La jueza mantiene en prisi¨®n al piloto de la primera narcolancha investigada por el asesinato de los guardias civiles de Barbate

El piloto de narcolancha que fue inicialmente investigado y despu¨¦s eximido policialmente del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (C¨¢diz) el pasado febrero seguir¨¢ en prisi¨®n preventiva. La jueza Mar¨ªa Eulalia Chanfreut ha denegado su puesta en libertad con un auto en el que, entre otros argumentos, incide en la gravedad de los otros delitos por los que contin¨²a investigado ¨Dcontrabando y pertenencia a organizaci¨®n criminal¡ª, que supondr¨ªan penas de hasta siete a?os y medio de c¨¢rcel. Tambi¨¦n remarca sus antecedentes penales y judiciales, como una pena de seis meses de c¨¢rcel que fue suspendida en septiembre de 2022 con la condici¨®n de que no volviera a delinquir durante dos a?os, seg¨²n ha adelantado el Diario de C¨¢diz y han confirmado a EL PA?S fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA).

La jueza hace referencia al informe aportado por la Guardia Civil que descarta que los seis encarcelados fueran los responsables de la muerte de los dos agentes, pero se alinea con el criterio de la Fiscal Antidroga, Ana Villag¨®mez, que ya se mostr¨® contraria a la liberaci¨®n de los primeros detenidos por la gravedad de los otros hechos por los que se les investiga. Las ¨²ltimas peticiones de libertad planteadas la semana pasada por las defensas no se han resuelto todav¨ªa, seg¨²n las mismas fuentes.

Esta es la primera decisi¨®n judicial sobre la situaci¨®n personal de uno de los seis encarcelados desde que, la semana pasada, la Guardia Civil cambi¨® el rumbo de la investigaci¨®n con un informe en el que se analizaba el v¨ªdeo grabado por uno de los detenidos y se conclu¨ªa que fue otra narcolancha la que embisti¨® y mat¨® a los dos agentes del instituto armado. La jueza, que est¨¢ destinada como refuerzo en los juzgados de Barbate y que ya intervino en las diligencias al comienzo de esta causa, ha dado respuesta a un recurso que plante¨® el abogado defensor del piloto, identificado como Francisco Javier M. P. El letrado, ?lvaro Aznar, hab¨ªa recurrido un auto del pasado 24 de abril ¡ªprevio al informe de la Guardia Civil¡ª en el que se rechazaba la puesta en libertad de su defendido, y recibi¨® el 10 de mayo la respuesta judicial, que es la que se ha conocido este mi¨¦rcoles y que se insiste en mantener al piloto en prisi¨®n. Las peticiones de libertad presentadas despu¨¦s est¨¢n a¨²n pendientes de ser respondidas por la magistrada.

El informe de la Guardia Civil, remitido el 7 de mayo al juzgado de primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barbate y al que tuvo acceso EL PA?S, apunta a otra embarcaci¨®n de alta velocidad en la que viajaban tres personas no identificadas como la verdadera responsable del tr¨¢gico abordaje y, por tanto, considera que ¡°es posible descartar la participaci¨®n de los actualmente investigados¡± en el asesinato de los guardias civiles. En sus declaraciones ante la jueza que inici¨® la instrucci¨®n, los seis detenidos ya negaron su participaci¨®n en los hechos y se?alaron a otra embarcaci¨®n como causante del suceso. Uno de ellos, Mustaf¨¢ C., lleg¨® a afirmar que ¨¦l conoc¨ªa al piloto de la narcolancha que atac¨® a los agentes, al que identific¨® como un tal Khaled, y que tanto este como el resto de ocupantes ¨D¨¦l asegura que eran cuatro en total¨D ¡°eran marroqu¨ªes¡±.

En su primera petici¨®n de ingreso en prisi¨®n, el pasado 12 de febrero, la Fiscal¨ªa Antidroga se?al¨® que todos los investigados se encontraban en una embarcaci¨®n con eslora y potencia superior a la establecida por el Real Decreto de 2018. Este decreto se aprob¨® para perseguir el uso de grandes embarcaciones neum¨¢ticas y semirr¨ªgidas empleadas en el tr¨¢fico de drogas, de forma que la simple tenencia de las mismas en las condiciones que marcaba el documento (que establece dimensiones m¨¢ximas y potencia) se considera un delito de contrabando. Tambi¨¦n apuntaba la Fiscal¨ªa que este tipo de embarcaciones son utilizadas habitualmente en esa zona para el tr¨¢fico de drogas o personas migrantes, o para el suministro de gasolina a otras embarcaciones de este tipo, y que los seis investigados por el asesinato de los guardias civiles no ten¨ªan capacidad econ¨®mica para adquirir y mantener una embarcaci¨®n como la que estaban ocupando.

Estas circunstancias hac¨ªan que el ministerio p¨²blico considerara que estaban ¡°al servicio de organizaciones criminales¡± que act¨²an en estas zonas, y por eso se les investiga por pertenencia a organizaci¨®n o grupo criminal. Las penas del delito de contrabando oscilan entre los tres y los cinco a?os de prisi¨®n, mientras que las de pertenencia a organizaci¨®n criminal o grupo delictivo conllevan castigos que van de los dos a cinco a?os de prisi¨®n en el caso de organizaci¨®n criminal y de 6 meses a dos a?os si se considera que pertenec¨ªan a un grupo criminal.

Las diligencias por esta causa contin¨²an. El pasado viernes declararon en sede judicial algunos de los guardias civiles que ocupaban la peque?a z¨®diac de la Guardia Civil atacada por una narcolancha de gran envergadura. Tambi¨¦n se ha abierto una nueva causa en el mismo juzgado tras recibir una denuncia de la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil (AUGC) por las condiciones laborales de los guardias civiles que participaron en el operativo. La asociaci¨®n reclama que se investigue a los mandos responsables de organizar el operativo en cuyo desarrollo fueron asesinados los dos agentes, y que se depuren responsabilidades. En su escrito de petici¨®n al juzgado, la asociaci¨®n incide en que los medios de los que dispon¨ªan los agentes eran ¡°notoriamente insuficientes e inadecuados¡±, especialmente para enfrentarse a las conocidas como narcolanchas, de mayor potencia y dimensiones, y a personas muy peligrosas, dedicadas a actividades de car¨¢cter criminal.