El PSOE y Junts pactan la investidura de S¨¢nchez y cierran el acuerdo sobre la amnist¨ªa

El PSOE y Junts han cerrado el acuerdo que da v¨ªa libre a la investidura de Pedro S¨¢nchez, que se celebrar¨¢ previsiblemente los d¨ªas 15 y 16 de este mes, el mi¨¦rcoles y jueves de la semana que viene, seg¨²n han confirmado fuentes parlamentarias. Est¨¢ previsto que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, haga el anuncio oficial de la fecha el lunes. Ambos grupos han cerrado ¡°el acuerdo pol¨ªtico y la ley de amnist¨ªa¡±, ha afirmado en Bruselas Santos Cerd¨¢n, n¨²mero tres del PSOE. Los socialistas han entregado una amnist¨ªa que los independentistas llevaban reclamando seis a?os y a cambio Junts da sus votos para que S¨¢nchez sea presidente; entra en la gobernabilidad despu¨¦s de a?os fuera del sistema; asume sacar de la negociaci¨®n para la investidura el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n; y tambi¨¦n acepta una frase en el acuerdo pol¨ªtico que para los socialistas supone una renuncia impl¨ªcita a la unilateralidad: ¡°PSOE y Junts apuestan por la negociaci¨®n y los acuerdos como m¨¦todo de resoluci¨®n de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto hist¨®rico sobre el futuro pol¨ªtico de Catalunya¡±.

El texto, sin embargo, tambi¨¦n contiene un relato del proc¨¦s muy cercano a las tesis independentistas, ya que se responsabiliza sobre todo al Gobierno del PP por no negociar, y Junts insiste en que no renuncia a la legitimidad del refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017. En ese acuerdo se ha pactado una mesa de di¨¢logo entre partidos que tendr¨¢ un mediador internacional, y en la que Junts reclamar¨¢ un refer¨¦ndum, pero dentro de la Constituci¨®n, amparado por el art¨ªculo 92, seg¨²n el texto, aunque el PSOE lo rechaza y apuesta por desarrollar o reformar el Estatuto de Catalu?a de 2006.

Cerd¨¢n ha insistido durante su comparecencia en la capital Belga en que no se trata de un acuerdo de investidura, sino de legislatura, con un pacto que incluye estabilidad durante cuatro a?os, lo que implica un gran giro estrat¨¦gico de Junts, hasta ahora fuera de cualquier pacto. Cerd¨¢n asegura adem¨¢s que en la ley de amnist¨ªa se ha pactado incluir a ¡°todas las personas relacionadas directa o indirectamente con el proc¨¦s¡± entre 2012 y 2023, y por tanto, ning¨²n procesado por causas que no tengan relaci¨®n con la crisis independentista vivida en los ¨²ltimos a?os en Catalu?a y las protestas relacionadas con ella. Ahora solo faltar¨ªa por firmar el acuerdo con el PNV, pero los socialistas aseguran que est¨¢ muy avanzado y solo falta cerrarlo.

Pese a que las dos partes han hecho hincapi¨¦ ¡ªtanto en el texto del acuerdo como en sus comparecencias, por separado, en Bruselas¡ª en las ¡°discrepancias¡± profundas que separan a las formaciones pol¨ªticas, tanto Cerd¨¢n como posteriormente el expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont han coincidido en una idea clave: el acuerdo devuelve el conflicto al campo de la pol¨ªtica. ¡°El PSOE y Junts han suscrito un acuerdo donde se aceptan las condiciones para iniciar una negociaci¨®n en los temas que hemos estado reclamando desde hace a?os para resolver el conflicto hist¨®rico entre Catalu?a y Espa?a¡±, ha afirmado el expresident. ¡°Es una forma de devolver a la pol¨ªtica lo que es de la pol¨ªtica¡±, ha agregado. Por su parte, Cerd¨¢n tambi¨¦n hab¨ªa celebrado el acuerdo como una ¡°oportunidad hist¨®rica para resolver un conflicto que solo desde la pol¨ªtica puede y debe resolverse¡±.

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Santos Cerd¨¢n: "El acuerdo constituye una oportunidad hist¨®rica"

El pacto no implica solo la amnist¨ªa, tambi¨¦n est¨¢ el llamado acuerdo pol¨ªtico, que incluye una mesa de di¨¢logo entre partidos con un mediador internacional, una exigencia de Puigdemont. El texto del acuerdo hace un relato de los hechos que se acerca mucho a la visi¨®n independentista, sin ninguna cr¨ªtica al proc¨¦s e incluso con la idea de que el Gobierno catal¨¢n, en manos de los independentistas, lo intent¨® todo ¡°desde la lealtad¡± pero el PP no quiso negociar. No hay apenas menciones en este relato a la fractura social ¡ªsolo se habla de ¡°las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto¡±¡ª o a los catalanes no independentistas que se sintieron agraviados por el proc¨¦s o las llamadas leyes de desconexi¨®n. El texto pasa muy r¨¢pido por el momento de mayor crisis, el 1 de octubre de 2017, y simplemente dice que el refer¨¦ndum fue declarado inconstitucional y se aplic¨® el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n.

En el documento, por el contrario, el PSOE ha logrado que no haya ning¨²n reproche a los jueces, una l¨ªnea roja para los socialistas, aunque s¨ª se hace menci¨®n a algunas resoluciones internacionales que interesaban especialmente a los independentistas, como la del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Comit¨¦ de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y s¨ª se critica claramente la actuaci¨®n policial en el refer¨¦ndum de 2017. ¡°El intento del Gobierno de impedir el refer¨¦ndum dio lugar a unas im¨¢genes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras¡±, se?ala el texto, aun as¨ª suave en este aspecto comparado con el habitual discurso independentista.

Pero lo m¨¢s relevante, despu¨¦s de la explicaci¨®n pol¨ªtica de lo que ha sucedido en los ¨²ltimos a?os, son los acuerdos. En realidad, se pacta una discrepancia, como deja claro el texto. ¡°Para la consecuci¨®n de estos acuerdos, y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resoluci¨®n del conflicto, adem¨¢s de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompa?ar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociaci¨®n y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue¡±, dice el documento. ¡°El mecanismo de acompa?amiento, verificaci¨®n y seguimiento del que se han dotado, desarrollar¨¢ la negociaci¨®n entre las partes¡±, se?ala. Puigdemont lleva a?os insistiendo en el mediador internacional, que el PSOE siempre rechazaba y finalmente ha aceptado, pero siempre que sea para una mesa entre partidos, no entre gobiernos. Todo indica que se trata de una mesa diferente a la de ERC, por lo que habr¨¢ varias mesas, una de gobiernos, y otras dos de partidos, una con ERC y otra con Junts.

En esa mesa, seg¨²n el texto, se discutir¨¢n dos grandes asuntos, que parecen dar origen a dos mesas diferentes: ¡°La superaci¨®n de los d¨¦ficits y limitaciones del autogobierno¡±, esto es, algo m¨¢s econ¨®mico, y ¡°las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya¡±. Se ha acordado una reuni¨®n de esta mesa ya en noviembre, en cuanto haya investidura. Y aqu¨ª viene el claro pacto de la discrepancia. Cada uno ir¨¢ a su mesa con sus posiciones. No hay ninguna renuncia expresa a la unilateralidad, pese a que la reclamaba el PSOE, pero los socialistas creen que indirectamente s¨ª es as¨ª porque Junts asume que solo buscar¨¢ un refer¨¦ndum dentro de la Constituci¨®n, y por tanto distinto al de 2017.

Junts ha exigido y logrado poner en el texto su reivindicaci¨®n del 1 de octubre. ¡°Por un lado, Junts considera leg¨ªtimo el resultado y el mandato del refer¨¦ndum del 1 de octubre, as¨ª como la declaraci¨®n de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al refer¨¦ndum y a la declaraci¨®n, y mantiene su rechazo a cualquier acci¨®n unilateral. Al mismo tiempo, constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones¡±, se?ala el acuerdo.

Sobre el refer¨¦ndum tambi¨¦n es clara la discrepancia. ¡°En cuanto al ¨¢mbito del reconocimiento nacional, Junts propondr¨¢ la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n sobre el futuro pol¨ªtico de Catalunya amparado en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n. Por su parte, el PSOE defender¨¢ el amplio desarrollo, a trav¨¦s de los mecanismos jur¨ªdicos oportunos, del Estatut de 2006, as¨ª como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y ling¨¹¨ªstica de Catalunya¡±, dice el texto. Esto es, Junts propone un refer¨¦ndum consultivo dentro del art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n, pero el PSOE no lo acepta.

En el ¨¢mbito econ¨®mico tambi¨¦n hay discrepancia pactada: ¡°Junts propondr¨¢ de entrada una modificaci¨®n de la LOFCA que establezca una cl¨¢usula de excepci¨®n de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesi¨®n del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostar¨¢ por medidas que permitan la autonom¨ªa financiera y el acceso al mercado de Catalunya, as¨ª como un di¨¢logo singular sobre el impacto del actual modelo de financiaci¨®n sobre Catalunya¡±, remata el texto.

Todo estaba preparado para sellar el pacto con Junts el jueves de la semana pasada, pero las negociaciones se han retrasado siete d¨ªas, sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacci¨®n no rotunda de la ley pudiera dejar fuera de la amnist¨ªa a algunas personas del entorno de Carles Puigdemont. Tem¨ªan cualquier detalle que abriera la puerta a que algunos jueces que claramente est¨¢n en contra pudieran encontrar alg¨²n recoveco legal para no aplicarla en sus casos.

Tensi¨®n en las negociaciones

Sobre el alcance que tiene la ley de amnist¨ªa pactada con Junts, el PSOE tambi¨¦n logr¨® un acuerdo sobre este tema con ERC la semana pasada, Cerd¨¢n ha puntualizado que la amnist¨ªa cubre los hechos relacionados con el proc¨¦s ¡°entre el a?o 2012 y 2023¡å. Qui¨¦n sale beneficiado del carpetazo judicial es uno de los puntos que m¨¢s ha tensado las negociaciones, ya que Junts ped¨ªa integrar los supuestos de lawfare, el uso torticero de la justicia con fines partidistas, para tratar de encajar casos como el de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont que tiene una causa abierta por blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico. Tambi¨¦n Laura Borr¨¤s, presidenta de Junts, alega que su condena a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por trocear contratos p¨²blicos es un ejemplo de lawfare. ¡°No se ha hablado de nombres en particular¡±, ha zanjado Cerd¨¢n, y ha a?adido que ¡°ser¨¢n los jueces quienes analizar¨¢n cada caso y decidir¨¢n qui¨¦n est¨¢ incluido y qui¨¦n no¡±.

Sin embargo, en el texto del acuerdo pol¨ªtico s¨ª se habla de lawfare, pero no para incluirla ahora en la ley: ¡°Las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n que se constituir¨¢n en la pr¨®xima legislatura se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas¡±, dice. Esta redacci¨®n ha indignado al mundo judicial, que entiende de aqu¨ª que el Congreso decidir¨¢ qu¨¦ es o no lawfare, y por tanto el poder legislativo decidir¨¢ cu¨¢ndo un juez est¨¢ prevaricando, porque eso es la law fare, una prevaricaci¨®n. Esto ha provocado un in¨¦dito comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces por la Democracia, para denunciar lo que ven como una intromisi¨®n del poder legislativo en el judicial y una ruptura de la separaci¨®n de poderes propia de todas las democracias.

El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha comparado el acuerdo con el 23-F, ETA y el desaf¨ªo soberanista: ¡°El golpe del Estado del 23-F, el del terrorismo, el del independentismo catal¨¢n de 2017, fueron desaf¨ªos a la libertad y a la convivencia. En este caso, el desaf¨ªo a los valores de la Constituci¨®n est¨¢ protagonizado por un candidato a la presidencia del Gobierno¡±. El tono m¨¢s duro lo ha mostrado horas antes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso. ¡°El camino es entrar en una dictadura¡±, ha dicho la l¨ªder popular en una entrevista en Antena 3, algo que ha indignado a los socialistas y ha hecho reaccionar a ?scar L¨®pez, jefe de Gabinete de S¨¢nchez: ¡°Todo tiene un l¨ªmite. No podemos consentir que el trumpismo envenene Espa?a¡±, ha se?alado.

En los ¨²ltimos d¨ªas, hab¨ªa inquietud por el retraso del acuerdo, pero en ninguno de los dos partidos exist¨ªa la sensaci¨®n de que el pacto estuviera en riesgo. Una vez cerrado, diversas fuentes apuestan por una investidura a mediados de la semana que vienes, mi¨¦rcoles y jueves, aunque a¨²n no hay confirmaci¨®n oficial. Antes tendr¨ªa que registrarse la ley, probablemente el lunes, despu¨¦s de pulirla durante el fin de semana y tambi¨¦n pactarla con los dem¨¢s grupos que la tienen que firmar. La idea del PSOE es que la norma lleve la r¨²brica de todos los partidos que apoyar¨¢n la investidura: PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG.

Durante los ¨²ltimos d¨ªas, el ruido de los disturbios en Madrid de los grupos ultra en contra de la amnist¨ªa no es lo ¨²nico que ha resonado entre los negociadores del PSOE y Junts en Bruselas. M¨¢s clara a¨²n se ha escuchado la contestaci¨®n de parte de la judicatura, desde la declaraci¨®n institucional contra la medida de gracia promovida por la mayor¨ªa conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las acciones de ¨²ltimo momento del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, imputando a Puigdemont por el caso Tsunami Democr¨¤tic. El magistrado, en contra de la opini¨®n de la Fiscal¨ªa, ve en ese caso posibles delitos de terrorismo, por lo que su mensaje acab¨® convenciendo a las dos partes negociadoras de que la ley pactada tendr¨¢ que estar blindada. ¡°Que no quepa otra interpretaci¨®n posible¡±, mantienen las partes. Las negociaciones no fueron, en las ¨²ltimas horas, pol¨ªticas, sino que estaban en manos de los expertos jur¨ªdicos de ambos lados. Son ellos quienes analizan los papeles ¡°intercambiados¡± en un ¡°flujo constante¡± que no se ha interrumpido en ning¨²n momento, confirman todas las partes.

Fuentes de la negociaci¨®n aseguran que el auto del lunes de Garc¨ªa-Castell¨®n hizo que Junts haya querido revisar uno a uno todos los art¨ªculos de una ley que ya estaba pr¨¢cticamente cerrada. Necesitaban estar 100% seguros de que jueces como el magistrado que cit¨® a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como imputados, y que ser¨ªa uno de los que tendr¨ªa que aplicar la amnist¨ªa, no pudieran encontrar resquicios legales para dejar en nada una ley que tanto est¨¢ costando negociar. El temor de Junts es que suceda como pas¨® con la reforma que implic¨® eliminar el delito de sedici¨®n y cambiar el de malversaci¨®n, y que qued¨® pr¨¢cticamente en nada cuando el Tribunal Supremo decidi¨® que esos cambios no eran aplicables a las causas contra los l¨ªderes del proc¨¦s.

Consulte aqu¨ª el texto del acuerdo: