Detenidos tres responsables de la gran estafa inmobiliaria de Murcia, Almer¨ªa y Granada con 1.000 afectados

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en los primeros d¨ªas del mes de febrero a Francisco Manuel Torres Gonz¨¢lez, actual administrador de la inmobiliaria Grupo 21, y a Catalina Cruz Jimera, su pareja y anterior administradora, junto a un tercer responsable de la empresa, como presuntos responsables de un delito de estafa y falsedad documental. Los detenidos son presuntamente los responsables de la comercializaci¨®n y preventa de unas 1.172 viviendas, seg¨²n los c¨¢lculos de este peri¨®dico, distribuidas en 18 urbanizaciones, de las que no se ha construido una sola vivienda aunque s¨ª cobrado una cantidad por todas ellas.

La empresa recibi¨® de cada comprador, seg¨²n los casos, una cifra entre 12.000 y 55.000 euros en concepto de reserva. Tras la entrega de ese dinero, Grupo 21 comenzaba un proceso de excusas para justificar el retraso en el inicio de las obras. Finalmente, hace unos meses, los compradores se dieron cuenta de que el asunto parec¨ªa ser una estafa y comenzaron las denuncias y la investigaci¨®n policial que ahora ha llevado a la detenci¨®n de los tres m¨¢ximos responsables de Grupo 21.

La detenci¨®n ha trascendido ahora, varias semanas despu¨¦s, una vez que la Guardia Civil ha avanzado en su investigaci¨®n, seg¨²n explican fuentes del instituto armado. Los arrestados fueron puestos a disposici¨®n judicial y quedaron en libertad, pendientes de juicio. Seg¨²n ha informado la Guardia Civil, tuvieron lugar en la provincia de M¨¢laga, donde los dirigentes de la empresa viv¨ªan en los ¨²ltimos tiempos. Ser¨¢ el juzgado de primera instancia e instrucci¨®n n¨²mero 7 de Roquetas de Mar (Almer¨ªa) el que lleve el caso. En principio, a la acusaci¨®n de estafa y falsedad documental se le une la agravante de pertenencia a banda organizada.

La presunta estafa comenz¨® en 2021 y se ha extendido a las localidades de ?guilas (Murcia), Almer¨ªa capital, Aguadulce (Almer¨ªa) y Almu?¨¦car. En aquel a?o, Grupo 21 comenz¨® a tantear a propietarios de terrenos en ?guilas, en un procedimiento que luego se ha repetido en todas las ciudades y hasta pr¨¢cticamente noviembre pasado. La empresa hac¨ªa propuestas de compra a los due?os de suelo y, o bien pagaba una reserva o, sencillamente, mostraba inter¨¦s en la compra. Eso le daba unos meses, hasta un a?o de margen, para comenzar a comercializar unas viviendas que, sobre plano y en maqueta, se antojaban a todo lujo y a unos precios sensiblemente por debajo de mercado.

En ese periodo de comercializaci¨®n, los compradores pagaban un porcentaje de la vivienda. Grupo 21, sin embargo, apenas ha sido due?o de un ¨ªnfimo porcentaje de los terrenos correspondientes a las 18 urbanizaciones comercializadas. De la gran mayor¨ªa, nunca ha tomado posesi¨®n ni ha aparecido en ninguna escritura. Tampoco las licencias de obra, que otorgan los ayuntamientos, muestran mayor diligencia. De las 18 promociones, solo tres, en Roquetas de Mar, fueron aprobadas. El resto o no fueron nunca solicitadas o cuando los diversos ayuntamientos le pidieron cambios o aclaraciones, Grupo 21 nunca contest¨®.

Ahora, la operaci¨®n de la Guardia Civil almeriense, llamada Posidonia y llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Org¨¢nica de Polic¨ªa Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia civil de Almer¨ªa, ha certificado algunas de las acusaciones que se vert¨ªan sobre los responsables de Grupo 21. Adem¨¢s de que se han cobrado cantidades por edificios no construidos, lo que resultaba evidente, y de que la promotora jam¨¢s ha sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificaci¨®n de las viviendas, un extremo que este diario hab¨ªa comprobado a trav¨¦s de llamadas a propietarios de suelos, la investigaci¨®n confirma que ¡°tras realizar un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, la promotora no cuenta con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias, sino que recibe el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines¡±.

Los m¨¢s de 1.000 afectados por esta presunta estafa llevan unos meses organizando su defensa a trav¨¦s de una docena de abogados. Las t¨¢cticas son diversas. Unos han denunciado el asunto por lo penal, por estafa y apropiaci¨®n indebida, acusando directamente a los ahora detenidos, mientras otros han denunciado por lo civil, actuando contra los bancos por no cumplir su deber de vigilancia en la apertura de las cuentas corrientes oportunas que requiere la ley en estos casos de promociones urban¨ªsticas.

Francisco Manuel Torres Gonz¨¢lez, de 42 a?os y nacido en Huelva, se dedic¨® al negocio de la hosteler¨ªa, la venta de textiles y la construcci¨®n la pasada d¨¦cada. Tras abandonar la ciudad, se instalaron en la zona del Mediterr¨¢neo, donde pusieron en marcha la presunta estafa ahora investigada. Antes, en 2011, Torres Gonz¨¢lez se apropi¨® de 50.000 euros de un primo, al que enga?¨® para poner en pie una empresa que nunca arranc¨®. Un juez le oblig¨® a devolver ese dinero, algo que nunca hizo porque, para la ley, estuvo en paradero desconocido hasta su detenci¨®n hace unas semanas. Curiosamente, s¨ª estuvo m¨¢s o menos visible en estos a?os en los que vend¨ªa casas que nunca pens¨® en construir.