Una jueza toma medidas cautelares contra el l¨ªder de la presunta estafa de m¨¢s de 1.000 viviendas en la costa mediterr¨¢nea

La justicia ha determinado ya, al menos en la fase inicial de la instrucci¨®n del caso, qui¨¦nes son los responsables de la presunta estafa que ha recorrido la costa mediterr¨¢nea vendiendo pisos que jam¨¢s se han construido y por la que cobraban una cantidad inicial que, en general, fluctuaba entre los 12.000 y los 55.000 euros. Francisco Manuel Torres Gonz¨¢lez, su pareja Catalina Cruz Jimera y el hijo de esta, J. J. Espinosa Cruz son los presuntos maquinadores de un plan que ha comercializado con el nombre de la empresa Grupo 21 hasta 1.172 viviendas sobre maqueta por las que recaudaron alrededor de 23 millones de euros, seg¨²n los c¨¢lculos de este diario. La jueza, que ha convocado a los tres este pr¨®ximo jueves en su juzgado de Roquetas de Mar, en Almer¨ªa, solo actuar¨¢ contra Torres Gonz¨¢lez, administrador de la empresa, al que va a retirar el pasaporte y prohibirle salir de Espa?a. Tambi¨¦n le obliga a comparecer en el juzgado el d¨ªa uno de cada mes.

Todo comenz¨® en 2021, en ?guilas (Murcia). Grupo 21 ofreci¨® al propietario una permuta de los pisos que se construir¨ªan posteriormente por 2.000 metros cuadrados de suelo. Llegaron a poner el cartel del nuevo residencial, pero ni siquiera avanzaron en la firma de la escritura y jam¨¢s entr¨® en el terreno un saco de cemento. Desde entonces hasta final de 2023, Grupo 21 ha montado un equipo de vendedores que, con todo su entusiasmo, seg¨²n cuenta los compradores, han puesto en el mercado esas m¨¢s de mil viviendas con un procedimiento similar: tantear a los propietarios de suelo, aparentar una futura compra y, sin gastar un duro, vender pisos all¨ª. A ?guilas se sumaron Almer¨ªa, Roquetas de Mar y Almu?¨¦car, como lugares de presunta construcci¨®n de 18 urbanizaciones. Iban ya camino de construir en M¨¢laga cuando los compradores empezaron a darse cuenta de que la operaci¨®n parec¨ªa m¨¢s una estafa que otra cosa. En diciembre, se empezaron a agrupar y comenzaron las denuncias judiciales.

En febrero, agentes de la Guardia Civil detuvieron a los tres citados ahora por la jueza. Los arrestados fueron puestos en libertad y el 9 de abril fueron citados por el juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n 7 de Roquetas de Mar. Seg¨²n un abogado presente en esa sesi¨®n, los tres se negaron a declarar. Aun sin sus declaraciones, la responsable del tribunal ha emitido un auto al que ha tenido acceso este diario en el que explica que ¡°atendiendo a la fase procesal en la que nos encontramos, existiendo indicios m¨¢s que sobrados de la participaci¨®n del investigado, Francisco Manuel Torres Gonz¨¢lez ¡­ y teniendo en cuenta la elevada pena que pudiera impon¨¦rsele, pudiendo este darse a la fuga a los efectos de eludir la acci¨®n de la justicia, debemos adoptar medidas restrictivas de su libertad¡±. Ese auto concluye con las medidas de privaci¨®n de salir de Espa?a, retenci¨®n del pasaporte en el juzgado y comparecencia obligatoria cada primero de mes ante la justicia o cada vez que la jueza lo considere oportuno.

La decisi¨®n de la jueza, explica Javier Ortega Pardo, de Lexforma abogados, est¨¢ especialmente satisfecho con la decisi¨®n de la jueza, explica porque ¡°fuimos los ¨²nicos que pedimos las dos medidas que ahora ha tomado la jueza, medidas que, adem¨¢s, ha apoyado la fiscal¨ªa¡±. Por otra parte, Ortega prev¨¦ que en las pr¨®ximas semanas sean llamados a declarar otras personas que previsiblemente colaboraron con Grupo 21, como otros responsables de la empresa o las comerciales, as¨ª como otros perjudicados como algunos arquitectos, que realizaron trabajos para la empresa de buena fe pero nunca cobraron.

A pesar de que la presunta estafa incluye a cientos de afectados, alrededor de 1.000, que han contratado ya alrededor de una docena de abogados, la causa que lleva el juzgado de Roquetas de Mar ata?e en este momento exclusivamente a cinco personas y una instituci¨®n bancaria, la Caja Rural del Sur, que est¨¢n representados por tres abogados. Es as¨ª porque estos letrados son los que, por ahora, han optado por la v¨ªa penal. De hecho, los afectados a¨²n debaten en sus grupos de Telegram sobre la mejor defensa posible de sus intereses. Mientras algunos han recurrido por esa v¨ªa penal, otros lo han hecho por lo civil, generalmente denunciando a los bancos en los que ingresaron el dinero, por considerar que no actuaron diligentemente y seg¨²n la normativa.

Por otro lado, al margen de lo que decida la justicia, algunos propietarios han optado por la autogesti¨®n para, finalmente, conseguir la vivienda que quer¨ªan. En este momento, los propietarios de al menos una de las promociones se han convertido en cooperativa para as¨ª poder comprar los terrenos y construir los pisos que los presuntos estafadores les negaron. Otros solares han sido comprados por empresas distintas que se han desvinculado de lo all¨ª ocurrido y han puesto en marcha sus propias, y nuevas, promociones.