La Polic¨ªa pidi¨® a la Generalitat de Catalu?a cuantificar los gastos de un gambiano tutelado para investigarle por fraude

La Polic¨ªa ha explorado una v¨ªa para abrir procesos penales por fraude contra migrantes de Gambia que se benefician del sistema de acogida a menores y que resultan ser, tras las pruebas practicadas por la Fiscal¨ªa, mayores de edad. La estrategia policial, que no ha fructificado por ahora, se ensay¨® en Lleida por primera vez hace cuatro meses. La Brigada de Extranjer¨ªa hab¨ªa detectado un aumento de casos de j¨®venes que han permanecido tutelados en centro de la Generalitat, con cargo al erario p¨²blico, y que, finalmente, han sido considerados adultos. Y pens¨® que abrir una investigaci¨®n a esos j¨®venes por fraude pod¨ªa ser una forma de frenar esa tendencia.

El 26 de octubre de 2023, la Brigada de Extranjer¨ªa y Fronteras (GOE) de Lleida remiti¨® un escrito a la Direcci¨®n General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), el organismo de la Generalitat que acoge a los menores. Los agentes quer¨ªan saber cu¨¢nto dinero se hab¨ªa gastado la administraci¨®n en el ¡°alojamiento, manutenci¨®n, formaci¨®n sanidad y asesoramiento jur¨ªdico¡± de un joven gambiano que permaneci¨® en centros de acogida y que, seg¨²n un decreto de la Fiscal¨ªa, acab¨® siendo considerado mayor de edad. En el documento, al que ha accedido EL PA?S, la inspectora jefa del GOE solicit¨® a la Administraci¨®n los gastos ocasionados, tambi¨¦n, a ¡°asociaciones, administraciones p¨²blicas y organizaciones no gubernamentales¡±.

La iniciativa policial se pens¨® para los j¨®venes que est¨¢n llegando de Gambia a Canarias porque la Polic¨ªa mantiene la sospecha generalizada de los gambianos usan pasaportes falsos para hacerse pasar por menores de edad cuando no lo son. Ante las dudas sobre la veracidad de esos documentos, se est¨¢ sometiendo a j¨®venes a las pruebas de determinaci¨®n de edad, se?aladas por la comunidad cient¨ªfica y por la jurisprudencia por su amplio margen de error. El Tribunal Supremo ha sostenido que la documentaci¨®n oficial presentada por menores debe prevalecer salvo que haya sido invalidada por el pa¨ªs de origen.

El objetivo de esa petici¨®n de informaci¨®n, seg¨²n ha confirmado a este diario un portavoz oficial de la polic¨ªa, era explorar la posibilidad de abrir un procedimiento penal contra el joven gambiano por un presunto delito de fraude en subvenciones. El C¨®digo Penal castiga a quien obtenga ¡°subvenciones o ayudas¡± de las administraciones ¡°falseando las condiciones requeridas¡±. En este caso, el dato falseado ser¨ªa la edad. El delito prev¨¦ una pena atenuada (de tres meses a un a?o de c¨¢rcel o bien el pago de una multa) para cantidades que sobrepasen los 10.000 euros, pero no lleguen a 100.000. Esa es la horquilla que baraj¨® la polic¨ªa, de que solicitara la informaci¨®n para ver si pod¨ªa armar una causa penal.

La inspectora jefa de Extranjer¨ªa impuls¨® la iniciativa y la plante¨® a la Fiscal¨ªa de Lleida, que seg¨²n la portavoz dio su visto bueno para explorar esa v¨ªa. Consultado por ese oficio policial, el fiscal jefe de Lleida, Jorge Luc¨ªa Morlans, ha negado ¡°tajantemente¡± que se trasladara esa petici¨®n o que el ministerio p¨²blico tenga nada que ver con esa demanda de informaci¨®n. ¡°Para la Fiscal¨ªa, esta l¨ªnea de investigaci¨®n no tiene ning¨²n sentido. Es una iniciativa de la polic¨ªa que nos causa una gran extra?eza¡±, ha explicado Luc¨ªa a este diario.

La Brigada de Extranjer¨ªa de Lleida pretend¨ªa armar uno o dos casos potentes para ¡°frenar el efecto llamada¡± y evitar que gambianos que resultan ser mayores de edad se vean beneficiados por un sistema de acogida que est¨¢ pensado solamente para menores. ¡°Cuando se estafa a la administraci¨®n se deja de usar dinero para otros menores que s¨ª lo necesitan¡±, a?aden fuentes policiales.

Las pesquisas de la polic¨ªa, sin embargo, quedaron en punto muerto y no se ha vuelto a plantear esta estrategia en ninguna otra provincia. Seg¨²n la misma portavoz, el motivo de ese par¨®n es que la Generalitat ¡°no ha contestado¡± al oficio enviado por las autoridades. Consultado por esta circunstancia, un portavoz de la DGAIA confirm¨® que el organismo hab¨ªa recibido el requerimiento, que ignoraba su prop¨®sito y que, en cualquier caso, la administraci¨®n iba a darle tr¨¢mite.

¡°De un d¨ªa para otro, est¨¢bamos en la calle¡±

La sospecha generalizada de la Administraci¨®n espa?ola sobre los pasaportes gambianos busca evitar fraudes, pero tambi¨¦n deja indefensos a muchos j¨®venes que no pueden enfrentarse al sistema. La problem¨¢tica ha afectado de lleno a Musa y Bakary (nombres ficticios), que partieron de Gambia y llegaron a Barcelona v¨ªa Canarias. La Polic¨ªa los registr¨® como mayores de edad, anotando un a?o de nacimiento distinto del que indica su documentaci¨®n; despu¨¦s, cuando los pasaportes fueron enviados por las autoridades de Gambia, ese dato no se modific¨®. Fueron sometidos a las pruebas de edad ¨Dun examen radiol¨®gico de los huesos de la mano izquierda cuya fiabilidad cuestionan organismos nacionales e internacionales¨D y la Fiscal¨ªa concluy¨® que eran adultos, por lo que tuvieron que abandonar el centro de acogida de menores donde estaban, en las afueras de Barcelona. ¡°Tenemos un pasaporte que dice que somos menores, pero, de un d¨ªa para otro, est¨¢bamos en la calle. Siempre nos echan a los negros, est¨¢ claro que no nos quieren aqu¨ª¡±, se queja Musa.

La diferencia entre ser mayor o menor en casos como los de Musa y Bakary es ¡°abismal¡±, dice su abogado Albert Par¨¦s, especialista en extranjer¨ªa. ¡°Si llegan siendo menores, se acogen al protocolo de protecci¨®n¨D que les facilita la documentaci¨®n para residir y trabajar legalmente en Espa?a¨D, pero si son mayores no se pueden tramitar los papeles¡±, se?ala. Cuando los dos chicos llegaron a Barcelona, los Mossos s¨ª aceptaron provisionalmente la fecha de nacimiento de sus pasaportes y por eso fueron trasladados a un centro de acogida de la DGAIA. Par¨¦s incide en que cuestionar la validez de un pasaporte emitido por otro Estado contraviene la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el derecho internacional.

Musa lleg¨® a pasar once meses en el centro de acogida, a la espera del resultado de las pruebas. ¡°A los tres meses nos deben asignar un piso de acogida. Particip¨¦ en todas las actividades y guard¨¦ un comportamiento ejemplar y no sirvi¨® para nada¡±, lamenta. Bakary estuvo all¨ª solo tres meses y los pas¨® con el alma en vilo. En noviembre se confirmaron sus temores: ten¨ªan que irse del centro por mayores.

¡°Les mandan a la calle, a buscarse la vida... O tienes suerte, o esto significa vivir en una tienda de campa?a bajo el Arco del Triunfo¡±, critica Par¨¦s, que ha recurrido las resoluciones sobre Musa y Bakary, pero admite que el tiempo se agota. Si la sentencia favorable llega cuando los afectados ya han cumplido la mayor¨ªa de edad, el reglamento de Extranjer¨ªa prev¨¦ que puedan solicitar el permiso de residencia y trabajo que les corresponder¨ªa como menores, pero deben acreditar medios de vida en el pa¨ªs. ¡°?Qu¨¦ medios de vida va a tener una persona que lleva varios meses, desde la resoluci¨®n de la Fiscal¨ªa hasta que hay sentencia, viviendo en la calle y sin poder trabajar?¡±, se pregunta.

La fundaci¨®n Renta Corporaci¨®n est¨¢ costeando los estudios de Musa¨Dla DGAIA dej¨® de pagar el colegio cuando la Fiscal¨ªa decret¨® su mayor¨ªa de edad¨D y ahora vive con Elisabeth y su familia, que ya estaban tramitando antes su acogida. Lamin contin¨²a su formaci¨®n en paleter¨ªa y ha encontrado una habitaci¨®n en un refugio social. Recibe ayuda econ¨®mica, techo y comida a cambio de trabajar en las taras del centro. Los dos pertenecen a ese ¡°reducido grupo de afortunados¡± que han encontrado un lugar donde vivir. ¡°Yo estoy mejor que nunca, pero no s¨¦ hasta cuanto va a durar esto. Y me duele mucho ver a mis hermanos de Gambia y Senegal durmiendo en la calle, es muy duro. Fuera hace mucho fr¨ªo¡±, confiesa Musa.