Cuatro euros al d¨ªa de indemnizaci¨®n por tres a?os de prisi¨®n preventiva
Un estudio de dos investigadores de la Universidad de Valencia y Las Palmas revela que la indemnizaci¨®n mediana por encarcelamientos preventivos de personas que luego fueron absueltas es de 24 euros al d¨ªa, pero a los polic¨ªas o empleados p¨²blicos se les compensa m¨¢s
?Cu¨¢nto vale para los jueces espa?oles el tiempo pasado en prisi¨®n preventiva? Esta fue la pregunta que se hicieron Gabriel Dom¨¦nech (Universidad de Valencia) y Juan Luis Jim¨¦nez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y que les ha llevado a recopilar y analizar todas las indemnizaciones otorgadas por los tribunales espa?oles desde 1990 hasta la actualidad (333 casos) a quienes sufrieron prisi¨®n preventiva y luego no fueron condenados. Los resultados preliminares, que se han publicado este lunes en el blog de econom¨ªa Nada es gratis, muestran, seg¨²n los investigadores, algunos patrones de decisi¨®n ¡°dif¨ªcilmente justificables¡± sobre qu¨¦ factores afectan a la cuant¨ªa de las compensaciones. Por ejemplo, la indemnizaci¨®n mediana es de 24 euros al d¨ªa, pero a los polic¨ªas o los empleados p¨²blicos se les compensa mucho m¨¢s que al resto de trabajadores (a pesar de que aquellos siguen cobrando parte de su sueldo cuando est¨¢n en prisi¨®n preventiva y lo recuperan todo con efecto retroactivo si son absueltos).
Las reglas aplicadas en Espa?a para decidir qui¨¦n tiene derecho a ser compensado por prisi¨®n preventiva indebida han ido cambiando en los ¨²ltimos 30 a?os. En su redacci¨®n original, el art¨ªculo 294 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (LOPJ) dispon¨ªa que tendr¨ªan ¡°derecho a indemnizaci¨®n quienes, despu¨¦s de haber sufrido prisi¨®n preventiva, [fuesen] absueltos por inexistencia del hecho imputado¡±. El Tribunal Supremo interpret¨® este precepto en el sentido de que el Estado deb¨ªa indemnizar cuando quedaba probada la inocencia del acusado, bien porque el delito imputado no hab¨ªa existido o bien porque ¨¦l no lo hab¨ªa cometido; pero no cab¨ªa indemnizaci¨®n cuando hab¨ªa sido absuelto en virtud del principio de presunci¨®n de inocencia porque hab¨ªa una duda razonable sobre su culpabilidad. A partir de 2010, y tras un ¡°rapapolvo¡± del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cambi¨® la ley y empez¨® a indemnizarse solo a quienes hab¨ªan sido acusados de un delito inexistente (si el delito existi¨®, aunque se demostrara la inocencia, no hab¨ªa derecho a indemnizaci¨®n). Pero el Constitucional anul¨® parte de la norma en 2019 y, desde entonces, se entiende que pr¨¢cticamente todas las personas que han sufrido prisi¨®n preventiva no seguida de condena tienen derecho a ser indemnizadas.
Las indemnizaciones por prisi¨®n preventiva indebida las concede el Ministerio de Justicia, pero en muchas ocasiones el caso acaba en los tribunales porque el acusado recurre ya sea la decisi¨®n de no compensarle por el tiempo que estuvo encarcelado o la cuant¨ªa fijada por la Administraci¨®n. En estos casos, muy habituales y en los que son los tribunales quienes determinan la indemnizaci¨®n, es en los que han centrado su estudio los profesores Dom¨¦nech y Jim¨¦nez.
La ley no pone cifras a la compensaci¨®n, solo establece que la cuant¨ªa ¡°se fijar¨¢ en funci¨®n del tiempo de privaci¨®n de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido¡±. Pero los datos, a poco que se escarbe en las resoluciones dictadas por los tribunales, muestran un gran margen para la arbitrariedad. Una de las conclusiones a la que llegan los autores del estudio es que las indemnizaciones han ido reduci¨¦ndose a medida que cambiaba la jurisprudencia y de forma muy sustancial desde 2019: la indemnizaci¨®n mediana ha pasado de ser 210 euros por d¨ªa, a 161 y 24 euros al d¨ªa respectivamente en cada periodo (1990-2010, 2010-2019 y 2019 en adelante, respectivamente). La compensaci¨®n diaria media desde 2019 es un 87% inferior a la que se condec¨ªa entre 1990 y 2010.
Otro de los datos que los autores consideran llamativo es que a mayor n¨²mero de d¨ªas en prisi¨®n preventiva, menor es la compensaci¨®n diaria otorgada. As¨ª, sus estimaciones encuentran que un aumento de un 1% en el n¨²mero de d¨ªas en prisi¨®n preventiva implica una reducci¨®n del 0,15% en la compensaci¨®n diaria (deflactada) recibida.
El an¨¢lisis individual de los casos deja algunos resultados que resultan chocantes. La indemnizaci¨®n m¨¢s baja, seg¨²n el an¨¢lisis hecho por Dom¨¦nech y Jim¨¦nez, se le otorg¨® a una persona a la que la Audiencia Nacional compens¨® con 4.500 euros por 1.121 d¨ªas de prisi¨®n indebida: en total, 4,01 euros por d¨ªa. Algo m¨¢s de suerte, aunque escasa tambi¨¦n, tuvo otro acusado al que se concedi¨® una indemnizaci¨®n de 6.000 euros por 814 d¨ªas en prisi¨®n, es decir, 7,37 euros por cada d¨ªa que permaneci¨® en la c¨¢rcel indebidamente.
Quienes trabajan reciben mayor compensaci¨®n que quienes no lo hacen (un 38% m¨¢s de media), pero hay diferencias notables por profesiones. Los polic¨ªas (aqu¨ª el estudio incluye guardias civiles y militares) y otros empleados p¨²blicos reciben una compensaci¨®n diaria ¡°destacadamente superior¡± a la del resto de trabajadores, seg¨²n el estudio. En concreto, el valor mediano de la compensaci¨®n diaria (deflactada) para polic¨ªas y empleados p¨²blicos est¨¢ en torno a los 780 euros, mientras que los aut¨®nomos reciben 335, y los trabajadores de empresas privadas, cantidades inferiores. En datos globales, los empleados reciben un 38% m¨¢s que quienes no acreditan empleo alguno, mientras que los polic¨ªas, un 171% m¨¢s.
Para establecer posibles relaciones que pudieran influir en la cuant¨ªa de la compensaci¨®n, el estudio analiz¨® factores como la nacionalidad del indemnizado, si ten¨ªa hijos, el g¨¦nero del juez y del acusado, si se acreditaron da?os psicol¨®gicos o enfermedades causadas por la prisi¨®n o si esta tuvo un impacto medi¨¢tico. Las conclusiones demuestran que el g¨¦nero del acusado y el del juez ponente no afectan a la compensaci¨®n, tampoco la nacionalidad; pero s¨ª el haber sufrido da?os psicol¨®gicos o reputacionales extraordinarios, ya que quienes lo acreditan obtienen mayores compensaciones; y que quienes estuvieron acusados de delitos contra la libertad sexual obtienen indemnizaciones diarias m¨¢s altas que los acusados de tr¨¢fico de drogas (que constituyen la referencia).
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