Cuando la pol¨ªtica deja secuelas irreparables

Hay d¨¦j¨¤ vu que duran toda la vida. El gran paradigma de Demetrio Madrid, que dimiti¨® como presidente de Castilla y Le¨®n en 1986 tras ser procesado por un delito del que fue absuelto cuatro a?os m¨¢s tarde, regres¨® esta semana con el archivo de la causa judicial contra M¨®nica Oltra. La l¨ªder de Comprom¨ªs hab¨ªa renunciado como vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano en 2022, a menos de un a?o de las elecciones auton¨®micas, tras ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido en un centro de menores de la Generalitat. Dos a?os despu¨¦s, el juez ha dado carpetazo al caso tras no apreciar ¡°indicios de la comisi¨®n de delito alguno¡±.

¡°Lo que le ha sucedido a Oltra me ha hecho recordar mi propia experiencia... Si no lo hiciera, ser¨ªa de madera¡±, interviene Demetrio Madrid, que aprovecha la conversaci¨®n con EL PA?S ¡°para trasladar un saludo afectuoso¡± a la exvicepresidenta valenciana e incidir ¡°que ah¨ª est¨¢ y siempre le quedar¨¢ su itinerario personal intachable¡±. El primer presidente de Castilla y Le¨®n tras la dictadura, ¨²nico por el PSOE, renunci¨® ¡°para no perjudicar a la instituci¨®n¡± con la esperanza de que la acusaci¨®n por la supuesta venta ilegal de una empresa textil de su propiedad se resolver¨ªa pronto. Las elecciones fueron en 1987: Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar las gan¨® por 5.000 votos, despu¨¦s de que el PSOE perdiera 120.000. La justicia absolvi¨® a Madrid de haber cometido un delito social en 1990. ¡°A m¨ª nadie me oblig¨® a dimitir, aunque hay d¨ªas que tengo la doble sensaci¨®n de si fue o no una decisi¨®n acertada. Pensaba que se resolver¨ªa pronto y que me volver¨ªa a presentar como candidato... La sentencia fue absolutamente laudatoria, pero en la justicia no hubo ninguna prisa. Eso que llaman lawfare ¡ªjudicializaci¨®n pol¨ªtica¡ª ha funcionado desde siempre¡±.

El archivo del caso de Oltra, que acapar¨® decenas de portadas y cientos de tertulias, reabre el debate sobre cu¨¢l debe ser la respuesta de los partidos cuando la justicia entra en juego y qu¨¦ se podr¨ªa hacer para reparar el da?o personal. ¡°Necesitamos librar el debate de la restituci¨®n y reparaci¨®n del da?o cuando un caso judicial queda en nada, es algo que tenemos pendiente¡±, reflexiona la polit¨®loga Cristina Monge. El pol¨ªtico puede ser irremediable: el 28-M Comprom¨ªs perdi¨® 90.000 votos y dos diputados que, combinados con el hundimiento de Unidas Podemos, propici¨® un Gobierno de coalici¨®n de PP y Vox. ¡°Me tuve que presentar yo y aguantamos los muebles, pero pienso que quienes interpusieron la querella y estaban detr¨¢s obtuvieron lo que pretend¨ªan ¡ªla formaci¨®n de Santiago Abascal ejerci¨® la acusaci¨®n particular y dilat¨® el proceso¡ª, M¨®nica no se pudo presentar, el bloque progresista fue a las elecciones debilitado y perdimos el Gobierno. Claramente, tuvo consecuencias¡±, expone Joan Baldov¨ª. El cabeza de lista de Comprom¨ªs en las pasadas auton¨®micas reconoce que los ¨²ltimos d¨ªas se ha hecho varias veces la misma pregunta: ?Oltra ten¨ªa alternativa a la dimisi¨®n? ¡°Mi conclusi¨®n es que no se podr¨ªa actuar de otra manera. En la izquierda, partidos y votantes somos much¨ªsimo m¨¢s exigentes que en la derecha. M¨®nica se fue a su casa y est¨¢ absolutamente legitimada para volver a la pol¨ªtica. La mejor reparaci¨®n ser¨ªa esa y que regresara por la puerta grande¡±, sentencia.

En la derecha est¨¢ muy extendida la idea de que Oltra termin¨® siendo v¨ªctima del list¨®n que ella misma estableci¨® cuando exig¨ªa la dimisi¨®n de Francisco Camps, que presidi¨® un Gobierno salpicado de corruptos, por su presunta implicaci¨®n en el caso G¨¹rtel y casos como el de los trajes, del que sali¨® absuelto en 2011. Oltra, defensora de que la ¡°l¨ªnea de la ¨¦tica¡± en la pol¨ªtica ¡°no deber¨ªan marcarla los tribunales¡± y contraria al ¡°automatismo¡± de que tener que dimitir si se est¨¢ imputado porque hay ¡°muchas casu¨ªsticas¡±, marc¨® un precedente exigiendo la renuncia de Camps por ¡°responsabilidad pol¨ªtica¡±. Justo lo que el PSOE le pidi¨® a Jos¨¦ Luis ?balos por el caso Koldo, el primer esc¨¢ndalo de corrupci¨®n relevante del Gobierno desde que Pedro S¨¢nchez lleg¨® a La Moncloa en 2018. ?balos, exministro de Fomento y ex n¨²mero tres del PSOE, se atrincher¨® en el esca?o con el argumento de que la justicia no le acusa de nada y se pas¨® al Grupo Mixto, mientras Ferraz le suspend¨ªa de militancia: el c¨®digo ¨¦tico del partido establece la suspensi¨®n cautelar autom¨¢tica como afiliados cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por delitos de corrupci¨®n o violencia de g¨¦nero. Otro ejemplo reciente de la contundencia aplicada por el PSOE fue la dimisi¨®n del concejal socialista Daniel Viondi en septiembre por darle tres toques en la cara al alcalde de Madrid, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida. En cambio, Javier Ortega Smith, edil y diputado estatal de Vox y uno de los que con m¨¢s ah¨ªnco pidi¨® el cese de Viondi, se neg¨® a emprender el mismo camino tras lanzar una botella al concejal de M¨¢s Madrid Eduardo Fern¨¢ndez Rubi?o en un pleno.

Volviendo a Oltra, la portavoz de Podemos, Isa Serra, lo considera ¡°un caso evidente de difamaci¨®n y de c¨®mo se sigue usando el lawfare en nuestro pa¨ªs como un arma para intentar intervenir en la pol¨ªtica e impedir las pol¨ªticas de avances de derechos. Demuestra que hay que protegerse frente a una forma de corrupci¨®n de la justicia. Creo que a Oltra no se le ha protegido¡±. Serra se pone de ejemplo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendi¨® en septiembre de 2022 la ejecuci¨®n de la condena, impuesta en abril de 2020, de un a?o y siete meses de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a la exdiputada en la Asamblea de Madrid por atentado a la autoridad durante una protesta para frenar un desahucio en 2014. ¡°La reacci¨®n de la ejecutiva de Podemos fue la de hacerme portavoz, se mand¨® as¨ª el mensaje de que se me respaldaba, de que me apoyaba en una causa en la que era evidente que hab¨ªa una denuncia falsa y ning¨²n indicio por el cual yo pod¨ªa ser juzgada por atentado a la autoridad¡±, remarca. Podemos establece en su c¨®digo ¨¦tico la renuncia a los cargos p¨²blicos y org¨¢nicos por el procesamiento o condenas por casos de corrupci¨®n, violencia machista o contra la infancia, delitos ecol¨®gicos o urban¨ªsticos, pero prev¨¦ la salvedad de ¡°cuando exista un contexto de acoso judicial con intenciones pol¨ªticas (lawfare) y alejado del derecho¡±.

Otros damnificados se lamentan de sus a?os de penurias judiciales. La Audiencia Nacional archiv¨® a finales del a?o pasado la acusaci¨®n contra Salvador Victoria y Luc¨ªa Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid, en el caso P¨²nica. Los dos estaban imputados y dimitieron en junio de 2015, un mes despu¨¦s de los comicios regionales de ese a?o, para facilitar un pacto entre el PP y Ciudadanos y que Cristina Cifuentes pudiese ser investida presidenta auton¨®mica. ¡°Ya no tengo ninguna causa pendiente tras cinco archivos judiciales, pero he mantenido la situaci¨®n de investigado durante m¨¢s de ocho a?os¡±, relata Victoria, que pas¨® de ser consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de gobierno a no entrar en las listas ¡°en parte motivado por todo el c¨²mulo de informaciones y una situaci¨®n procesal que me llevaron a interrumpir mi actividad pol¨ªtica y en la administraci¨®n¡±. ¡°No solo me perjudicaron en mis tareas pol¨ªticas, sino que incluso por decisi¨®n personal decid¨ª no reingresar al servicio en el que era funcionario por coincidir donde yo hab¨ªa sido consejero y porque los servicios jur¨ªdicos estaban personados en la causa p¨²blica, cuenta Victoria, letrado por oposici¨®n y que ejerce como abogado. ¡°No ha sido f¨¢cil ni en lo personal ni en lo profesional por las implicaciones para la familia, tu entorno... Adem¨¢s, sufr¨ª incomprensiblemente a petici¨®n de la Fiscal¨ªa unas medidas durante dos a?os totalmente desproporcionadas de retirada del pasaporte y de tener que acudir a firmar mensualmente al juzgado. Una decisi¨®n desproporcionada que no se tom¨® con nadie en circunstancias similares a la m¨ªa¡±, concluye.

¡°Las propuestas de la nueva pol¨ªtica estaban muy ligadas a la regeneraci¨®n y hubo un momento donde se elevaron los est¨¢ndares de exigencia ¨¦tica para los pol¨ªticos. Eso est¨¢ bien, que seamos m¨¢s exigentes, pero hay que hacer una reflexi¨®n para aquellos casos que quedan en nada¡±, incide Monge. Mientras, la preocupaci¨®n relacionada con los partidos pol¨ªticos y la corrupci¨®n aumentan seg¨²n el CIS y otros estudios demosc¨®picos. Espa?a ha bajado un puesto (36 de 180) y cuatro respecto a 2020 en su posici¨®n en el ¨²ltimo r¨¢nking mundial del ¨ªndice de percepci¨®n de la corrupci¨®n de Transparencia Internacional. ¡°Para que Espa?a pueda remontar esta tendencia, es preciso no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendici¨®n de cuentas¡±, explica David Mart¨ªnez, director ejecutivo de la organizaci¨®n en Espa?a. Sin entrar en ning¨²n caso archivado en concreto, apela ¡°al respeto de la presunci¨®n de inocencia¡± como primera condici¨®n en un contexto pol¨ªtico crispado y polarizado. ¡°No es f¨¢cil establecer una regla fija, pero s¨ª apelar a la responsabilidad y a la contenci¨®n en todo lo que se refiere a las instituciones y a las personas que desempe?an cargos p¨²blicos. Lo que conduce a estas situaciones es la instrumentalizaci¨®n pol¨ªtica del proceso judicial desde la simple imputaci¨®n de hechos hasta la apertura de juicio oral, todo ello en fase de investigaci¨®n, y la lentitud de la justicia que cuando finalmente resuelve el da?o provocado es irreparable¡±, a?ade Mart¨ªnez.