An¨¢lisis del documento del pacto PSOE-Junts: un relato con olvidos, divergencias y falta de claridad sobre el ¡®lawfare¡¯ en la amnist¨ªa
Las claves del texto completo oficial de cuatro p¨¢ginas que han rubricado las formaciones pol¨ªticas para despejar la investidura de Pedro S¨¢nchez
PSOE y Junts formalizaron el jueves un acuerdo que facilita la pr¨®xima investidura de Pedro S¨¢nchez. El pacto incluye la aprobaci¨®n de una ley de amnist¨ªa para todos los encausados por el proc¨¦s y una mesa de negociaci¨®n en la que participen ambos partidos con un verificador internacional y que aborde dos cuestiones: el encaje de Catalu?a en Espa?a y la financiaci¨®n de la comunidad aut¨®noma. Este es el texto completo oficial del acuerdo formal que rubricaron ambas formaciones y un an¨¢lisis de los puntos clave del mismo.
El acuerdo
El Partido Socialista Obrero Espa?ol y Junts per Catalunya constatan que la situaci¨®n pol¨ªtica actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto hist¨®rico sobre el futuro pol¨ªtico de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una din¨¢mica para su resoluci¨®n en t¨¦rminos diferentes a los de la ¨²ltima legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composici¨®n de las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023.
1. Antecedentes
Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los ¨²ltimos a?os una gran movilizaci¨®n en favor de la independencia. Este per¨ªodo no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a ra¨ªz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatut aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en refer¨¦ndum.
Con la aprobaci¨®n de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrend¨®, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como naci¨®n como la soluci¨®n a las limitaciones del autogobierno y a los d¨¦ficits acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido hist¨®rico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya. Unas reivindicaciones donde las cuestiones ling¨¹¨ªsticas, culturales e institucionales han tenido un papel destacado, especialmente en periodos en los que estas fueron objeto de una limitaci¨®n legal severa e incluso de una prohibici¨®n o persecuci¨®n activa. La complejidad hist¨®rica y pol¨ªtica de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema pol¨ªtico vigente en Espa?a.
La sentencia del TC del a?o 2010 conllev¨® que hoy Catalunya sea la ¨²nica comunidad aut¨®noma con un estatuto que no ha sido votado ¨ªntegramente por su ciudadan¨ªa. Como reacci¨®n, se produjo una gran manifestaci¨®n de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayor¨ªas absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones auton¨®micas, as¨ª como movilizaciones masivas de signo independentista. En ese per¨ªodo, se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Catalunya en materia fiscal, as¨ª como la solicitud de delegaci¨®n de la competencia para la autorizaci¨®n de referendos o la organizaci¨®n de una consulta al amparo de una ley auton¨®mica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociaci¨®n pol¨ªtica y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada.
Las principales propuestas del Gobierno catal¨¢n antes de iniciar la v¨ªa independentista con la consulta de 2014 llegaron de la mano de Artur Mas, quien reclam¨® al entonces presidente, Mariano Rajoy, un trato fiscal privilegiado para Catalu?a similar al que la Constituci¨®n ampara para Euskadi y Navarra. Rajoy rechaz¨® la propuesta y el Gobierno catal¨¢n, con enormes dificultades financieras incluso para pagar las n¨®minas de sus funcionarios, promovi¨® iniciativas fuera del marco legal para convocar la consulta de 2014 y finalmente el refer¨¦ndum ilegal de 2017, ambos anulados por el Tribunal Constitucional.
Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, despu¨¦s, un refer¨¦ndum de independencia el 1 de octubre de 2017 ¡ªambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC¡ª con una participaci¨®n masiva en favor de la independencia de Catalunya. El intento del Gobierno de impedir el refer¨¦ndum dio lugar a unas im¨¢genes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Todo ello llev¨® a la aprobaci¨®n del art¨ªculo 155 de la CE, mediante la cual se decret¨® la disoluci¨®n del Parlament, la destituci¨®n del Gobierno catal¨¢n y la convocatoria anticipada de elecciones, que volvieron a dar mayor¨ªa absoluta a los partidos independentistas. Y a ra¨ªz de lo acontecido se iniciaron m¨²ltiples causas judiciales, muchas de ellas a¨²n sin resolver, que afectan a un gran n¨²mero de personas.
Dichas causas judiciales han tenido una incidencia pol¨ªtica relevante, al igual que diversas resoluciones de organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
El cap¨ªtulo de antecedentes que encabeza el acuerdo entre PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro S¨¢nchez, garantizar la futura estabilidad de su Gobierno y promover una ley de amnist¨ªa que borre los delitos cometidos por cientos de independentistas catalanes, entre ellos la mayor¨ªa del Ejecutivo catal¨¢n presidido por Carles Puigdemont, hace un relato de hechos lleno de olvidos.
Los dos partidos firmantes del acuerdo evitan se?alar que muchas de las acciones pol¨ªticas para la independencia fueron prohibidas por jueces y declaradas ilegales. Tan solo recuerdan que el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017 fue anulado por el Tribunal Constitucional. El PSOE, uno de los firmantes de este acuerdo, se opuso a esas acciones pol¨ªticas del Gobierno catal¨¢n, aunque no lo recuerda en el texto firmado ahora, ni tampoco que apoy¨® la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 para intervenir la Generalitat de Catalu?a. Nada se dice sobre la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a de ordenar a los Mossos el precinto de los colegios electorales para evitar la celebraci¨®n de la consulta ni tampoco que orden¨® a la Polic¨ªa Nacional y a la Guardia Civil que impidieran la apertura de los centros de votaci¨®n el domingo. Las cargas policiales que se registraron, criticadas en el texto, se las atribuyen al Gobierno del PP. Al refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre estaban llamados 5,3 millones de ciudadanos, seg¨²n la informaci¨®n del propio Gobierno catal¨¢n, pero solo participaron 2,2 millones (43%), de los que el 90% vot¨® a favor de la secesi¨®n. El relato de hechos tampoco recuerda la declaraci¨®n unilateral de independencia que hizo Puigdemont ni que suspendi¨® ¡°sus efectos¡± unos segundos despu¨¦s en ¡°aras del acuerdo y del di¨¢logo¡±.
2. Oportunidad hist¨®rica
Este relato sint¨¦tico de hechos acredita objetivamente las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto que solo la pol¨ªtica en democracia puede encauzar para buscar una soluci¨®n, dado que, seis a?os despu¨¦s, la cuesti¨®n de fondo sigue sin resolverse. Y, a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una soluci¨®n pol¨ªtica y negociada al conflicto.
Los dos partidos asumen la existencia de un conflicto en Catalu?a, una ¡°cuesti¨®n de fondo que sigue sin resolverse¡± y que consiste en la reivindicaci¨®n de la independencia por una parte de la clase pol¨ªtica que ahora suma mayor¨ªa absoluta en el Parlamento catal¨¢n constituido tras las elecciones auton¨®micas de 2021. Esos partidos (ERC, Junts y CUP) sumaron menos del 30% de los votos en Catalu?a en las ¨²ltimas elecciones generales de julio de 2023.
PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable. La resoluci¨®n debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad.
Por ello, PSOE y Junts apuestan por la negociaci¨®n y los acuerdos como m¨¦todo de resoluci¨®n de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto hist¨®rico sobre el futuro pol¨ªtico de Catalunya.
Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya que, de acuerdo al Estatut (que tiene car¨¢cter de ley org¨¢nica), representa leg¨ªtimamente al pueblo de Catalunya.
Acuerdos
El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obst¨¢culos del proceso que se disponen a emprender. Por un lado, Junts considera leg¨ªtimo el resultado y el mandato del refer¨¦ndum del 1 de octubre, as¨ª como la declaraci¨®n de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al refer¨¦ndum y a la declaraci¨®n, y mantiene su rechazo a cualquier acci¨®n unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones.
El PSOE remarca en esta parte del acuerdo la ilegalidad del desaf¨ªo independentista catal¨¢n, algo que obvia en los antecedentes que describen lo ocurrido en Catalu?a. Los socialistas niegan ¡°toda legalidad y validez al refer¨¦ndum¡±, as¨ª como a la declaraci¨®n unilateral de independencia que el propio Carles Puigdemont suspendi¨® apenas unos segundos despu¨¦s de proclamarla dando por v¨¢lido el resultado de la consulta anulada por el Constitucional. Los socialistas afirman en el acuerdo su rechazo a cualquier acci¨®n unilateral, que es tanto como sugerir que si los independentistas vuelven a intentar algo parecido al refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre y la declaraci¨®n de independencia, se actuar¨¢ contra ellos. Por su parte, Junts ve leg¨ªtimo el resultado y el mandato del refer¨¦ndum as¨ª como la declaraci¨®n de independencia, algo que los tribunales y el Constitucional niegan.
Para la consecuci¨®n de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resoluci¨®n del conflicto, adem¨¢s de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompa?ar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociaci¨®n y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue.
El mecanismo de verificaci¨®n internacional, que frustr¨® la primera mesa de di¨¢logo entre el Gobierno independentista catal¨¢n y el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez de 2019, vuelve a ser una pieza clave del acuerdo que los socialistas han alcanzado tanto con ERC como con Junts. La l¨ªnea roja que frustr¨® el primero de los acuerdos en 2019 se ha convertido ahora en una concesi¨®n del PSOE a los independentistas para garantizarse el acuerdo de investidura.
Es en ese marco en el que ambas partes tendr¨¢n que acordar, en su caso:
? La metodolog¨ªa de la negociaci¨®n para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompa?amiento, verificaci¨®n y seguimiento del que se han dotado, desarrollar¨¢ la negociaci¨®n entre las partes. En ese espacio se negociar¨¢, se acordar¨¢ y se abordar¨¢n los disensos, as¨ª como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos.
? Los contenidos de los acuerdos a negociar a partir de las aspiraciones de la sociedad catalana y de las demandas de sus instituciones, que en t¨¦rminos generales se agrupan en dos grandes ¨¢mbitos permanentes: las de la superaci¨®n de los d¨¦ficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya. En ese sentido y en la primera reuni¨®n de negociaci¨®n a celebrar este mes de noviembre, se plantear¨¢, entre otras cuestiones y de forma no exhaustiva:
o En cuanto al ¨¢mbito del reconocimiento nacional, Junts propondr¨¢ la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n sobre el futuro pol¨ªtico de Catalunya amparado en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n. Por su parte, el PSOE defender¨¢ el amplio desarrollo, a trav¨¦s de los mecanismos jur¨ªdicos oportunos, del Estatut de 2006, as¨ª como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y ling¨¹¨ªstica de Catalunya.
Independencia frente a autonom¨ªa. El acuerdo del PSOE y de Junts asume la apertura de un di¨¢logo sobre el futuro de Catalu?a y, a partir de aqu¨ª, admite la enorme distancia que separa a las dos partes respecto a la soluci¨®n pol¨ªtica al conflicto. Junts defiende celebrar de nuevo un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n ¡°amparado en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n¡±. Numerosos juristas y el propio Tribunal Constitucional han se?alado que ese art¨ªculo 92 no puede amparar el refer¨¦ndum para la secesi¨®n. Mientras tanto, el PSOE admite la posibilidad de negociar una ampliaci¨®n del autogobierno del que ya goza Catalu?a a trav¨¦s de su Estatuto de 2006, el mismo que el Constitucional recort¨® tras declarar inconstitucionales 14 de sus 245 art¨ªculos.
o Y en el ¨¢mbito de los d¨¦ficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondr¨¢ de entrada una modificaci¨®n de la LOFCA [Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas] que establezca una cl¨¢usula de excepci¨®n de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesi¨®n del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostar¨¢ por medidas que permitan la autonom¨ªa financiera y el acceso al mercado de Catalunya, as¨ª como un di¨¢logo singular sobre el impacto del actual modelo de financiaci¨®n sobre Catalunya. En este ¨¢mbito, tambi¨¦n se abordar¨¢n los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicaci¨®n a otros territorios en los ¨²ltimos a?os.
? La Ley de Amnist¨ªa, para procurar la plena normalidad pol¨ªtica, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y despu¨¦s de la consulta de 2014 y del refer¨¦ndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n que se constituir¨¢n en la pr¨®xima legislatura se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
El texto del acuerdo se?ala que el objetivo de la futura ley de amnist¨ªa es ¡°procurar la normalidad pol¨ªtica, institucional y social¡±, dando por sentado que la situaci¨®n actual en Catalu?a es de anormalidad pol¨ªtica, institucional y social. El acuerdo aclara que la amnist¨ªa afectar¨¢ a todos los ciudadanos y pol¨ªticos encausados (condenados, procesados o imputados) por hechos relacionados con las convocatorias ilegales de la consulta de 2014 y del refer¨¦ndum de 2017.
De otros independentistas encausados por corrupci¨®n o blanqueo de capitales sin relaci¨®n con el 'proc¨¦s', pero que los negociadores de Junts consideran que son v¨ªctimas de una actuaci¨®n prevaricadora de los jueces (lo que denominan 'lawfare'), el texto del acuerdo sugiere que se investigar¨¢n sus casos en comisiones del Congreso de los Diputados para determinar (los parlamentarios) si los independentistas afectados han sido v¨ªctimas de una supuesta persecuci¨®n judicial. Una vez que se llegara a esa conclusi¨®n, el texto del acuerdo se?ala que podr¨ªan aprobarse reformas legales. La primera lectura de este texto no aclara si esos casos ser¨¢n tambi¨¦n amnistiados y c¨®mo lo recoger¨¢ el texto de la proposici¨®n de ley. El PSOE difundi¨® un argumentario para responder a las cr¨ªticas de las asociaciones de jueces al conocer el texto del acuerdo: "El Parlamento no va a realizar, en ning¨²n caso, una revisi¨®n de ninguna sentencia o resoluci¨®n judicial. El Parlamento no fiscalizar¨¢ a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podr¨ªa haber pactado".
? La ampliaci¨®n de la participaci¨®n directa de Catalunya en las instituciones europeas y dem¨¢s organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio.
? La investidura de Pedro S¨¢nchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts.
? La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ¨¢mbitos permanentes se?alados en el punto segundo.
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