La cl¨¢usula franquista que perdon¨® el IBI a la concesionaria de la Autopista del Atl¨¢ntico llega a su fin

Las menguadas arcas de los 33 municipios gallegos por donde transcurre la Autopista del Atl¨¢ntico (AP-9) recibir¨¢n este a?o un boleto de loter¨ªa premiado con siete millones de euros. Es la cantidad que se repartir¨¢n cada a?o por el cobro del 100% del IBI a Audasa, la concesionaria de esta v¨ªa de peaje, que hasta ahora se beneficiaba de una bonificaci¨®n del 95% impuesta por la ley franquista de autopistas que se aprob¨® en 1972. Un portavoz de la empresa ha asegurado...

Las menguadas arcas de los 33 municipios gallegos por donde transcurre la Autopista del Atl¨¢ntico (AP-9) recibir¨¢n este a?o un boleto de loter¨ªa premiado con siete millones de euros. Es la cantidad que se repartir¨¢n cada a?o por el cobro del 100% del IBI a Audasa, la concesionaria de esta v¨ªa de peaje, que hasta ahora se beneficiaba de una bonificaci¨®n del 95% impuesta por la ley franquista de autopistas que se aprob¨® en 1972. Un portavoz de la empresa ha asegurado a este peri¨®dico que abonar¨¢ la totalidad del impuesto sin necesidad de que los ayuntamientos presenten ninguna reclamaci¨®n. La compa?¨ªa responde as¨ª a la movilizaci¨®n de la mayor¨ªa de alcaldes de las localidades afectadas, que esta semana han mantenido contactos con abogados para asegurarse el abono del dinero.

Los regidores respondieron al llamamiento del Ayuntamiento de Abegondo (A Coru?a), uno de los 33 municipios por los que pasa la v¨ªa. Su alcalde, Jos¨¦ Antonio Santiso (PP), los ha reunido para plantearles la presentaci¨®n de una reclamaci¨®n conjunta a Audasa despu¨¦s de que el pasado agosto caducase la bonificaci¨®n que le permit¨ªa tributar tan solo el 5%. Los regidores pretenden aplicar el impuesto con car¨¢cter retroactivo bas¨¢ndose en un dictamen jur¨ªdico. La cuesti¨®n fue tratada el pasado martes en un encuentro con abogados al que asistieron representantes de 22 de los 33 municipios afectados. El portavoz del despacho Gonzalo Abogados Iurislocalia, Jos¨¦ Mar¨ªa Sim¨®n, defendi¨® que la reclamaci¨®n es hist¨®rica y viable: ¡°Ser¨ªa como si le tocase la loter¨ªa a estos ayuntamientos¡±. Un portavoz de Audasa ha asegurado a este peri¨®dico que tampoco pondr¨¢ problemas para pagar el 100% del IBI que corresponde entre agosto y diciembre del a?o pasado.

La reivindicaci¨®n planteada por los alcaldes gallegos cuenta con el precedente de varios ayuntamientos de Castilla y Le¨®n. En diciembre pasado prosper¨® la demanda que les permite recaudar el 100% del IBI de la autopista AP-66. La movilizaci¨®n en Galicia en el mismo sentido implica a 22 ayuntamientos, de norte a sur de la comunidad y de diverso color pol¨ªtico, entre ellos Culleredo, Cambre, Bergondo, Betanzos, Paderne, Cabanas, Ferrol, Oleiros, Mes¨ªa, Ordes, Oroso, Santiago de Compostela, Teo, Padr¨®n, Valga, Caldas o Mos. ¡°La situaci¨®n actual era una injusticia patente¡±, defiende Santiso. ¡°Es hora de dedicar esos fondos al inter¨¦s vecinal¡±.

Para empezar, cada ayuntamiento ha hecho su propio c¨¢lculo. En Abegondo, de apenas 6.000 habitantes, las infraestructuras de Audasa afectan a 20 kil¨®metros de terreno municipal y, sin embargo, el vial no tiene accesos para los vecinos. Santiso concret¨® que ingresan por el IBI de la concesionaria 29.000 euros al a?o, cuando la empresa tendr¨ªa que abonar 550.000 euros. El regidor se?ala ejemplos paradigm¨¢ticos de otras peque?as localidades como Caldas (Pontevedra), con apenas 10.000 habitantes, que de facturar 15.000 euros pasar¨ªa a cobrar 300.000, casi el mismo porcentaje que Vigo, que supera los 293.000 habitantes. Tambi¨¦n es significativo el montante de 700.000 que recibir¨ªa Santiago, frente a los 35.000 que ingresa con el recibo bonificado, seg¨²n los c¨¢lculos que ha expuesto Manuel Casal Vilas, concejal de Econom¨ªa y Hacienda.

La Diputaci¨®n de A Coru?a, la administraci¨®n gobernada por PSOE y BNG que tiene las competencias de la funci¨®n tributaria de 18 de los 20 municipios de esta provincia afectados por la AP-9 (todos salvo las ciudades de A Coru?a y Ferrol), ha comunicado tambi¨¦n su intenci¨®n de reclamar el 100% del IBI este mismo a?o. El diputado responsable del ¨¢rea de Hacienda, Jos¨¦ Ram¨®n Rioboo (PSOE), ha explicado que los 18 ayuntamientos bajo su competencia tributaria pasar¨¢n a percibir 3,7 millones de euros frente a los 175.000 euros de la ¨²ltima liquidaci¨®n, incluyendo el de Abegondo.

Audasa admite que el Real Decreto Ley 173/2000 que prorrog¨® su concesi¨®n contempla la extensi¨®n de ¡°todos y cada uno de los beneficios tributarios, econ¨®mico-financieros y de cualquier otra ¨ªndole otorgados hasta la fecha¡± salvo los relacionados con el IBI, que expiraron el pasado 19 de agosto. La empresa a?ade que los siete millones de euros que deber¨¢ abonar a los ayuntamientos por este concepto ya est¨¢n consignados en su presupuesto. Seg¨²n sus datos, pasar¨¢ a pagar 67 millones de euros en impuestos en Galicia. En 2022 la concesionaria obtuvo un beneficio de 61 millones de euros frente a los 42 millones de 2019, a?o anterior al estallido de la pandemia. Los ingresos por peajes tambi¨¦n subieron, pasando de 153 en 2019 a 171.

La batalla judicial por los peajes abusivos

La Autopista del Atl¨¢ntico, de titularidad estatal, transcurre entre Ferrol y la frontera portuguesa y es la m¨¢s transitada de Galicia. A lo largo de sus 214,7 kil¨®metros pasa por las ciudades de A Coru?a, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo, y en Tui enlaza con la autopista lusa A-3 con destino a Oporto. En ocho a?os la infraestructura ha pasado de 156,3 kil¨®metros de viales a los actuales 214,7, es decir, ha aumentado un 29% y, sin embargo, los ingresos han pasado de 46,8 millones a 118,2, con un incremento del 156%.

Despu¨¦s de que en diciembre de 2008 una serie de accidentes m¨²ltiples causados por el hielo mantuvieran incomunicadas durante m¨¢s de cuatro horas las principales ciudades de Galicia, se abri¨® un debate en la comunidad sobre la recuperaci¨®n por parte del Estado del control de la Autopista del Atl¨¢ntico. Las principales fuerzas pol¨ªticas con representaci¨®n parlamentaria, PP, PSdeG y BNG, responsabilizaron a Audasa de mala gesti¨®n en materia de seguridad y mantenimiento de la autopista y reclamaron su gesti¨®n p¨²blica ante la nefasta situaci¨®n de la principal v¨ªa de comunicaci¨®n de Galicia.

Desde entonces, la pol¨¦mica en torno a la concesionaria ha sido recurrente, con el encarecimiento de los peajes como eje. De hecho, las acusaciones contra Audasa por peajes abusivos es otro cap¨ªtulo que ha acabado en los tribunales. La Fiscal¨ªa de Pontevedra abri¨® diligencias por el supuesto cobro indebido a los conductores durante las obras de ampliaci¨®n del puente de Rande entre febrero de 2015 y junio de 2018, cuando se produjeron atascos a diario sin compensaci¨®n para los usuarios afectados, que se contaron en miles. Casi 60.000 veh¨ªculos tuvieron que soportar los inconvenientes de una reforma estructural en la v¨ªa de entrada y salida a Vigo, sin ninguna carretera de acceso alternativa. Se registraron m¨¢s de 81 incidencias en la ejecuci¨®n de estos trabajos.

La denuncia de la Fiscal¨ªa ha tenido un largo recorrido y ha acabado en el Tribunal Supremo. Una primera sentencia del Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 1 conden¨® a la concesionaria a indemnizar a los perjudicados por los atascos que se registraron durante los tres a?os que duraron los obras. En abril de 2021, sin embargo, la secci¨®n primera de la Audiencia de Pontevedra estim¨® el recurso de apelaci¨®n de Audasa. El letrado de la empresa pidi¨® revocar la sentencia anterior en la vista de apelaci¨®n al apreciar contradicciones en varios testigos a los que adem¨¢s se?al¨® como posibles perceptores de una indemnizaci¨®n. Argument¨® que la ley les obliga a cobrar siempre por el peaje y que sostuvo que la reclamaci¨®n se deber¨ªa dirimir en el contencioso-administrativo y no en un juzgado de lo mercantil.

El asunto est¨¢ a¨²n pendiente del dictamen del Supremo. La Fiscal¨ªa de Pontevedra present¨® un recurso de casaci¨®n que solicita a la Sala Civil que anule el fallo que da la raz¨®n a Audasa. Fue admitido en mayo pasado, por lo que el alto tribunal tendr¨¢ la ¨²ltima palabra sobre si la actuaci¨®n de la concesionaria fue o no abusiva.