El Gobierno de Baleares inicia una nueva reclamaci¨®n por las mascarillas del ¡®caso Koldo¡¯ distinta a la de Armengol

La rama balear de la supuesta trama del caso Koldo ha a?adido este jueves otro elemento m¨¢s al intenso enfrentamiento entre PP y PSOE en las Islas. El Govern presidido por la popular Marga Prohens ha registrado una nueva reclamaci¨®n para exigir el importe total de las mascarillas defectuosas compradas por el Ejecutivo de su antecesora, la socialista Francina Argengol, a la empresa ligada a la presunta red corrupta, durante la pandemia de covid-19. La ahora presidenta del Congreso impuls¨® un expediente previo y distinto para exigir la devoluci¨®n. Los socialistas acusan a Prohens de haber dejado expirar el plazo de esta segunda reclamaci¨®n y piden la dimisi¨®n de la actual consejera de Salud. El Govern lo niega.

La empresa Soluciones de Gesti¨®n, recomendada por Koldo Garc¨ªa, asesor principal del entonces ministro Jos¨¦ Luis ?balos, litiga desde hace un a?o con Baleares por el supuesto incumplimiento en la venta de 1,4 millones de mascarillas con calidad inferior a la comprometida por un importe de 3,7 millones de euros. Los responsables del anterior Gobierno socialista balear defienden que a los pocos d¨ªas de llegar esas mascarillas ¡ªque cre¨ªan FFP2 y la empresa etiquet¨® como FFP2/KN95¡ª las mandaron a analizar a su laboratorio; y comprobaron que no ten¨ªan la m¨¢xima calidad ni la capacidad de filtraci¨®n para ser utilizadas en hospitales. Aseguran, no obstante, que eran ¨²tiles para el uso civil, y que por este motivo las pagaron con urgencia porque las quer¨ªan tener en stock, como les requer¨ªa el Ministerio y aconsejaba la OMS. Adem¨¢s, contar¨ªan con varios documentos que seg¨²n Armengol les respaldan a la hora de probarlo.

El 20 de marzo de 2023, dos meses antes de las elecciones del 28-M en las que Armengol perdi¨® el Ejecutivo de Baleares, el director general de Salud, Manuel Palomino, comunic¨® a la empresa Soluciones de Gesti¨®n que al haberse detectado que las mascarillas adquiridas durante la pandemia no cumpl¨ªan con los requerimientos t¨¦cnicos, ¡°se proceder¨¢ a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situaci¨®n que ha ocasionado este hecho¡±. Solo cuatro d¨ªas despu¨¦s, la empresa contest¨®: ¡°Las mascarillas suministradas KN95 lo eran conforme a lo convenido por ambas partes y cumpl¨ªan perfectamente con los requisitos administrativos aplicables. Es completamente extempor¨¢neo e improcedente que, en el marco de una contrataci¨®n de emergencia, se nos comunique casi tres a?os despu¨¦s unos supuestos defectos en el suministro realizado sobre la base de un an¨¢lisis de mascarillas FFP2 que no fueron las suministradas¡±.

Dos meses despu¨¦s, el pasado 6 de julio, Armengol impuls¨® una propuesta de reclamaci¨®n de 2,6 millones de euros. El importe se correspond¨ªa con la diferencia de valor entre un tipo de mascarillas, de mejor calidad, y otro. M¨¢s tarde, el 24 de agosto, ya con Prohens al frente del Govern, la Consejer¨ªa de Salud formaliz¨® dicho escrito. Pero el funcionario que tramita el documento comete ¡°un error¡± ¡ªse?ala Javier Ure?a, actual director general del Servicio de Salud balear (IBSalut)¡ª, al elaborar el documento e inscribe un plazo de caducidad de la reclamaci¨®n de tres meses en lugar de ocho, como corresponde a este tipo de expedientes seg¨²n el art¨ªculo 212. 8 de la Ley de Contratos del Servicio P¨²blico (¡±los expedientes de resoluci¨®n contractual deber¨¢n ser instruidos y resueltos en el plazo m¨¢ximo de ocho meses¡±).

El PSOE considera que el plazo expir¨® en noviembre al tomar como referencia esos tres meses. Mientras que el PP se basa en los ocho de dicho precepto. Los populares alegan por otra parte que han iniciado una reclamaci¨®n distinta por dos motivos fundamentales: exigir el importe total de las mascarillas, 3,5 millones de euros y cambiar la fundamentaci¨®n jur¨ªdica del expediente. Seg¨²n los populares, el informe de Armengol inclu¨ªa una certificaci¨®n firmada en verano de 2020 asumiendo que el material era apto. ¡°Ten¨ªa pocas posibilidades de prosperar¡±, afirma Ure?a por tel¨¦fono. Y explica que la reclamaci¨®n registrada este viernes por el Govern ha excluido dicha certificaci¨®n y, por contra, alega la nulidad del contrato con Soluciones de Gesti¨®n, una empresa sin experiencia en estos asuntos. Ese razonamiento distinto implica a su vez que el proceso se regule por el art¨ªculo 106 de la Ley del Procedimiento Administrativo Com¨²n de las Administraciones P¨²blicas, y no por la citada anteriormente. Por lo que el plazo que se abre ahora es de seis meses y no de ocho.

Petici¨®n de dimisi¨®n

Todos estos argumentos son rechazados por el PSOE, que exige la dimisi¨®n de la consejera de Salud, Manuela Garcia, y del director del IBSalut, Javier Ure?a. ¡°Ure?a sab¨ªa que el expediente estaba caducado cuando salt¨® p¨²blicamente el caso, y ha difamado al anterior Ejecutivo ocultando esta informaci¨®n¡±, ha criticado Iago Negueruela, portavoz socialista en el Parlamento balear, que ha acusado de ¡°mentir¡± a la presidenta balear, Marga Prohens, y los responsables de la consejer¨ªa de Sanidad. Ure?a acusa de ¡°ocultaci¨®n¡± al Ejecutivo de Armengol y asegura que no dio m¨¢s importancia a una reclamaci¨®n que pasa por sus manos como otras cualquiera. Y que no fue hasta el estallido del caso Koldo que repararon en la misma.