Un juez investiga posibles deficiencias en el operativo en el que murieron dos guardias civiles en Barbate

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n 1 de Barbate (C¨¢diz) investiga los detalles del operativo desplegado por la Guardia Civil el 9 de febrero en el puerto de esta localidad en el que murieron los guardias civiles Miguel ?ngel Gonz¨¢lez y David P¨¦rez y cuatro de sus compa?eros resultaron heridos tras ser embestida la embarcaci¨®n en la que iban por una narcolancha. En un auto al que ha tenido acceso EL PA?S, el juez reclama a la Direcci¨®n General de Instituto armado abundante informaci¨®n para dilucidar si, como apunta la denuncia que present¨® en marzo la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que ha dado pie a la apertura de esta causa, los mandos que ordenaron a los agentes que se echaran al agua con una z¨®diac cometieron un delito contra el derecho de los trabajadores por no facilitarles los medios necesarios para actuar aquella noche. En sus declaraciones ante la jueza que investiga los asesinatos en una causa diferente, los cuatro guardias civiles que sobrevivieron coincidieron en poner de manifiesto la inferioridad de medios con la que hicieron frente aquel d¨ªa a los delincuentes. ¡°La barca en la que ¨ªbamos no estaba preparada para ese cometido de ninguna de las maneras¡±, se?al¨® uno de ellos.

En su resoluci¨®n, el juez ordena interrogar como testigos a estos cuatro guardias civiles, as¨ª como a un quinto agente del instituto armado, el capit¨¢n del Servicio Mar¨ªtimo en C¨¢diz. Tambi¨¦n ha pedido que se incorporen las declaraciones que los primeros hicieron el pasado 10 de mayo dentro de la investigaci¨®n por el asesinato de sus compa?eros, en las que uno de ellos aseguro que hab¨ªa o¨ªdo c¨®mo el sargento que les encomend¨® la misi¨®n coment¨® a dos de sus superiores que ¡°con el tipo de embarcaci¨®n tan peque?a¡± con la que iban a echarse al agua en el puerto, una narcolancha ¡°pod¨ªa pasar por encima¡±.

Este agente manifest¨® entonces que hubo ¡°una insistencia clara¡± por parte de los mandos para que actuaran c¨®mo lo hicieron aquel d¨ªa. En este sentido, el magistrado reclama a la Direcci¨®n General que ¡°informe sobre la cadena de mando seguida, con identificaci¨®n de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua en la patrullera¡±. En su denuncia, la AUGC apuntaba como ¨²ltimos presuntos responsables al general jefe de la Guardia Civil en Andaluc¨ªa y al coronel que en aquel momento estaba al frente de la Comandancia de C¨¢diz.

El juez tambi¨¦n quiere que el Ministerio del Interior informe sobre las caracter¨ªsticas de la patrullera que utilizaron los agentes para saber ¡°su fecha de matriculaci¨®n, dimensiones, n¨²mero de motores, potencia, velocidad m¨¢xima, n¨²mero m¨¢ximo de tripulantes y finalidad por la que dicha embarcaci¨®n fue adquirida y el uso asignado¡±. Uno de los supervivientes del suceso incidi¨® durante su declaraci¨®n la diferencia de tama?o entre esta, de cinco metros de eslora, y las narcolanchas, de 14 metros. Otro recalc¨® que la barca con la que acudieron no era la adecuada para la situaci¨®n a la que se enfrentaban, aunque admiti¨® que nada hubiera cambiado si hubieran ido en una m¨¢s grande. ¡°[Las narcolanchas] son embarcaciones enormes y est¨¢n preparadas para eso, para cortar el agua. Su intenci¨®n era arrollarnos y hubiera pasado con esa embarcaci¨®n [en referencia a la z¨®diac de la Guardia Civil] o con otra¡±, a?adi¨®.

El juez tambi¨¦n ha reclamado a la direcci¨®n general que le informe sobre ¡°las medidas de seguridad¡± que se adoptaron aquel d¨ªa, ¡°as¨ª como los elementos de protecci¨®n y equipos con los que contaban los agentes¡±. En su testimonio en la investigaci¨®n por el doble asesinato, uno de los guardias civiles, perteneciente al Grupo de Acci¨®n R¨¢pida (GAR), asegur¨® que a ¨¦l y a otro compa?ero de su unidad les dijeron que se pusieran ¡°un neopreno [traje para actividades acu¨¢ticas]¡± y les dieron cascos para la cabeza. Este agente lament¨® que ¡°la ¨²nica protecci¨®n¡± con la que acudieron al puerto aquella noche fueron sus pistolas. ¡°Ni siquiera pudimos ir con arma larga [subfusiles]¡±, a?adi¨®.

En la resoluci¨®n judicial tambi¨¦n se reclama a los m¨¢ximos responsables del instituto armado que aporten ¡°el plan general de prevenci¨®n de riesgos laborales vigente¡± que se aplicara al GAR y al Grupo de Especialistas en Actividades Subacu¨¢ticas (GEAS), las dos unidades en las que estaban integrados los seis agentes, ¡°as¨ª como informe individualizado sobre la evaluaci¨®n de riesgos de las citadas unidades en operaciones como las que intervinieron el d¨ªa 9 de febrero de 2024¡å. Asimismo, pide que se acredite si este plan fue notificado o impartido a los seis guardias civiles. Por ¨²ltimo, reclama que se informe si el instituto armado ha abierto alguna ¡°investigaci¨®n interna sobre las circunstancias del operativo¡± y, de ser as¨ª, ¡°conclusiones e identidad de las personas que han intervenido o declarado¡± para su elaboraci¨®n.

Esta causa se est¨¢ tramitando en el mismo juzgado que investiga el asesinato de los dos agentes por el que fueron encarceladas provisionalmente seis personas que se encontraban aquella noche en otra narcolancha el puerto de Barbate y a los que inicialmente se acus¨® del doble asesinato. Hace casi dos semanas que la Guardia Civil rectific¨® las conclusiones de los primeros informes que incriminaba a estos y los eximi¨® del crimen tras realizar una reconstrucci¨®n de los hechos a partir de ocho grabaciones de v¨ªdeo existentes sobre lo ocurrido aquel d¨ªa. Desde entonces, la jueza Mar¨ªa Eulalia Chanfreut, designada como refuerzo en los juzgados y que instruy¨® el caso en los primeros momentos, ha denegado la puesta en libertad del piloto de esta narcolancha pese a haberse constatado que su embarcaci¨®n no fue la que embisti¨® la de los guardias civiles. Argumenta que la gravedad de los otros delitos por los que se le contin¨²a investigado ¨Dcontrabando y pertenencia a organizaci¨®n criminal¡ª est¨¢n castigados con penas que pueden sumar hasta siete a?os y medio de c¨¢rcel y, por tanto, est¨¢ justificado la medida de prisi¨®n preventiva.