La Audiencia no ve delito urban¨ªstico e impide al juez investigarlo en el caso del secuestro de la concejal de Maracena

Vanessa Romero, concejal de Maracena (Granada, 22.293 habitantes), fue secuestrada en febrero pasado por quien era pareja de Berta Linares, entonces alcaldesa socialista de la localidad. Romero consigui¨® escapar y la retenci¨®n dur¨® unas pocas horas. En su declaraci¨®n ante la polic¨ªa y el juez, manifest¨® su creencia de que el secuestro era la manera de callarla porque Berta Linares y su equipo cercano sab¨ªan que quer¨ªa denunciarlos por presuntas irregularidades urban¨ªsticas. El juez dio validez a las creencias de Romero y orden¨® investigar, en otro procedimiento, esos hechos. Ahora, la Audiencia Provincial de Granada insta a cesar esa investigaci¨®n porque, explica, ¡°no se aprecian indicios de la existencia de un actividad delictiva¡± y abrir esa v¨ªa equivale a ¡°una investigaci¨®n prospectiva¡±, es decir, ser¨ªa investigar para ver si aparecen los indicios que no existen y que deber¨ªan tenerse ya antes de comenzar.

Aquella ma?ana del 21 de febrero, cuando fue secuestrada tras dejar a sus hijos en el colegio, Romero llevaba varios expedientes municipales en su coche. Hac¨ªa tiempo que iban con ella en el veh¨ªculo y en el ayuntamiento corr¨ªa el runrun de que ella hab¨ªa amenazado a la alcaldesa con denunciarla por presuntas irregularidades. Tambi¨¦n a Antonio Garc¨ªa Leyva, entonces concejal de Urbanismo, y a Noel L¨®pez, exalcalde de Maracena y ahora y entonces n¨²mero tres del PSOE andaluz, aunque dej¨® de serlo temporalmente tras este incidente. El secuestrador, Pedro G¨®mez, era pareja de la alcaldesa y sufr¨ªa un cierto trastorno mental. Los indicios ¨Cla investigaci¨®n del secuestro aun contin¨²a y no hay datos firmes¨C parecen ratificar la idea de que retuvo a la concejala bajo la creencia muy subjetiva de que con ello podr¨ªa congraciarse con Linares en un momento en el que las cosas no iban del todo en la pareja.

Las declaraciones judiciales tanto de Pedro G¨®mez como de Vanessa Romero dejaban caer la sensaci¨®n de que los presuntos delitos urban¨ªsticos del equipo de gobierno ?¨Crelacionados con un gimnasio, una gasolinera, un centro de salud y un taller?¨C y la posibilidad de que acabaran en un juzgado estaban detr¨¢s del secuestro. Las pesquisas policiales resultaron en informes que reconoc¨ªan no tener datos suficientes pero consideraban oportuno seguir investigando esa posibilidad. Con esos informes y lo que hab¨ªa oido a secuestrador y secuestrada, el 25 de mayo, tres d¨ªas antes de las ¨²ltimas elecciones municipales, el juez orden¨® investigar a la alcaldesa, al exalcalde y a su concejal por ¡°la presunta comisi¨®n de la presunta existencia [sic] de hechos de car¨¢cter penalmente relevantes derivados de los documentos intervenidos¡±. Linares, que optaba a la alcald¨ªa, se retir¨® de la carrera y el PSOE, aunque gan¨® las elecciones , no consigui¨® armar una mayor¨ªa. En este momento gobierna el PP gracias a acuerdos postelectorales.

En el auto de la Audiencia Provincial de Granada, los jueces explican que ya la polic¨ªa ¡°afirma que tal documentaci¨®n no es suficiente para determinar la existencia de irregularidades en la tramitaci¨®n de los correspondientes expedientes¡±. Se refiere a la investigaci¨®n realizada sobre los expedientes aparecidos en el veh¨ªculo de la secuestrada. La Audiencia desgrana caso a caso los cuatro casos urban¨ªsticos analizados y en todos los casos llega a conclusiones como que no existe ¡°indicio alguno con relevancia penal que sobrepase el a?mbito de la sospecha que la testigo sugiere¡±, ¡°Se trata de sospechas ¡­ a partir de las manifestaciones de la testigo¡±, ¡°la afirmaci¨®n [policial] de que ¡®se observa inacci¨®n en el Ayuntamiento¡¯, adem¨¢s de constituir una apreciaci¨®n subjetiva, no aporta indiciariamente relevancia penal sin m¨¢s¡± o ¡°son suposiciones o sospechas obtenidas en exclusiva de las declaraciones de la Sra. Romero¡±.

Los cuatro jueces que firman la sentencia escriben que ¡°las conclusiones policiales, por tanto, se basan exclusivamente en la testifical de la Sra. Romero, que no establece sino sospechas y suposiciones que no encuentran corroboraci¨®n en los documentos que portaba¡±. En definitiva, afirman, no aprecian ¡°la existencia de indicios que permitan afirmar la posible comisi¨®n de hechos con relevancia penal y que justifique la apertura de un nuevo proceso penal para su esclarecimiento¡±.

Ahora, a punto de cumplirse nueve meses de un secuestro del que se derivaron diversas actuaciones judiciales en paralelo ¨Cpor el secuestro propiamente dicho, una derivaci¨®n del caso ante el Tribunal Superior andaluz por ser Noel L¨®pez aforado como parlamentario andaluz o esa investigaci¨®n por presuntos delitos urban¨ªsticos¨C el caso queda circunscrito desde el punto de vista judicial estrictamente a un secuestro, con el presunto secuestrador en casa desde el 31 de julio pasado tras acordar el juez la medida por no ver riesgo de fuga y ante la tardanza de ciertas pruebas. Fuentes cercanas al caso explican que el juez aun est¨¢ practicando pruebas y que desconocen cu¨¢ndo terminar¨¢ la investigaci¨®n y se dar¨¢ paso al juicio oral por el secuestro.