La Fiscal¨ªa ignora la petici¨®n de la ONU de acoger a un chico gambiano que asegura ser menor de edad
Ocho d¨ªas despu¨¦s de que el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o dictaminase que Espa?a debe proteger al adolescente, el Defensor del Pueblo sugiere al ministerio p¨²blico y a la Comunidad de Madrid que lo ingresen ya en un centro
M¨¢s de una semana lleva Ibrahim, un chico de Gambia que lleg¨® a Canarias en cayuco el pasado agosto, sin tener un lugar permanente en el que dormir. El joven fue sacado el 12 de febrero del centro de menores en el que estaba ¡ªuna ONG hab¨ªa logrado que fuera acogido all¨ª temporalmente¡ª en cuanto la Fiscal¨ªa decret¨® que era mayor de edad. Ibrahim, que pide que no se revele su identidad, es para las autoridades espa?olas un adulto, a pesar de que ...
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M¨¢s de una semana lleva Ibrahim, un chico de Gambia que lleg¨® a Canarias en cayuco el pasado agosto, sin tener un lugar permanente en el que dormir. El joven fue sacado el 12 de febrero del centro de menores en el que estaba ¡ªuna ONG hab¨ªa logrado que fuera acogido all¨ª temporalmente¡ª en cuanto la Fiscal¨ªa decret¨® que era mayor de edad. Ibrahim, que pide que no se revele su identidad, es para las autoridades espa?olas un adulto, a pesar de que ¨¦l alega que tiene 14 a?os y aporta para demostrarlo un pasaporte, un acta de nacimiento, un certificado de autenticidad de su embajada y un informe policial que no ve indicios de falsificaci¨®n. Ante el riesgo de que acabase en la calle, Fundaci¨®n Ra¨ªces elev¨® su caso al Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de las Naciones Unidas que, sin entrar en el fondo del asunto, emiti¨® el pasado d¨ªa 14 un dictamen pidiendo a las autoridades espa?olas que readmitiesen a Ibrahim en un centro de menores mientras se resolv¨ªa el caso. Ocho d¨ªas despu¨¦s, ni la Fiscal¨ªa, ni la Comunidad de Madrid han movido ficha y el chico sigue durmiendo en un espacio para personas sin hogar donde solo se le permite ir al anochecer y donde no sabe hasta cu¨¢ndo podr¨¢ quedarse. Este jueves el Defensor del Pueblo ha pedido a ambas instituciones que realicen las ¡°gestiones necesarias¡± para cumplir con la indicaci¨®n de la ONU.
Ni el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o ni la Fiscal¨ªa ni la Comunidad de Madrid han respondido a las preguntas de EL PA?S.
El caso de Ibrahim refleja la situaci¨®n que est¨¢n viviendo en Espa?a decenas de j¨®venes procedentes de Gambia. Ante el presunto fraude de pasaportes de ciudadanos de esa nacionalidad, que supuestamente falsifican su edad para poder ser acogidos como menores, la polic¨ªa ha activado todos sus radares y sospecha de cualquier documento que venga de ese pa¨ªs. La Polic¨ªa Cient¨ªfica ha elaborado un informe t¨¦cnico en el que se enumeran las razones para cuestionar la veracidad de los datos contenidos en los pasaportes gambianos. El documento, al que tuvo acceso EL PA?S, destaca que en el pa¨ªs africano conviven dos pasaportes: uno que contiene datos biom¨¦tricos y m¨¢s fiable y otro, m¨¢s antiguo, que no solo no contiene las huellas del interesado sino que puede emitirse a trav¨¦s de un apoderado o un familiar.
La embajada de Gambia ha certificado la veracidad de los documentos de varios de estos chicos, incluido Ibrahim, pero eso no est¨¢ siendo suficiente para que agentes y fiscales les crean. El resultado es que las fiscal¨ªas de menores est¨¢n decretando la mayor¨ªa de edad y sac¨¢ndolos de los centros de menores, a pesar de que los chicos (y los abogados que los representan) insisten en que tienen menos de 18 a?os. La diferencia entre ser considerado menor o adulto es enorme, porque los menores, por ley, deben ser acogidos por la administraci¨®n y no pueden ser expulsados.
¡°Si se quiere cuestionar la validez de un pasaporte oficial expedido por un pa¨ªs al que Espa?a reconoce como Estado soberano, la ¨²nica manera de hacerlo es impugnar de manera individual aquellos documentos sobre los que pesen indicios de falsedad¡±, explica una jurista familiarizada con estos casos. As¨ª lo dictamina tambi¨¦n la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sentenci¨® en 2020: ¡°El valor acreditativo del menor de edad que resulta de la documentaci¨®n oficial expedida por las autoridades competentes de los pa¨ªses de origen debe prevalecer sobre las dudas suscitadas en la Fiscal¨ªa acerca de la fiabilidad de la edad que consta en una documentaci¨®n oficial que no ha sido invalidada ni desacreditada por las autoridades que la expidieron y que tampoco presenta indicios de manipulaci¨®n¡±.
Ibrahim fue tratado como un adulto desde que desembarc¨® en Canarias, y pas¨® por centros de acogida en Granada y Barcelona hasta que acab¨® en Madrid y se qued¨® en la calle. Su caso lleg¨® a manos de Fundaci¨®n Ra¨ªces, que logr¨® que ingresara en un centro de menores, pero semanas despu¨¦s la Fiscal¨ªa lo cit¨® para someterlo al procedimiento de determinaci¨®n de la edad. Por entonces, Ibrahim ya ten¨ªa con ¨¦l su pasaporte original porque lo hab¨ªa solicitado en Gambia antes de subirse a un cayuco. El menor se neg¨® entonces a que se hiciera unas pruebas forenses muy cuestionadas por su fiabilidad y que todas las autoridades competentes se han propuesto cambiar. Ante la negativa del chico, el fiscal pidi¨® a la polic¨ªa un informe pericial sobre el documento y, aunque esta no vio signos de falsedad, el ministerio p¨²blico acab¨® decretando su mayor¨ªa de edad. Con el decreto del fiscal, Ibrahim tuvo que dejar el centro de menores el 12 de febrero.
Hay otros muchos casos como el de Ibrahim que est¨¢n saliendo a la luz en los ¨²ltimos d¨ªas y casi todos siguen ese patr¨®n en el que se aplica directamente la sospecha de las autoridades. La polic¨ªa sigue creyendo que el fraude es mayoritario y contin¨²a buscando f¨®rmulas para evitar que supuestos adultos se hagan pasar por menores de edad que deben ser acogidos y que no pueden ser expulsados.
El ¨²ltimo caso, revelado por EL PA?S este jueves, surgi¨® en Lleida hace ya cuatro meses. La Brigada de Extranjer¨ªa hab¨ªa detectado un aumento de casos de j¨®venes que hab¨ªan permanecido tutelados en centros de la Generalitat, con cargo al erario p¨²blico, y que, finalmente, han sido considerados adultos. Y pens¨® que abrir una investigaci¨®n a esos j¨®venes por fraude pod¨ªa ser una forma de frenar esa tendencia. As¨ª, la Brigada de Extranjer¨ªa y Fronteras de Lleida remiti¨® un escrito a la Direcci¨®n General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo de la Generalitat que acoge a los menores, para solicitar informaci¨®n sobre cu¨¢nto dinero se hab¨ªa gastado en el ¡°alojamiento, manutenci¨®n, formaci¨®n sanidad y asesoramiento jur¨ªdico¡± de un joven gambiano que permaneci¨® en centros de acogida y que, seg¨²n un decreto de la Fiscal¨ªa, acab¨® siendo considerado mayor de edad.
El objetivo era encausarle por un presunto delito de fraude en subvenciones, que castiga a quien obtenga ¡°subvenciones o ayudas¡± de las administraciones ¡°falseando las condiciones requeridas¡±, como la edad. Para la fiscal¨ªa de Lleida, sin embargo, esta l¨ªnea de investigaci¨®n ¡°no tiene ning¨²n sentido¡±. ¡°Es una iniciativa de la polic¨ªa que nos causa una gran extra?eza¡±, explic¨® a EL PA?S el fiscal Jorge Luc¨ªa Morlans.