El juzgado de los ERE archiva su segunda investigaci¨®n en una semana al prescribir el plazo de instrucci¨®n
La Audiencia obliga al instructor a cerrar las pesquisas por una ayuda de 200.000 euros de la Junta, pese a que ya hab¨ªa abierto juicio oral
El juzgado que investiga la macrocausa de los ERE ha archivado la pieza de la ayuda de 200.000 euros concedida por la Junta de Andaluc¨ªa a la empresa Movimientos de Tierras El Jefe S. L. por haber superado el plazo estipulado de instrucci¨®n. Es la segunda instrucci¨®n cerrada en menos de una semana por haber incumplido los plazos estipulados por ley. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, Jose Ignacio Vilaplana, ha dado carpetazo a las pesquisas despu¨¦s de que la Audiencia de Sevilla estimara el recurso d...
El juzgado que investiga la macrocausa de los ERE ha archivado la pieza de la ayuda de 200.000 euros concedida por la Junta de Andaluc¨ªa a la empresa Movimientos de Tierras El Jefe S. L. por haber superado el plazo estipulado de instrucci¨®n. Es la segunda instrucci¨®n cerrada en menos de una semana por haber incumplido los plazos estipulados por ley. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, Jose Ignacio Vilaplana, ha dado carpetazo a las pesquisas despu¨¦s de que la Audiencia de Sevilla estimara el recurso de apelaci¨®n de la defensa de uno de los investigados.
La gran pregunta es cu¨¢ntos archivos vendr¨¢n en cascada en esta macrocausa, con unas 140 piezas separadas por distintas ayudas, interrogante sin respuesta de momento. En 2015, una reforma del art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acot¨® nuevos plazos de instrucci¨®n, tiempos que no siempre han sido respetados, sobre todo en juzgados con exceso de trabajo como el juzgado de los ERE, con cientos de causas abiertas e incontables personas investigadas. En 2021 el Tribunal Supremo fij¨® su doctrina sobre c¨®mo deb¨ªan respetarse la caducidad de los plazos de instrucci¨®n, que eran ¡°de obligado cumplimiento¡±, y que afectan sobremanera a las macrocausas como los ERE fraudulentos o Invercaria.
Cada investigaci¨®n deb¨ªa renovarse en solo seis meses de plazo, un l¨ªmite legal a menudo incumplido. De momento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) carece de una cifra de recursos presentados tomando como base al art¨ªculo 324 en el caso de los ERE y el alcance que podr¨ªa tener esta grieta en la instrucci¨®n, aprovechada por las defensas. La semana pasada el juez ya debi¨® archivar otra investigaci¨®n por prescripci¨®n del plazo, en este caso la de la Industria auxiliar de la Bah¨ªa de C¨¢diz, concedida por 26 millones y con cuatro personas investigadas.
En el caso de la empresa Movimientos de Tierras El Jefe S. L., la instrucci¨®n estaba ya culminada y el magistrado hab¨ªa dictado auto de apertura de juicio oral tras recibir los escritos de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Junta y el PP, pero finalmente se diluye y archiva. La investigaci¨®n acusaba de malversaci¨®n, falsedad documental y prevaricaci¨®n al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y el empresario que recibi¨® la subvenci¨®n p¨²blica.
La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia sevillana aclar¨® el pasado 11 de julio que la investigaci¨®n deb¨ªa haber concluido el 6 de octubre de 2017, por lo que se anulaba el auto dictado una semana despu¨¦s para declarar la causa compleja -con 18 meses de instrucci¨®n- y las resoluciones de avance de tramitaci¨®n posteriores, basadas en el art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¡°Nada de lo realizado despu¨¦s tiene validez (¡) Las pr¨®rrogas de los plazos de investigaci¨®n acordadas al amparo del art¨ªculo 324 resultan inviables en el caso de que se hubiese acordado la inicial ampliaci¨®n del plazo de instrucci¨®n de forma extempor¨¢nea; viniendo a declarar la invalidez de las actuaciones¡±, expone De la Plana. ¡°Dicha ampliaci¨®n se tendr¨ªa que haber producido antes del transcurso de seis meses desde la iniciaci¨®n de la causa, por tanto, antes del 6 de octubre de 2017¡å, a?ade en su auto el juez.
El magistrado avisa de que en la investigaci¨®n ha visto ¡°indicios solventes y racionales de criminalidad¡± y por eso abri¨® juicio oral contra los investigados, pero a continuaci¨®n admite que debe seguir el criterio marcado por la Audiencia de Sevilla, ¨®rgano superior al juzgado instructor. El juez deja la puerta abierta a las acciones civiles y administrativas que la Junta pudiera ejercer para reclamar indemnizaciones por el supuesto perjuicio a las arcas p¨²blicas cometido por la concesi¨®n de la ayuda de 200.000 euros. La ayuda para la empresa era para el pago a proveedores, seguros sociales y n¨®minas de sus trabajadores.