Las razones por las que el CNI convirti¨® en ¡°objetivo informativo¡± a Pere Aragon¨¨s

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban no aport¨® novedades en la declaraci¨®n que el pasado viernes prest¨® como imputada ante el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 29 de Barcelona, Santiago Gracia, que investiga el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, con el programa israel¨ª Pegasus.

Esteban, que declar¨® telem¨¢ticamente desde los juzgados de la madrile?a Plaza de Castilla, se remiti¨® en todo momento a los tres mandamientos judiciales desclasificados por el Consejo de Ministros que llegaron al juzgado el d¨ªa anterior. Cada vez que se le ped¨ªan aclaraciones o ampliaciones sobre su contenido, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, alegaba que todo lo que tiene relaci¨®n con el CNI est¨¢ clasificado como secreto y ella no puede revelarlo. Durante la declaraci¨®n, que comenz¨® con retraso por problemas t¨¦cnicos y se prolong¨® casi una hora, Esteban, asistida por el abogado del Estado, no se sali¨® en ning¨²n momento de su guion.

El problema es que los documentos remitidos por el Gobierno al juez tienen tachones y p¨¢rrafos enteros tapados que dificultan su comprensi¨®n. Lo que ha trascendido de quienes los han visto es que el CNI pidi¨® espiar a Aragon¨¨s por su condici¨®n de ¡°coordinador en la clandestinidad de los CDR [Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica]¡±, la fuerza de choque de los independentistas durante el proc¨¦s.

Sin embargo, fuentes conocedoras del caso aseguran que lo que el CNI plante¨® al magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Pablo Lucas, encargado de controlar las acciones del servicio secreto que afectan a derechos fundamentales (intervenciones telef¨®nicas o registros domiciliarios), fue algo diferente.

El 24 de julio de 2019, poco m¨¢s de dos semanas despu¨¦s de haber asumido con car¨¢cter interino la direcci¨®n del centro de inteligencia ¡ªel general F¨¦lix Sanz hab¨ªa cesado en el cargo por cumplir su mandato y el Gobierno no pod¨ªa nombrar sustituto al estar en funciones¡ª Paz Esteban pidi¨® autorizaci¨®n al magistrado para intervenir el m¨®vil de Aragon¨¨s. El juez Lucas examin¨® con detenimiento la preocupante petici¨®n, pues el afectado era entonces vicepresidente de la Generalitat de Catalu?a, pero la directora del servicio secreto le comunic¨® que no se trataba de espiar sus comunicaciones institucionales, sino las de un m¨®vil distinto del oficial que en el pasado hab¨ªa sido utilizado por alguien que coordinaba las acciones de los CDR.

Tras comprobar que la solicitud se ajustaba a la Ley 11/2002 Reguladora del CNI, a la Ley Org¨¢nica 2/2002 de Control Judicial Previo del CNI y a los objetivos marcados por la Directiva de Inteligencia, estamp¨® su firma. Esteban no inform¨® entonces al Gobierno de que el coordinador de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y n¨²mero dos del Govern de Quim Torra ten¨ªa el tel¨¦fono pinchado, seg¨²n fuentes gubernamentales.

El mandamiento judicial ten¨ªa una vigencia de tres meses y se prorrog¨® el 21 de octubre de 2019, al final de la semana de violentos disturbios que sacudieron Catalu?a cuando se hizo p¨²blica la sentencia del Supremo contra los l¨ªderes del proc¨¦s. La escucha se prorrog¨® de nuevo el 14 de enero 2020, aunque esta vez el plazo de tres meses no lleg¨® a agotarse. Expertos en los servicios secretos aseguran que si el juez prolong¨® dos veces su autorizaci¨®n es porque se hallaron indicios que confirmaban las sospechas iniciales; aunque matizan que, si estos hubieran sido categ¨®ricos, deber¨ªa haberse pedido un nuevo mandamiento judicial en vez de realizar pr¨®rrogas sucesivas. Lo cierto es que los informes elaborados a partir de las escuchas a Aragon¨¨s no se entregaban al juez sino que se elevaban al Gobierno, aunque en ellos no se indicaba cu¨¢l era la fuente de la informaci¨®n.

Fue precisamente en enero de 2020 ¡ªlos d¨ªas 4, 5 y 13¡ª, cuando se produjeron las intrusiones con el software esp¨ªa Pegasus que detect¨® Citizen Lab, el equipo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canad¨¢), lo que hizo que se relacionaran los pinchazos con las negociaciones para la investidura de Pedro S¨¢nchez, que se desarrollaban en esas fechas.

En enero de 2020 a¨²n estaba vigente la Directiva Nacional de Inteligencia aprobada en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy. En este documento, clasificado como secreto, se fijaban los objetivos anuales del CNI y se desarrollaba el mandato de ¡°prevenir y evitar cualquier amenaza a la integridad territorial de Espa?a¡± que figuraba en la ley reguladora del centro, de 2002. Cuando, en noviembre de 2014, el entonces presidente catal¨¢n Artur Mas celebr¨® su consulta independentista, la posibilidad de que se produjera un proceso de secesi¨®n desde las propias instituciones empez¨® a considerarse una amenaza real. La directiva no mencionaba expresamente a Catalu?a ni tampoco al independentismo, pero daba la cobertura legal para que se convirtiera en ¡°objetivo informativo¡± del CNI.

En 2015, el general F¨¦lix Sanz cre¨® la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales (inspirada en la alemana Oficina Federal de Protecci¨®n de la Constituci¨®n, que vigila el extremismo de derechas e izquierdas). Se hab¨ªa cumplido un lustro del ¨²ltimo atentado de ETA y el CNI estaba reciclando a sus expertos antiterroristas. La nueva unidad empez¨® a husmear el rastro del proc¨¦s, que hasta entonces estaba fuera de su radar.

El trabajo acabar¨ªa dando sus frutos: en 2017 el presidente Mariano Rajoy tuvo sobre su mesa los borradores de las leyes de desconexi¨®n, que pretend¨ªan servir de paraguas jur¨ªdico a la ruptura de Catalu?a con el resto de Espa?a, mucho antes de que salieran a la luz p¨²blica. Tambi¨¦n hubo sonoros fiascos, como no olerse siquiera la llegada y distribuci¨®n por toda Catalu?a de 10.000 urnas de pl¨¢stico compradas en China y tra¨ªdas en barco hasta Marsella (Francia) que sirvieron para escenificar el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La noche anterior el Gobierno se acost¨® pensando que no habr¨ªa refer¨¦ndum porque no hab¨ªa papeletas ni urnas.

Puigdemont y Villarejo

El CNI se desquit¨® en parte con la detenci¨®n del fugado expresident Carles Puigdemont en el Estado alem¨¢n de Schleswig Holstein, el 26 de marzo de 2018, cuando regresaba de un viaje a Suecia a su exilio de Waterloo (B¨¦lgica). Puigdemont rode¨® en coche el golfo de Botnia, cerca del C¨ªrculo Polar ?rtico, para evitar los controles policiales de puertos y aeropuertos, pues ten¨ªa una euroorden vigente contra ¨¦l, pero fue in¨²til: el servicio secreto monitoriz¨® su viaje a trav¨¦s del GPS del m¨®vil de un acompa?ante. La detenci¨®n no dio los frutos esperados, pues los abogados del expresident catal¨¢n lograron evitar su entrega a Espa?a, pero eso ya no era responsabilidad del CNI.

Al contrario que la polic¨ªa patri¨®tica del comisario jubilado Jos¨¦ Villarejo, que fabricaba falsos informes policiales para desacreditar a los pol¨ªticos independentistas, el CNI no se sali¨® nunca del marco legal, seg¨²n conocedores del centro. El general Sanz no se lleg¨® a reunir con Villarejo, aunque el entonces ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, le insisti¨® en varias ocasiones para que lo hiciera. Y el polic¨ªa atribuy¨® al CNI la autor¨ªa del escrito an¨®nimo que puso a la Fiscal¨ªa tras la pista de sus negocios con Guinea Ecuatorial y dio origen a sus problemas con la Justicia.

En 2019, cuando el CNI intervino el m¨®vil de Aragon¨¨s, la Directiva Nacional de Inteligencia segu¨ªa siendo la del Gobierno de Mariano Rajoy. La repetici¨®n de las elecciones generales oblig¨® a prorrogarla aquel a?o y al siguiente la pandemia impuso otras prioridades y pospuso su modificaci¨®n. Seg¨²n las fuentes consultadas, el cambio no lleg¨® hasta 2021, un a?o despu¨¦s de que se dejara de espiar a Aragon¨¨s. Aunque el CNI le dijo al juez que no design¨® al actual presidente catal¨¢n como ¡°objetivo informativo¡± por su actividad pol¨ªtica, sino porque su tel¨¦fono era el nexo de conexi¨®n entre los violentos CDR.