El CNI pidi¨® al Supremo espiar a Aragon¨¨s con el argumento de que ¡°dirig¨ªa¡± los CDR

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidi¨® al Tribunal Supremo, en julio de 2019, que autorizara espiar al entonces vicepresidente catal¨¢n Pere Aragon¨¨s al concluir que ¡°dirig¨ªa¡± a los activistas independentistas que posteriormente protagonizaron las protestas en contra de la sentencia del juicio al proc¨¦s, los llamados Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR). Esa es la principal revelaci¨®n que contienen los autos del alto tribunal que desclasific¨® el Gobierno el 16 de enero y que llegaron el jueves a manos del juez de Barcelona que instruye la querella presentada por el president tras conocer que su m¨®vil fue seguido mediante el software Pegasus. La defensa de Aragon¨¨s califica de ¡°inveros¨ªmil¡± la explicaci¨®n y fuentes cercanas al caso aseguran que la documentaci¨®n remitida es incompleta y contiene numerosos fragmentos borrados.

El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 29 de Barcelona recibi¨® el jueves tres autos del Supremo, que dejan clara la cronolog¨ªa de los seguimientos al l¨ªder republicano. Los documentos llegan justo el d¨ªa antes de que all¨ª comparezca la exdirectora del CNI, Paz Esteban. La primera petici¨®n del Centro para espiar a Aragon¨¨s fue en julio de 2019 y se justific¨® porque ¡°dirig¨ªa¡± desde ¡°la clandestinidad¡± a los CDR. Posteriormente, se solicitaron dos pr¨®rrogas para seguir con sus pesquisas, una en octubre de ese mismo a?o ¡ªcoincidiendo con las protestas en respuesta a la sentencia del Supremo que conden¨® a los l¨ªderes del proc¨¦s¡ª y otra en enero de 2020 ¡ªen plenas negociaciones para la investidura de Pedro S¨¢nchez¡ª.

Los documentos, que seg¨²n fuentes cercanas al caso est¨¢n incompletos y con varias p¨¢ginas ilegibles, apuntan a que Aragon¨¨s dirig¨ªa los pasos de los activistas ¡°siempre al margen de su papel institucional¡±. Cuando se autoriza por primera vez el seguimiento, Aragon¨¨s era el n¨²mero dos del Ejecutivo de Quim Torra y l¨ªder in pectore de ERC. Los autos muestran el inter¨¦s del CNI por defender que su solicitud llega no por el papel institucional del vicepresidente catal¨¢n, sino por la labor de direcci¨®n y coordinaci¨®n de los activistas que, por ejemplo, intentaron ocupar el Aeropuerto de El Prat tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el proc¨¦s.

Los CDR, que sobre el papel carec¨ªan de l¨ªderes y era un movimiento espont¨¢neo, comenzaron su actividad en oto?o de 2017, e intentaban asegurar que se llevara a cabo el refer¨¦ndum de independencia del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional declar¨® en su d¨ªa como ilegal. Con posterioridad, organizaron actos de protesta y de boicot durante los episodios de m¨¢xima tensi¨®n pol¨ªtica en Catalu?a. Aparte del intento de ocupar el Aeropuerto ¡ªla Audiencia Nacional tambi¨¦n ubica en la organizaci¨®n del llamado Tsunami Democr¨¤tic al expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira¨D cortaron carreteras y v¨ªas de tren.

Fuentes del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez afirmaron la noche del jueves sobre el conocimiento de estas escuchas: ¡°Traen causa de operaciones iniciadas por el CNI antes de que lleg¨¢ramos al Gobierno y contaron siempre con autorizaci¨®n judicial¡±. Desde La Moncloa, estas mismas fuentes aseguran que ¡°ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, l¨®gicamente, al Gobierno¡±. Y a?aden: ¡°Ha sido precisamente este Gobierno quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta informaci¨®n a petici¨®n de un juez, siempre con el l¨ªmite de la seguridad nacional. Esta informaci¨®n demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se act¨²a con transparencia. Nada que ver con la polic¨ªa paralela y la guerra sucia de la etapa del PP¡±.

El esc¨¢ndalo por el espionaje a independentistas sali¨® a la luz en abril de 2022, a ra¨ªz de un informe hecho por Citizen Lab, un grupo ligado a la Universidad de Toronto (Canad¨¢) y especializado en ciberseguridad. Seg¨²n esa investigaci¨®n adelantada por este diario, al menos 63 pol¨ªticos, abogados y activistas independentistas hab¨ªan sido diana de Pegasus en jornadas clave para el movimiento secesionista catal¨¢n tras 2017. El Gobierno explic¨® entonces que s¨ª hab¨ªa ¨®rdenes judiciales para hacer algunos de los hackeos, como fue el caso de Aragon¨¨s. El propio S¨¢nchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, tambi¨¦n tuvieron intervenidos sus tel¨¦fonos por el mismo programa esp¨ªa.

De hecho, el juez que instruye la querella presentada por el president solicit¨® tambi¨¦n la desclasificaci¨®n de otros documentos del CNI sobre el uso de Pegasus, como por ejemplo qui¨¦n autoriz¨® su compra y qui¨¦n ten¨ªa acceso. Sin embargo, el Gobierno neg¨® esa petici¨®n al considerar podr¨ªa comprometerse la seguridad de los agentes del servicio secreto.

Fuentes del entorno de Aragon¨¨s han calificado de ¡°inveros¨ªmiles¡± las justificaciones del CNI ante el Supremo y esperan conocer el contenido de la declaraci¨®n de Esteban. Cuando se produjeron los seguimientos, su partido, ERC, ya se hab¨ªa distanciado de la parte m¨¢s radical del movimiento independentista que exig¨ªa la independencia unilateral y que continuaba reivindicando el resultado de la votaci¨®n del 1 de octubre como un aval para declarar la independencia. Los letrados que asisten al president ya han recusado a la secretaria judicial que lleva el caso, pues form¨® parte de la comisi¨®n judicial que se envi¨® al departamento de Econom¨ªa, en septiembre de 2017, y tuvo que salir por el tejado del edificio, argumentando que la protesta en la calle contra el registro imposibilitaba abandonar el inmueble de manera segura.

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