El Poder Judicial rechaza por primera vez avalar el nombramiento de un fiscal general del Estado

Por primera vez en la actual etapa democr¨¢tica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el lunes cumplir¨¢ cinco a?os con el mandato caducado, ha votado en contra de la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado. Ocho de los diez vocales del bloque conservador ¡ªtodos salvo el presidente suplente, Vicente Guilarte, y el vocal Juan Mart¨ªnez Moya¡ª se han alineado para imponer su mayor¨ªa y negar el aval al fiscal general ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, a quien el Gobierno acababa de renovar en el cargo. Guilarte, Mart¨ªnez Moya y cinco de los seis vocales progresistas han votado a favor, mientras que el vocal Enrique Lucas, tambi¨¦n progresista, se ha abstenido porque su hermano, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, es el autor de la reciente sentencia que estableci¨® que el fiscal general incurri¨® en desviaci¨®n de poder al ascender a su predecesora, Dolores Delgado. Precisamente esa sentencia es una de las razones que esgrime la mayor¨ªa del sector conservador para considerar que Garc¨ªa Ortiz no es id¨®neo para el cargo.

El informe del ¨®rgano de gobierno de los jueces no es vinculante, as¨ª que el Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez podr¨¢ seguir adelante con la renovaci¨®n del fiscal general. Sin embargo, la decisi¨®n del Consejo abre una brecha sin precedentes entre el Gobierno y el CGPJ justo a cuatro d¨ªas de que se cumplan cinco a?os desde que expir¨® el mandato de los actuales vocales, que siguen en el cargo por la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el ¨®rgano.

El informe del Consejo sobre la propuesta de nombramiento del fiscal general es un tr¨¢mite preceptivo en el que el CGPJ comprueba que el candidato cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista espa?ol de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n. Garc¨ªa Ortiz cumple esas condiciones y as¨ª lo ha constatado el CGPJ, pero ocho vocales conservadores consideran que no es id¨®neo para ocupar este cargo.

El ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os, ha recalcado que la ley establece que el CGPJ tiene que estudiar si el fiscal general cumple dos requisitos: ¡°Ser un jurista de reconocido prestigio y tener m¨¢s de 15 a?os de ejercicio¡±. ¡°Ambos requisitos se dan. Hubo un informe del Consejo de hace un a?o que dec¨ªa que se cumpl¨ªan. Cualquier informe para establecer requisitos diferentes es al margen de la ley¡±. El PP ha pedido al Gobierno que ¡°no se empe?e en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado¡± y ha alertado del ¡°hundimiento institucional sin precedentes¡± que, en la valoraci¨®n del partido, supone que ¡°en un solo d¨ªa y por primera vez en la historia¡±, el Poder Judicial rechace el nombramiento de Garc¨ªa Ortiz y el Tribunal Supremo anule el de Magdalena Valerio. ¡°Al intento del Gobierno de controlar el Estado de derecho a trav¨¦s de la Fiscal¨ªa General del Estado y el Consejo de Estado, el Ejecutivo se ha encontrado dos nuevas resistencias en el Poder Judicial independiente¡±, se?alan fuentes del partido.

El grueso del bloque conservador que ha votado en contra del fiscal general ya se opuso a su nombramiento en julio de 2022, cuando el Gobierno le design¨® por primera vez como jefe de la Fiscal¨ªa General tras la dimisi¨®n de Dolores Delgado por motivos de salud. En aquella ocasi¨®n, estos vocales sostuvieron que Garc¨ªa Ortiz no era id¨®neo porque su imagen de imparcialidad estaba comprometida por su cercan¨ªa a Delgado y por una supuesta vinculaci¨®n con el PSOE. Esta vez han sumado otro argumento: la reciente sentencia del Supremo que anula el ascenso concedido por Garc¨ªa Ortiz a Delgado por considerar que el fiscal general incurri¨® en ¡°desviaci¨®n de poder¡±. Y a los siete vocales conservadores que entonces suscribieron esa postura se ha unido el magistrado del Supremo Wenceslao Olea, que hace a?o y medio vot¨® a favor de avalar al fiscal general.

El art¨ªculo 29.1 del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado ser¨¢ nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, ¡°o¨ªdo previamente el Consejo General del Poder Judicial¡±; y que ser¨¢ elegido ¡°entre juristas de reconocido prestigio con m¨¢s de quince a?os de ejercicio efectivo de su profesi¨®n¡±. Hasta ahora, los informes del Consejo sobre la designaci¨®n del fiscal general se limitaban a informar de si la persona propuesta cumpl¨ªa los requisitos que la ley exige. Un grupo de vocales conservadores ya intent¨® en 2020 rechazar a Dolores Delgado, que acababa de cesar como ministra de Justicia, admitiendo que cumpl¨ªa los requisitos formales pero consider¨¢ndola no id¨®nea. Para evitarlo, el entonces presidente, Carlos Lesmes, modific¨® el texto con el que habitualmente se avalaba a los fiscales generales: elimin¨® la referencia a la idoneidad y dej¨® ¨²nicamente la alusi¨®n a los requisitos formales. Con esa nueva redacci¨®n m¨¢s t¨¦cnica y que se prestaba menos a valoraciones subjetivas, salieron adelante los informes favorables a Delgado y al actual fiscal general, aun con los votos en contra de un grupo de vocales conservadores.

Esta vez, sin embargo, los vocales contrarios a Garc¨ªa Ortiz han impuesto su posici¨®n gracias a que las bajas por dimisiones y jubilaciones que se han registrado en el Consejo en los ¨²ltimos meses han mermado a los progresistas y fortalecido al n¨²cleo duro del sector conservador. Este bloque ha argumentado la falta de idoneidad del fiscal general en su supuesta afinidad con el PSOE, y ha alegado todos los episodios recientes que han enfrentado a Garc¨ªa Ortiz con el ala m¨¢s conservadora de la carrera fiscal, como la sentencia del Supremo sobre Delgado o el rechazo del jefe de la Fiscal¨ªa a pronunciarse en contra de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s o de la inclusi¨®n del t¨¦rmino lawfare en el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro S¨¢nchez.

Fuentes consultadas coinciden en que la ley no deja claro si el Consejo debe valorar la idoneidad del fiscal general del Estado, pero se?alan que en ocasiones anteriores no se ha hecho y que los propios conservadores del actual CGPJ se opusieron a ello en la votaci¨®n sobre los dos ¨²ltimos fiscales nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (Jos¨¦ Manuel Maza y Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar). En esos casos, algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumpl¨ªa con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoraci¨®n sobre sus cualidades para el cargo. La mayor¨ªa de vocales del sector conservador se opuso entonces. Consejeros progresistas han recordado este jueves en el pleno esos precedentes para apelar a la ¡°coherencia¡± y defender que no se actuara de otra forma con Garc¨ªa Ortiz, pero la mayor¨ªa conservadora ha impuesto su rechazo al fiscal general.

Las fuentes consultadas solo recuerdan un precedente en el que el CGPJ haya opinado sobre la idoneidad del fiscal general del Estado: cuando el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar propuso en 1997 para ese cargo a Jes¨²s Cardenal, el pleno del CGPJ s¨ª fue m¨¢s all¨¢ de la valoraci¨®n t¨¦cnica y dej¨® constancia de su preocupaci¨®n por ¡°manifestaciones¡± del candidato no acordes con la Constituci¨®n. Se refer¨ªan a la Memoria de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco de 1994, donde Cardenal hab¨ªa hablado de la ¡°mediocridad ¨¦tica¡± de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales. No obstante, la designaci¨®n fue respaldada de forma un¨¢nime.

El actual Consejo, que lleva en el cargo desde 2013, se ha pronunciado sobre seis fiscales generales: Consuelo Madrigal, Jos¨¦ Manuel Maza y Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, nombrados el Gobierno de Rajoy, y Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, Dolores Delgado y ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, nombrados por el de S¨¢nchez. En los cuatro primeros, la propuesta del Gobierno recibi¨® el visto bueno de todos los vocales, excepto un voto en contra de Maza y S¨¢nchez Melgar por parte de la vocal progresista Concepci¨®n S¨¢ez (ya fuera del Consejo porque dimiti¨® en marzo pasado). Los consejeros se limitaban a constatar que se cumpl¨ªan los requisitos formales y no se entr¨® a debatir su idoneidad. La divisi¨®n lleg¨® con la designaci¨®n de Delgado, que lleg¨® al cargo tras cesar, unos d¨ªas antes, como ministra de justicia. Su sucesor, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, hered¨® esa brecha, que se ha agrandado tras su primer a?o y medio de mandato, en el que se ha enfrentado al ala m¨¢s conservadora de la carrera.

Tras conocer la decisi¨®n del CGPJ, la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenec¨ªa Garc¨ªa Ortiz hasta que fue nombrado fiscal general, ha emitido un comunicado en el que manifiesta su ¡°absoluta sorpresa y desacuerdo¡± con el hecho de que el pleno de un Consejo, ¡°cuyo mandato caduc¨® hace 5 a?os y cuyas mayor¨ªas se ven claramente alteradas por las dimisiones de aquellos vocales que con honestidad y coherencia renunciaron en su d¨ªa al cargo para no prolongar esa il¨ªcita situaci¨®n¡±, se pronuncie acerca de la inidoneidad para el cargo de un candidato a fiscal general cuyos m¨¦ritos, seg¨²n esta asociaci¨®n, ¡°ignora y desconoce, pese a ser p¨²blicamente reconocidos¡±.