El fiscal general del Estado pide la opini¨®n de toda la carrera sobre las reformas necesarias para asumir la instrucci¨®n penal

En medio de la guerra declarada por el sector conservador de la Fiscal¨ªa al fiscal general del Estado a cuenta de la ley de amnist¨ªa a los encausados del proc¨¦s, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz pretende aunar a toda la carrera para impulsar una modificaci¨®n del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal que dote de mayor ¡°autonom¨ªa¡± a esta instituci¨®n. Se trata de una reforma necesaria, seg¨²n coinciden todos los sectores de la Fiscal¨ªa, para poder asumir las competencias que les otorgar¨¢ la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un proyecto estancado desde hace a?os pero que le Gobierno quiere desatascar en los pr¨®ximos meses y que dejar¨¢ en manos de los fiscales la instrucci¨®n de las causas penales. Garc¨ªa Ortiz se reuni¨® este mi¨¦rcoles con las tres asociaciones de fiscales y les encarg¨® que sean ellas las que asuman la elaboraci¨®n del nuevo Estatuto y que se pida la opini¨®n de toda la carrera, seg¨²n se?alan fuentes de las Fiscal¨ªa y de las asociaciones.

La reuni¨®n de este mi¨¦rcoles fue propuesta por Garc¨ªa Ortiz despu¨¦s de que el ministro de Justicia, F¨¦lix Bola?os, confirmara que el Gobierno pretende aprobar en los pr¨®ximos meses la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura dise?adas en los ¨²ltimos a?os y que implicar¨¢ un vuelco en el proceso penal. El proyecto para que los fiscales asumieran la instrucci¨®n penal se puso en marcha hace casi 15 a?os, durante el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y el PP tambi¨¦n se ha mostrado favorable, pero el proyecto se ha ido retrasando. Ya con Pedro S¨¢nchez en la Moncloa, el Consejo de Ministros aprob¨® el anteproyecto en noviembre de 2020, y, en febrero de 2021, encarg¨® al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los informes preceptivos para poder seguir tramitando la norma.

El principal ¨®rgano asesor del fiscal general aprob¨® por unanimidad cinco meses despu¨¦s un documento de m¨¢s de 700 p¨¢ginas en el que apoyaba la decisi¨®n del Gobierno de dejar la instrucci¨®n penal en manos de los fiscales, una reivindicaci¨®n hist¨®rica de la carrera, pero cuestion¨® aspectos clave de la norma que, en opini¨®n de este ¨®rgano, pueden hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal. Uno de los reparos que pusieron los fiscales es que las nuevas funciones que la Lecrim atribuir¨¢ al ministerio p¨²blico exigen una reforma del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal para lograr ¡°un avance en los espacios de autonom¨ªa, especializaci¨®n, transversalidad y descentralizaci¨®n¡± y promover ¡°la confianza de la ciudadan¨ªa en la instituci¨®n¡±.

La reforma del Estatuto que regula el funcionamiento de la carrera est¨¢ previsto en la nueva Lecrim, pero el Gobierno no concreta en qu¨¦ se traducir¨¢n esos cambios. Esta es la tarea que ha encargado Garc¨ªa Ortiz a las tres asociaciones, la Asociaci¨®n de Fiscales (la mayoritaria, de tendencia conservadora), la Uni¨®n Progresista de Fiscales y la Asociaci¨®n Independiente de Fiscales. La intenci¨®n de la Fiscal¨ªa, se?alan fuentes de la instituci¨®n, es que en el proceso de redacci¨®n del nuevo Estatuto participen ¡°todos los fiscales¡±. ¡°Solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garant¨ªas para un nuevo Estatuto Org¨¢nico que responda a la futura Lecrim¡±, se?alan estas fuentes. Ambas partes volver¨¢n a reunirse el pr¨®ximo 7 de mayo.

El Gobierno sigue a la espera de que el CGPJ le env¨ªe su informe sobre la reforma legal, pendiente desde hace m¨¢s de tres a?os. El ministerio que dirige Bola?os pidi¨® por escrito al Consejo el pasado 21 de marzo que le remitiera el texto esa misma semana, un plazo que el ¨®rgano de gobierno de los jueces ha incumplido. Ese ultim¨¢tum s¨ª ha servido, no obstante, para que el CGPJ retome los trabajos que ya ten¨ªa avanzados, pero que estaban aparcados. Fuentes del ¨®rgano se?alan que el informe definitivo se intentar¨¢ llevar al pleno del mes de junio, lo que supondr¨ªa un retraso de tres meses sobre la fecha marcada por el Ejecutivo.

El Consejo cuenta ya con un documento elaborado por un grupo de trabajo integrado por tres jueces (Antonio del Moral, magistrado de la Sala penal del Supremo; Dolores Hern¨¢ndez Garc¨ªa; y Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega, uno de los autores del anteproyecto de ley). Ese texto, que los vocales ya conoc¨ªan pero que se les ha vuelto a enviar ahora para que lo analicen, se?ala que la nueva Lecrim obedece ¡°a la imperiosa necesidad de articular un instrumento procesal plenamente adaptado a las necesidades de la sociedad actual y de la Administraci¨®n de Justicia, y de establecer una regulaci¨®n del procedimiento penal que sirva de referencia normativa b¨¢sica a las profundas transformaciones que requieren las instituciones procesales penales¡±.

Los expertos del CGPJ coinciden en que el nuevo modelo debe venir acompa?ada de una reforma del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, ¡°reforma que ha de quedar extramuros del texto¡± de la ley y que deber¨¢ abundar ¡°en la autonom¨ªa funcional y org¨¢nica de la instituci¨®n y en la garant¨ªa de imparcialidad, dentro del respeto de los principios constitucionales de legalidad, unidad de actuaci¨®n y dependencia jer¨¢rquica¡±. El informe del Consejo sugiere algunos de los aspectos que deber¨ªan abordarse en esa reforma, entre los que destaca cambios en el r¨¦gimen del fiscal general del Estado, ¡°en especial en su sistema de nombramiento y en su estatuto de inamovilidad¡± (¡±la coincidencia del plazo de duraci¨®n del mandato y el plazo ordinario de la legislatura, y el cese del Fiscal General del Estado con el Gobierno que lo nombr¨® ensombrecen todav¨ªa la garant¨ªa de independencia¡±, se?ala el texto). El dictamen de los expertos del Poder Judicial considera que las mejoras tambi¨¦n deben incidir en ¡°aumentar el espacio de inmunidad frente a la intervenci¨®n del Gobierno y en el r¨¦gimen de relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General¡±.

El informe se?ala tambi¨¦n que, en la l¨ªnea de las recomendaciones del GRECO (el Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n del Consejo de Europa) el r¨¦gimen de relaciones entre el ministerio fiscal con los poderes p¨²blicos ¡°deber¨ªa estar encabezado por una prohibici¨®n¡± similar a la que recoge el Reglamento de la Fiscal¨ªa Europea respecto a que el Gobierno pueda dirigir al fiscal general del Estado ¡°¨®rdenes, instrucciones o indicaciones de ning¨²n tipo¡±.