El tortuoso camino hacia la verdad en el ¡®caso Pegasus¡¯

La verdad sobre el espionaje a los tel¨¦fonos m¨®viles de los l¨ªderes independentistas en Catalu?a con el programa Pegasus se abre paso en los tribunales, pero lo hace entre enormes dificultades y contratiempos que lastran el resultado de las investigaciones. Los juzgados de Barcelona mantienen abiertas m¨¢s de una decena de causas por este motivo, seg¨²n han detallado a EL PA?S fuentes judiciales. Aunque la mayor¨ªa de esos procesos siguen vivos, muchos se encuentran en fase inicial o en estado de duermevela, incapaces de avanzar por la escasa colaboraci¨®n de quienes deber¨ªan aportar informaci¨®n solicitada ya por los juzgados. Solo uno de ellas ¡ªel que afecta al president Pere Aragon¨¨s¡ª apunta por ahora a la existencia de presuntas responsabilidades penales de los m¨¢ximos responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la utilizaci¨®n del software de fabricaci¨®n israel¨ª.

La declaraci¨®n como investigada, el pasado viernes, de Paz Esteban, exdirectora del servicio secreto y cesada tras conocerse que el president estaba en la lista de espiados, marca un hito en la causa de Aragon¨¨s y una pauta para el resto de causas judiciales, con las que tiene al menos dos puntos en com¨²n: las v¨ªctimas pertenecen a un mismo colectivo (los independentistas, que han impulsado las denuncias o querellas al margen de la Fiscal¨ªa) y los presuntos autores (el CNI). Los hallazgos que surjan en el caso del presidente de la Generalitat pueden nutrir los otros procesos, no solo porque hay personas del mismo partido (ERC), sino tambi¨¦n porque est¨¢n presentes los mismos abogados.

En Barcelona hay 33 juzgados de instrucci¨®n, cada uno con sus ritmos de trabajo y sus m¨¦todos, lo que tambi¨¦n explica el distinto devenir de cada una de las denuncias. Aragon¨¨s interpuso la suya en la primavera de 2022, pocas semanas despu¨¦s de que Esteban admitiera, en el Congreso de los Diputados, que ¨¦l estaba en la lista de 18 personas a los que el CNI espi¨® con autorizaci¨®n previa (seg¨²n su versi¨®n) del Tribunal Supremo. El camino hasta lograr la imputaci¨®n de Esteban, que fue destituida d¨ªas despu¨¦s de su comparecencia, no ha sido sencillo. Aragon¨¨s puso su m¨®vil a disposici¨®n de unos inform¨¢ticos que acreditaron el hackeo. Con el aval de los peritos, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 29 de Barcelona, Santiago Garc¨ªa, admiti¨® a tr¨¢mite (casi un a?o y medio despu¨¦s) la denuncia y orden¨® buena parte de las diligencias que hab¨ªa solicitado el president para aclarar los hechos, incluida la citaci¨®n como investigada de Esteban.

El juez pidi¨® al Tribunal Supremo copia de las resoluciones que permitieron al CNI infectar a trav¨¦s de mensajes SMS el m¨®vil de Aragon¨¨s. Tambi¨¦n solicit¨® la ¡°desclasificaci¨®n¡± de documentaci¨®n secreta para que ese mismo organismo le informara sobre la compra y el uso de Pegasus contra ¡°personas concretas¡±. La bater¨ªa de peticiones del juez y el contexto pol¨ªtico ¡ªla necesidad de Pedro S¨¢nchez de contar con el apoyo de los independentistas para la investidura¡ª forzaron al Gobierno a valorar la desclasificaci¨®n de papeles, que fue parcial y a rega?adientes.

No fue hasta el pasado jueves, apenas 24 horas antes de la declaraci¨®n de Esteban, cuando el juzgado tuvo a disposici¨®n la ¨²nica documentaci¨®n que el Gobierno se ha abierto a desclasificar: los autos del Supremo en los que se argumenta que Aragon¨¨s ¡°dirig¨ªa y coordinaba¡± desde la ¡°clandestinidad¡± a los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR), grupos organizados para imponer la independencia tras el fallido refer¨¦ndum unilateral del 1 de octubre de 2017. La cronolog¨ªa es muy relevante: el dirigente de ERC fue espiado entre julio de 2019 (fecha del primer auto) y abril de 2020 (fecha en la que expiraba la ¨²ltima pr¨®rroga), cuando era vicepresidente del Govern de Quim Torra. Fue un tiempo convulso. En ese lapso, el Supremo dict¨® la sentencia que conden¨® a penas de prisi¨®n es los l¨ªderes del proc¨¦s (incluido Oriol Junqueras, jefe directo de Aragon¨¨s en esa ¨¦poca) y se llevaron a cabo las negociaciones para la primera investidura de S¨¢nchez.

Reticencias y poca colaboraci¨®n

Para Aragon¨¨s, que se le apunte como l¨ªder de los CDR es un disparate que est¨¢ ¡°fuera de toda realidad y sentido com¨²n¡±, por lo que el acceso a su m¨®vil, opina, no es m¨¢s que un flagrante espionaje pol¨ªtico. Falto de apoyos en el Parlament y con perspectivas electorales poco halag¨¹e?as para repetir en el cargo tras las elecciones auton¨®micas previstas para de aqu¨ª a un a?o, la causa supone para el presidente catal¨¢n un bal¨®n de ox¨ªgeno y, al mismo tiempo, una v¨ªa para presionar al Gobierno: considera que es responsable de una acci¨®n con enormes repercusiones pol¨ªticas que adem¨¢s ha afectado a su ¡°intimidad personal¡±, y le afea que la informaci¨®n entregada al juzgado sea incompleta.

La titubeante predisposici¨®n del Gobierno y la nula colaboraci¨®n de otros actores (como la empresa israel¨ª NSO Group, fabricante del software) con los juzgados es uno de los motivos que lastran la causa de Aragon¨¨s y el resto, todas abiertas por delitos similares: intromisi¨®n no autorizada en equipos inform¨¢ticos, interceptaci¨®n ilegal de comunicaciones, espionaje inform¨¢tico, contra los derechos fundamentales. Una de las m¨¢s afectadas por esa falta de informaci¨®n es la primera de todas, la que el expresidente del Parlament Roger Torrent y el excandidato a la alcald¨ªa de Barcelona Ernest Maragall interpusieron en 2020 contra el anterior director del CNI (F¨¦lix Rold¨¢n) y contra NSO.

Jos¨¦ Antonio Cruz, titular del juzgado 32 de Barcelona, fue el encargado de llevar a cabo esa investigaci¨®n. Apenas practic¨® diligencias y lleg¨® a archivar de forma provisional la causa porque Israel no respondi¨® a su petici¨®n de informaci¨®n para aportar los datos que le hab¨ªa solicitado. Ese mismo juez se neg¨® a agrupar en una sola causa las denuncias que se iban acumulando en otras plantas de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, tal como hab¨ªan solicitado los afectados de la CUP y ?mnium. ¡°No se puede afirmar que nos encontremos ante hechos atribuibles a un mismo sujeto o a sujetos concertados¡±, dijo, en l¨ªnea con la Fiscal¨ªa.

Batalla con la Fiscal¨ªa

El papel de la Fiscal¨ªa en la investigaci¨®n de Pegasus tambi¨¦n es puesto en duda por el independentismo. Torrent y Maragall presentaron la querella por la ¡°inacci¨®n¡± del ministerio p¨²blico, que seg¨²n los abogados no est¨¢ teniendo una actitud especialmente proactiva, sobre todo cuando se trata de se?alar al que, a su juicio, el Gobierno es el ¨²nico sospechoso porque el software solo se vende te¨®ricamente a Estados, agencias gubernamentales y servicios secretos para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Fuentes de la Fiscal¨ªa consultadas por este diario subrayan, en cambio, en que la predisposici¨®n es investigar a fondo pero matizan que no se puede prejuzgar la autor¨ªa de un modo gen¨¦rico, sino que hay que analizar caso por caso y estar a lo que digan los indicios. En abril de 2021, Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, concluy¨® que Pegasus se hab¨ªa usado, entre 2015 y 2020, contra 65 activistas y l¨ªderes independentistas. Esteban solo habl¨® en el Congreso de 18 personas y bajo autorizaci¨®n judicial.

Sin un juez que asuma la investigaci¨®n como un todo, el resultado ha sido una dispersi¨®n de causas que, lejos de ser un problema, ha acabado sumando para los afectados: donde un juzgado no llega, puede llegar otro. As¨ª ha ocurrido, por ejemplo, en la causa que investiga la infiltraci¨®n a otros tres dirigentes de ERC: la eurodiputada Diana Riba, el diputado del Parlament Josep Maria Jov¨¦ y el alto cargo Sergi Sabri¨¤. Por primera vez, un informe de los especialistas de los Mossos d¡¯Esquadra ha concluido que sus tel¨¦fonos fueron infectados por un programa que ¡°deja los mismos rastros que el conocido como Pegasus¡±.