Ning¨²n presidente del Consejo de Estado ha visto cuestionado su nombramiento en 40 a?os de democracia hasta Valerio

La decisi¨®n del Tribunal Supremo, este jueves, de anular el nombramiento de un presidente o presidenta del Consejo de Estado no tiene precedentes. Desde 1980 la instituci¨®n que elabora dict¨¢menes jur¨ªdicos no vinculantes a petici¨®n del Gobierno ha tenido ocho presidentes, todos ellos nombrados por el Consejo de Ministros. Primero la Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) y luego el PP y el PSOE se han sucedido en la designaci¨®n de los j...

La decisi¨®n del Tribunal Supremo, este jueves, de anular el nombramiento de un presidente o presidenta del Consejo de Estado no tiene precedentes. Desde 1980 la instituci¨®n que elabora dict¨¢menes jur¨ªdicos no vinculantes a petici¨®n del Gobierno ha tenido ocho presidentes, todos ellos nombrados por el Consejo de Ministros. Primero la Uni¨®n de Centro Democr¨¢tico (UCD) y luego el PP y el PSOE se han sucedido en la designaci¨®n de los juristas m¨¢s o menos afines en cada caso que han cre¨ªdo id¨®neos. Lo que no hab¨ªa ocurrido hasta ahora es que alguno de esas designaciones fuera recurrida ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, que, por tanto, no hab¨ªa anulado nunca la elecci¨®n.

En el caso del nombramiento de Magdalena Valerio, que fue ministra de Trabajo de 2018 a 2020, el recurso parti¨® de la fundaci¨®n Hay Derecho. Al resolverlo ahora, la sentencia del Supremo establece una diferenciaci¨®n entre idoneidad y prestigio, y entiende que puede concurrir una sin que se d¨¦ la otra. De ah¨ª que la Sala de lo Contencioso no discuta que la designaci¨®n recayera sobre una persona que el Gobierno y luego el Parlamento consideraron que reun¨ªa el primero de dichos requisitos. Los jueces se han centrado, en cambio, en la segunda condici¨®n, la del prestigio jur¨ªdico, para estimar que la designada no lo reun¨ªa. Y todo ello tras argumentar que cuando la ley exige ambos requisitos lo hace para que tengan que cumplirse ambos, de modo que la ausencia de uno de ellos es suficiente para cuestionar que se cumplan las exigencias legales para acceder al cargo.

Al establecer este tipo de valoraciones, la sentencia del Supremo ha abierto un amplio debate tanto en el ¨¢mbito pol¨ªtico como en medios jur¨ªdicos. Quienes comparten el criterio de la resoluci¨®n dictada mencionan precedentes para cuestionar la pol¨ªtica de nombramientos para altos cargos seguida en los ¨²ltimos a?os, con datos como la presencia de varios exministros entre los elegidos. Pero en los mismos medios no solo se cuestionan las decisiones del Gobierno de la ¨²ltima legislatura, compuesto por la coalici¨®n entre el PSOE y Podemos, sino por los que estuvieron en manos del PP, presididos por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Mariano Rajoy, quienes siempre eligieron a personas de su m¨¢xima confianza para determinados altos cargos, como la direcci¨®n de la Fiscal¨ªa General del Estado. El Consejo de Estado, en cambio, hab¨ªa permanecido hasta ahora apartado de este tipo de pol¨¦micas.

Las fuentes consultadas destacaron que sin establecer comparaciones entre expresidentes del Consejo de Estado el com¨²n denominador de todos ellos es que en su d¨ªa fueron elegidos tomando en consideraci¨®n no solo su trayectoria como juristas, sino su perfil en sentido amplio, tambi¨¦n desde el punto de vista ideol¨®gico. Presidentes del m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del Gobierno fueron ??igo Cavero ¡ªen el cargo desde 1996 hasta 2002¡ª, despu¨¦s de haber sido diputado y ministro de Justicia con UCD¡ª, y Jos¨¦ Manuel Romay ¡ªentre 2003 y 2004 y luego entre 2012 y 2018¡ª, habiendo sido diputado del PP y ministro de Sanidad con el PP.

En medios del Tribunal Supremo se defiende el prestigio de ambos, como sucede con Fernando Ledesma, que tambi¨¦n presidi¨® el Consejo de Estado ¡ªentre 1991 y 1996¡ª tras haber sido asimismo ministro de Justicia con el PSOE, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo ¡ªque presidi¨® el ¨®rgano consultivo entre 1991 y 1996¡ª, tras haber sido asimismo ministro de Justicia, o Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega ¡ªentre 2018 y 2022¡ª tras haber sido vicepresidenta del Gobierno, y que en el ¨¢mbito judicial ¡ªal que se incorpor¨® como jurista de prestigio, antes de iniciar su carrera pol¨ªtica¡ª y como exsecretaria judicial, proced¨ªa de lo social o laboral, al igual que Magdalena Valerio, letrada de la Seguridad Social.

Tampoco se discutieron la idoneidad ni el prestigio de los otros dos presidentes que ha tenido el Consejo de Estado en democracia, que fueron Antonio Jim¨¦nez Blanco ¡ªpresidente de esta instituci¨®n entre 1980 y 1982¡ª, tras haber sido senador de UCD, y Francisco Rubio Llorente ¡ªcuyo mandato fue de 2004 a 2011¡ª, tras haber sido vicepresidente del Constitucional, al que accedi¨® a propuesta del PSOE, que luego le nombr¨® para dirigir el ¨®rgano consultivo. Menos a¨²n fue discutido el nombramiento de Antonio Hern¨¢ndez-Gil ¡ªcuyo mandato fue de 1982 a 1985¡ª tras haber sido presidente de las Cortes constituyentes, nombrado para este cargo ¡ªy como senador¡ª por el rey Juan Carlos en 1977. Todos estos nombramientos, en suma, fueron pac¨ªficos y no generaron recursos para anular designaciones. Ello explica que la sentencia del Supremo est¨¦ siendo ahora especialmente controvertida, si la consecuencia de esta resoluci¨®n fuese que el alto tribunal Supremo pueda haberse convertido en un ¨®rgano de control del prestigio de altos cargos, limitando las facultades del Gobierno para los nombramientos que le corresponden.