Joaqu¨ªn Ur¨ªas: ¡°El sesgo nos lleva a que, por encima del legislador, prime la creencia del juez¡±

Joaqu¨ªn Ur¨ªas (Sevilla, 56 a?os) lleva tres d¨¦cadas explicando la teor¨ªa de los derechos fundamentales en las aulas de la Universidad de Sevilla, donde es profesor del departamento de Derecho Constitucional. Tuitero muy activo y asiduo colaborador en medios de comunicaci¨®n, es uno de los juristas de cabecera de la izquierda y una de las voces m¨¢s incisivas sobre del sistema judicial espa?ol, al que elogia bondades, pero le reprocha no haber conseguido deshacerse de algunos lastres del pasado. A explicarlo dedica su ¨²ltimo libro, La Justicia en el banquillo (Arpa), donde hace un repaso cr¨ªtico del engranaje judicial. ¡°A nuestros jueces no se les ense?a a ser imparciales y, aunque se esfuercen en ello, muchas veces se dejan llevar por los prejuicios o los sesgos. No significa que act¨²en al dictado de partidos pol¨ªticos ni de nadie, sino que su manera de pensar se refleja en sus decisiones¡±, se?ala en una conversaci¨®n telef¨®nica desde Albania, pa¨ªs en el que dirigi¨®, entre 2010 y 2014, un proyecto de la Uni¨®n Europea para reformar el sistema judicial.

Ur¨ªas defiende en su libro que en Espa?a hay un problema de falta de imparcialidad y neutralidad en la justicia. A esta situaci¨®n se ha llegado, seg¨²n explica, porque los males hist¨®ricos (una carrera ideol¨®gicamente muy homog¨¦nea o la forma de acceso a la c¨²pula judicial) han confluido con otros m¨¢s nuevos (la polarizaci¨®n pol¨ªtica o el altavoz de las redes sociales). El resultado es que ¡°algunos jueces¡±, asegura, se han convertido en actores pol¨ªticos. Considera que sucede en todos los niveles de la justicia, pero las consecuencias son m¨¢s importantes cuando se da en la alta magistratura, la que resuelve sobre cuestiones clave para el pa¨ªs. ¡°El sesgo nos lleva a que, por encima de la voluntad del legislador democr¨¢ticamente elegido, prime la creencia del juez¡±, advierte Ur¨ªas, que fue letrado, durante siete a?os, del Tribunal Constitucional.

Y esto ocurre en una carrera, la judicial, en la que la mayor¨ªa de sus miembros se alinean ideol¨®gicamente del lado conservador. ¡°Son datos. Lo demuestra el asociacionismo judicial o las elecciones para los pocos cargos que se pueden elegir por parte del juez. A trav¨¦s de las oposiciones, del sistema de preparadores, se favorece una determinada ideolog¨ªa. Pero esto no es necesariamente un problema si es capaz de mantener su imparcialidad. El problema es que sepamos que los jueces son conservadores, que lo notemos en sus sentencias o en su participaci¨®n p¨²blica¡±, asegura Ur¨ªas.

En su libro expone casos que considera de lawfare, pero todos afectan a pol¨ªticos de partidos de izquierdas ¡ªAda Colau, M¨®nica Oltra, Alberto Rodr¨ªguez, Victoria Rosell¡ª o a independentistas. ?Los de derechas no lo han sufrido? No es lo habitual, asegura el autor: ¡°Cuando hablamos de lawfare nos referimos a la utilizaci¨®n de la justicia para alterar los resultados pol¨ªticos dentro de una democracia. Eso no necesariamente implica que los jueces participen activamente. Pero en todos los casos que yo cuento en el libro, los jueces, como m¨ªnimo, se han dado cuenta de que se estaba utilizando la judicatura de mala manera y no le han puesto remedio. No se suele dar contra pol¨ªticos de derechas en ning¨²n pa¨ªs porque la judicatura protege suficientemente los derechos de quienes considera cercanos a un modo de entender el mundo. El lawfare surge contra pol¨ªticos transformadores, no necesariamente de izquierdas¡±.

Jueces tuiteros

Ur¨ªas, que pide soluciones ante la falta de medios y la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces, dice sentirse especialmente preocupado por un fen¨®meno reciente: los jueces tuiteros, que, advierte, se han convertido en actores pol¨ªticos, muchas veces bajo anonimato. ¡°Los jueces espa?oles en las redes sociales act¨²an sin contenci¨®n. Si uno ve a un juez en Twitter diciendo burradas contra los pol¨ªticos que no piensan como ellos y torciendo las leyes, despu¨¦s uno tiene miedo de que en su sala de juicio haga lo mismo¡±, afirma. Y considera que habr¨ªa que regular la situaci¨®n y que, al menos, los jueces necesiten el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para expresarse en p¨²blico. ¡°Como ciudadano puede hacer lo que quiera. El problema de Espa?a es que, como en las redes sociales los jueces quieren tener p¨²blico y tener prestigio, todos ellos se presentan como juez porque, si no, sus opiniones ser¨ªan como las de cualquiera. Pero es muy dif¨ªcil confiar en un juez despu¨¦s de leer las cosas que a veces dicen¡±.

Entre otras posibles reformas para mejorar la confianza ciudadana en la justicia, el profesor aboga por retirar al CGPJ la competencia para elegir discrecionalmente a los miembros del Tribunal Supremo, una propuesta que tambi¨¦n defiende el actual presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte. Sin esa facultad, asegura Ur¨ªas, los partidos perder¨ªan inter¨¦s en controlar el CGPJ, lo que evitar¨ªa que se repitiera la situaci¨®n actual, con la renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces bloqueada desde hace m¨¢s de cinco a?os por la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE. Para Ur¨ªas, no obstante, las circunstancias actuales no deben desembocar en dejar al Congreso y el Senado al margen de la elecci¨®n del CGPJ. ¡°El Consejo es un ¨®rgano pol¨ªtico, hace pol¨ªtica judicial. Decide d¨®nde tiene que haber un juzgado, donde debe haber m¨¢s jueces, d¨®nde debe haber menos. Y la pol¨ªtica judicial no puede estar en manos solamente de jueces¡±.