciativa pactada por el PP, Vox y Ciudadanos que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes okupan inmuebles ilegalmente y que fue rechazada por el Congreso el pasado octubre. ¡°Diversos estudios han constatado que el populismo punitivo [anunciar en endurecimiento de penas] al que recurren habitualmente los pol¨ªticos no sirve ni para este ni para otros delitos¡±, recalca esta experta, que tambi¨¦n integra el European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, organismo especializado en el an¨¢lisis de datos de delincuencia.

La experta tampoco considera eficaces otras medidas, como el tel¨¦fono de denuncias contra la okupaci¨®n de inmuebles puesto en marcha por la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, el pasado verano, con el argumento de que estos sucesos eran ¡°un fen¨®meno que genera una gran preocupaci¨®n social y una innegable sensaci¨®n de inseguridad en la ciudadan¨ªa¡±. Para Linde, este tipo de iniciativas ¡°no son operativas. Si a m¨ª me ocurriera, yo no llamar¨ªa. Ir¨ªa a la polic¨ªa a denunciar¡±, a?ade. Las cifras de llamadas que ha recibido este tel¨¦fono en los primeros seis meses de funcionamiento avalan esa impresi¨®n: 1.163 llamadas ¨Dseis al d¨ªa¨D, de las que 42 se hicieron desde fuera de la Comunidad de Madrid. De todas ellas, solo se dio traslado a la polic¨ªa del 6%.

Ricardo Bravo, que vivi¨® durante ocho a?os en un bloque de viviendas del madrile?o barrio de Puente de Vallecas en el que varios pisos estaban okupados, es ahora el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupaci¨®n. Para ¨¦l, las cifras de casos que arroja el sistema estad¨ªstico de Interior no recoge todos: ¡°Hay propietarios que no recurren a la justicia porque es muy lenta y recurren a otras v¨ªas¡±. ?Cu¨¢les? Bravo asegura que muchos optan por llegar a acuerdos econ¨®micos con los okupas para que se vayan o, en otros casos, contratan los servicios de empresas que se anuncian como especializadas en desocupaci¨®n de viviendas. La plataforma reclama a los partidos que tomen medidas legislativas para acelerar los procesos judiciales, en l¨ªnea con lo que tambi¨¦n propone la experta.