La Audiencia Nacional exige ¡°respeto a la divisi¨®n de poderes¡± tras el pacto de PSOE y Junts
El juez Garc¨ªa-Castell¨®n pide amparo al Poder Judicial tras las cr¨ªticas del Gobierno
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha dado luz verde este mi¨¦rcoles a un acuerdo donde exige ¡°respeto a la divisi¨®n de poderes¡±, en l¨ªnea con los pronunciamientos similares que han emitido el Tribunal Supremo y las asociaciones judiciales tras el pacto del PSOE y Junts, que inclu¨ªa el t¨¦rmino lawfare [guerra jur¨ªdica]. ¡°El Estado de Derecho, en el que se fundan la Uni¨®n Europe...
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha dado luz verde este mi¨¦rcoles a un acuerdo donde exige ¡°respeto a la divisi¨®n de poderes¡±, en l¨ªnea con los pronunciamientos similares que han emitido el Tribunal Supremo y las asociaciones judiciales tras el pacto del PSOE y Junts, que inclu¨ªa el t¨¦rmino lawfare [guerra jur¨ªdica]. ¡°El Estado de Derecho, en el que se fundan la Uni¨®n Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la divisi¨®n de poderes¡±, apunta el texto, a cuya aprobaci¨®n se ha opuesto uno de los magistrados que compone la Sala, que ha considerado inoportuno realizar esta declaraci¨®n el d¨ªa en que se ha reunido el Congreso de los Diputados para el debate de investidura del socialista Pedro S¨¢nchez.
El acuerdo de la Audiencia Nacional, colocada bajo la lupa tras la citaci¨®n la pasada semana como imputado del expresident Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democr¨¤tic, afirma que el ¡°ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional¡± en Espa?a ¡°se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constituci¨®n y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicaci¨®n de la ley¡±. En el texto se ¡°enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones¡± y considera ¡°incompatible con ella la fiscalizaci¨®n o supervisi¨®n de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado¡±.
Seis magistrados de la Sala de Gobierno (Jos¨¦ Ram¨®n Navarro, presidente tambi¨¦n de la Audiencia Nacional, Eduardo Men¨¦ndez, Manuel Fern¨¢ndez-Lomana, Ana Isabel Mart¨ªn, Ana Mar¨ªa Sang¨¹esa y Mar¨ªa Jes¨²s Fraile) han respaldado el texto. Solo uno de los presentes se ha opuesto: Jos¨¦ Pablo Aramendi, presidente de la Sala de lo Social, que ha defendido que el ¨®rgano no deb¨ªa realizar ¡°pronunciamiento alguno por la inexistencia de hechos o actuaciones concretas que hayan violentado efectivamente la independencia de jueces y tribunales, y m¨¢s en concreto la de los integrantes de la Audiencia Nacional¡±.
Respuesta judicial
La Sala de Gobierno se suma as¨ª a la avalancha de comunicados que sucedi¨® al pacto del PSOE y Junts, que inclu¨ªa el siguiente p¨¢rrafo: ¡°Las conclusiones de las comisiones de investigaci¨®n que se constituir¨¢n en la pr¨®xima legislatura se tendr¨¢n en cuenta en la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicializaci¨®n de la pol¨ªtica, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas¡±. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluido las progresistas, manifestaron su rechazo a este compromiso de los dos partidos. ¡°Ello podr¨ªa suponer, en la pr¨¢ctica, someter a revisi¨®n parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisi¨®n en la independencia judicial y quiebra de la separaci¨®n de poderes¡±, afirmaba el comunicado difundido por los colectivos judiciales.
Por su parte, el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor de la Audiencia Nacional, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las manifestaciones p¨²blicas del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodr¨ªguez, que la pasada semana acus¨® al magistrado de querer ¡°influir¡± en la negociaci¨®n entre el PSOE y Junts al citar como imputados en el caso Tsunami Democr¨¤tic al expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Seg¨²n confirman fuentes jur¨ªdicas, en un escrito remitido al CGPJ, Garc¨ªa-Castell¨®n denuncia una ¡°perturbaci¨®n¡± en su ¡°independencia¡±, en la medida en que las cr¨ªticas provienen de un ¡°¨®rgano¡± al que corresponden, ¡°entre otras funciones, las de apoyo y cooperaci¨®n con la Administraci¨®n de Justicia [...] o la participaci¨®n en las relaciones del Ministerio con los ¨®rganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial¡±.
En una entrevista, Tontxu Rodr¨ªguez dijo sobre la decisi¨®n de Garc¨ªa-Castell¨®n: ¡°Yo no tengo ni idea de si tiene una raz¨®n o no, pero qu¨¦ casualidad que tiene que ser en este d¨ªa, oye. Mira que pod¨ªa haber sido un a?o y medio antes o un a?o y medio despu¨¦s, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...¡±. A ello, responde el juez en su petici¨®n de amparo: ¡°[Sus] manifestaciones podr¨ªan suponer la imputaci¨®n manifiesta de la comisi¨®n de un hecho delictivo, prevaricaci¨®n judicial, al atribuir a este instructor el dictado de una resoluci¨®n con la sola voluntad de ¡®influir¡¯, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en el que se enmarca la decisi¨®n¡±.