El juzgado de los ERE archiva su segunda investigaci¨®n en una semana al prescribir el plazo de instrucci¨®n

El juzgado que investiga la macrocausa de los ERE ha archivado la pieza de la ayuda de 200.000 euros concedida por la Junta de Andaluc¨ªa a la empresa Movimientos de Tierras El Jefe S. L. por haber superado el plazo estipulado de instrucci¨®n. Es la segunda instrucci¨®n cerrada en menos de una semana por haber incumplido los plazos estipulados por ley. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, Jose Ignacio Vilaplana, ha dado carpetazo a las pesquisas despu¨¦s de que la Audiencia de Sevilla estimara el recurso de apelaci¨®n de la defensa de uno de los investigados.

La gran pregunta es cu¨¢ntos archivos vendr¨¢n en cascada en esta macrocausa, con unas 140 piezas separadas por distintas ayudas, interrogante sin respuesta de momento. En 2015, una reforma del art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acot¨® nuevos plazos de instrucci¨®n, tiempos que no siempre han sido respetados, sobre todo en juzgados con exceso de trabajo como el juzgado de los ERE, con cientos de causas abiertas e incontables personas investigadas. En 2021 el Tribunal Supremo fij¨® su doctrina sobre c¨®mo deb¨ªan respetarse la caducidad de los plazos de instrucci¨®n, que eran ¡°de obligado cumplimiento¡±, y que afectan sobremanera a las macrocausas como los ERE fraudulentos o Invercaria.

Cada investigaci¨®n deb¨ªa renovarse en solo seis meses de plazo, un l¨ªmite legal a menudo incumplido. De momento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) carece de una cifra de recursos presentados tomando como base al art¨ªculo 324 en el caso de los ERE y el alcance que podr¨ªa tener esta grieta en la instrucci¨®n, aprovechada por las defensas. La semana pasada el juez ya debi¨® archivar otra investigaci¨®n por prescripci¨®n del plazo, en este caso la de la Industria auxiliar de la Bah¨ªa de C¨¢diz, concedida por 26 millones y con cuatro personas investigadas.

En el caso de la empresa Movimientos de Tierras El Jefe S. L., la instrucci¨®n estaba ya culminada y el magistrado hab¨ªa dictado auto de apertura de juicio oral tras recibir los escritos de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Junta y el PP, pero finalmente se diluye y archiva. La investigaci¨®n acusaba de malversaci¨®n, falsedad documental y prevaricaci¨®n al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y el empresario que recibi¨® la subvenci¨®n p¨²blica.

La Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia sevillana aclar¨® el pasado 11 de julio que la investigaci¨®n deb¨ªa haber concluido el 6 de octubre de 2017, por lo que se anulaba el auto dictado una semana despu¨¦s para declarar la causa compleja -con 18 meses de instrucci¨®n- y las resoluciones de avance de tramitaci¨®n posteriores, basadas en el art¨ªculo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¡°Nada de lo realizado despu¨¦s tiene validez (¡­) Las pr¨®rrogas de los plazos de investigaci¨®n acordadas al amparo del art¨ªculo 324 resultan inviables en el caso de que se hubiese acordado la inicial ampliaci¨®n del plazo de instrucci¨®n de forma extempor¨¢nea; viniendo a declarar la invalidez de las actuaciones¡±, expone De la Plana. ¡°Dicha ampliaci¨®n se tendr¨ªa que haber producido antes del transcurso de seis meses desde la iniciaci¨®n de la causa, por tanto, antes del 6 de octubre de 2017¡å, a?ade en su auto el juez.

El magistrado avisa de que en la investigaci¨®n ha visto ¡°indicios solventes y racionales de criminalidad¡± y por eso abri¨® juicio oral contra los investigados, pero a continuaci¨®n admite que debe seguir el criterio marcado por la Audiencia de Sevilla, ¨®rgano superior al juzgado instructor. El juez deja la puerta abierta a las acciones civiles y administrativas que la Junta pudiera ejercer para reclamar indemnizaciones por el supuesto perjuicio a las arcas p¨²blicas cometido por la concesi¨®n de la ayuda de 200.000 euros. La ayuda para la empresa era para el pago a proveedores, seguros sociales y n¨®minas de sus trabajadores.