La autopista m¨¢s transitada de Galicia encuentra la v¨ªa para ser gratuita

Miles de gallegos tienen en la autopista AP-9 casi su segunda residencia. En una comunidad sin tren de cercan¨ªas, esta v¨ªa de peaje que conecta en paralelo al Atl¨¢ntico las ¨¢reas m¨¢s pobladas e industrializadas de la comunidad, de Ferrol a Portugal, es recorrida cada d¨ªa por 25.000 conductores. Sus bolsillos financian ¨²ltimamente las mayores subidas anuales de tarifas de Espa?a. Mientras otras infraestructuras de pago del Estado acaban de ser liberadas o est¨¢n a punto de hacerlo, la concesi¨®n de esta infraestructura gallega a la multinacional It¨ªnere la dej¨® atada el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar hasta 2048. La Comisi¨®n Europea, sin embargo, acaba de abrir por sorpresa una posible v¨ªa para que la gratuidad de esta autopista se adelante a 2023.

Bruselas ha impulsado un procedimiento de infracci¨®n contra Espa?a porque considera ilegal la pr¨®rroga de la concesi¨®n de la AP-9 que otorg¨® Aznar en 2000 y que impide que los peajes desaparezcan dentro de dos a?os. Las autoridades comunitarias sostienen que aquel alargamiento del contrato por 25 a?os vulner¨® las normas comunitarias de la competencia porque se adjudic¨® sin licitaci¨®n p¨²blica. Aprecia la misma ilegalidad en la pr¨®rroga que concedi¨® el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez en 1994 y que imposibilit¨® que la v¨ªa fuese gratuita ya en 2013. La Comisi¨®n Europea ha dado dos meses al Gobierno espa?ol para presentar alegaciones.

El Ministerio de Transportes no est¨¢ de acuerdo con el dictamen. Considera ¡°cuestionable pol¨ªticamente¡± la pr¨®rroga otorgada por Aznar, una ¡°mala decisi¨®n pol¨ªtica¡± que va ¡°en la direcci¨®n contraria¡± a lo que defiende el actual Gobierno, que ya ha liberado de peajes m¨¢s de 1.000 kil¨®metros de autopistas. Pero, al contrario que Bruselas, sostiene que ¡°se aprob¨® siguiendo el cauce ordinario legal y las leyes vigentes en Espa?a en ese momento, cuando, adem¨¢s, la empresa concesionaria era p¨²blica¡±.

La AP-9 pertenec¨ªa efectivamente en 2000 a la Empresa Nacional de Autopistas y fue solo tres a?os despu¨¦s, tras engordar el negocio de la empresa con varias ampliaciones de contrato, cuando el Ejecutivo del PP impuls¨® su privatizaci¨®n y fue adquirida por 1.600 millones de euros por un consorcio encabezado por la constructora Sacyr. Actualmente el Grupo It¨ªnere, matriz de la concesionaria Audasa, est¨¢ en manos de dos fondos de inversi¨®n y con la autopista gallega facturaba antes de la ca¨ªda de tr¨¢fico de la pandemia unos 150 millones, con un beneficio neto del 30%.

Si despu¨¦s de las alegaciones el dictamen de Bruselas se hiciera firme y Espa?a siguiera sin acatarlo, el conflicto pasar¨ªa al Tribunal de Justicia de la UE. Ya hay un precedente. Por una pr¨®rroga similar de una autopista sin licitaci¨®n p¨²blica el Gobierno de Italia fue condenado por este tribunal, aunque se resiste a ejecutar el fallo. ¡°Con este precedente, hay posibilidades ciertas de que se acabe dictaminando tambi¨¦n en este caso que la pr¨®rroga es contraria a derecho¡±, afirma sobre la AP-9 Alejandro Huergo, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, quien advierte de que, en cualquier caso, el procedimiento sancionador acaba de arrancar.

Huergo explica que las directivas comunitarias sobre contrataci¨®n p¨²blica, que est¨¢n por encima de la legislaci¨®n espa?ola, ¡°parten de la base de que una pr¨®rroga va contra la competencia porque adjudica a dedo¡± y supone un ¡°falseamiento de la primera licitaci¨®n¡±, al modificar a posteriori las condiciones con las que sali¨® a concurso. En concesiones de servicios p¨²blicos como el agua, a?ade el catedr¨¢tico asturiano, ya hay antecedentes de pr¨®rrogas que no se han podido ejecutar por ir en contra de las directivas europeas. En el caso de las autopistas, el alargamiento de las concesiones es adem¨¢s ¡°un regalo¡±, explica, porque los peajes se fijan para cubrir la construcci¨®n y el mantenimiento de la v¨ªa y cuando se sigue cobrando m¨¢s all¨¢ de lo estipulado en el contrato inicial se supone que el primero de estos costes ya ha sido amortizado.

El tir¨®n de orejas de Bruselas a Espa?a por la pr¨®rroga de la concesi¨®n de la Autopista del Atl¨¢ntico, sobre la que Audasa ha declinado pronunciarse, se produce tras la denuncia presentada en 2019 por la asociaci¨®n En Colectivo. Su presidente, Diego Mara?a, cree que los dos Gobiernos que prolongaron la vigencia de los peajes ¡°perjudicaron¡± la econom¨ªa de los hogares y empresas gallegas ¡°en su propio beneficio y en el de la empresa¡±. La primera extensi¨®n del contrato en 1994 fue por diez a?os y a cambio de que la compa?¨ªa ejecutase circunvalaciones en las ciudades. Con la de 2000 Audasa construy¨® como contrapartida nueve kil¨®metros de v¨ªa para unir Fene y Ferrol. ¡°El Gobierno tiene la posibilidad de demostrarle a los gallegos que no somos espa?oles de tercera y acatar la carta de emplazamiento que le ha enviado Bruselas para que en seis meses tengamos autopista gratuita¡±, afirma Mara?a.

La subida anual de peajes de la AP-9 es causa de indignaci¨®n general en Galicia. Hasta la Xunta de Alberto N¨²?ez Feij¨®o pone el grito en el cielo, pese a que parte de esas alzas en el precio las pact¨® su partido con la concesionaria. A lo largo de 2018 las tarifas se incrementaron casi un 4% y el 1 de enero de 2019 volvieron a crecer cerca de un 3,5%. Fue as¨ª porque los Gobiernos de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y Mariano Rajoy, con dos ministros gallegos de Fomento, permitieron a la concesionaria financiar obras y bonificaciones de peajes encareciendo lo que pagan el conjunto de los usuarios. El aumento solo se pod¨ªa aplicar cuando estuviesen finalizados los trabajos, pero Rajoy lleg¨® a inaugurar la ampliaci¨®n del puente de Rande en Vigo un 30 de diciembre sin estar acabada. Tras el acto, Audasa empez¨® a recaudar m¨¢s y las obras prosiguieron.

Como parte de las medidas exigidas por el BNG para apoyar la investidura de Pedro S¨¢nchez, el Ministerio de Transportes ha aprobado varias bonificaciones de peajes en la AP-9 para ¡°mitigar los efectos de las pol¨ªticas injustas adoptadas por otros Gobiernos¡±. Este departamento elude valorar si ve factible que la infraestructura sea gratuita en 2023 porque el expediente sancionador de Bruselas ¡°est¨¢ en un momento muy embrionario¡±. Evita tambi¨¦n ¡°especular¡± con las indemnizaciones que podr¨ªa reclamar Audasa. Mientras, otros territorios observan con inter¨¦s lo que est¨¢ ocurriendo en Galicia. La AP-66 que comunica Asturias con la Meseta tendr¨ªa que haber sido liberada de peaje este a?o, pero sobre ella pesa una pr¨®rroga sin licitaci¨®n p¨²blica que impuso tambi¨¦n Aznar hasta el lejano 2050.