Ya no hay razones para confiar

Resignadamente hemos padecido los tiempos geol¨®gicos de ¡°la Pol¨ªtica¡± a la espera de que confluyeran sus intereses partidistas, que probablemente no son los del Poder Judicial.

Suspendida una vez m¨¢s la negociaci¨®n ¡ªahora lo impiden los comicios europeos¡ª, seguimos inmersos en el desasosiego institucional derivado de la falta de renovaci¨®n del CGPJ con las demoledoras consecuencias colaterales de todos conocidas. Se intuye que los negociadores pol¨ªticos persisten aferrados a las tesis enfrentadas de donde hacen derivar la legitimidad de sus propuestas: elecci¨®n parlamentaria o corporativa de los vocales judiciales. Las terminales de unos y otros reproducen cansinamente el argumentario en orden a la bondad de su idea, m¨¢s atentos a culpar al contrario del fracaso que a ofrecer una soluci¨®n que refuerce la ajeneidad del Poder Judicial respecto de ¡°la Pol¨ªtica¡±.

Vaya de antemano mi absoluto respeto a los negociadores, sin duda fatalmente condicionados por las aspiraciones que tutelan, cuya naturaleza, a mi juicio, resulta incompatible con la obligada consecuci¨®n de nuestra independencia.

No pretendo arbitrar el debate sobre el modelo que se discute. Por el contrario, trato de evitar que sea ¡°la Pol¨ªtica¡± la que en el momento actual, conforme a sus designios, recomponga la situaci¨®n cr¨ªtica que nos acecha y vicariamente nos degrada: ya no hay razones para seguir depositando en ellos nuestra confianza. No es ya momento para ¡°la Pol¨ªtica¡±, sino que ha llegado el de la Justicia.

Para abordar soluciones hay que ser consciente de la realidad. Y creo no errar si apunto que en el trasfondo negociador subyace la natural aspiraci¨®n de obtener, unos y otros, una cuota mayoritaria de influencia en la designaci¨®n de Vocales. Realidad que alimenta el conflicto, pues las matem¨¢ticas obstaculizan la coexistencia de dos cuotas, ambas mayoritarias, en el conjunto.

Junto con la esbozada certeza hay una segunda variable a mi juicio enormemente nociva para el futuro del Poder Judicial. Pretender¨ªa ¡°la Pol¨ªtica¡±, como segundo hito de su hoja de ruta, el que los nombrados con tal asignaci¨®n ideol¨®gica ejercieran discrecionalmente su principal competencia, hoy cercenada: los nombramientos de la c¨²pula judicial. En definitiva, designaci¨®n de vocales pr¨®ximos y discrecionalidad en el ejercicio de su competencia org¨¢nica troncal son las naturales aspiraciones de ¡°la Pol¨ªtica¡±, que sin duda chocan frontalmente con el leg¨ªtimo deseo de independencia del Poder Judicial, que en ning¨²n caso se trata de una aspiraci¨®n corporativa sino de garant¨ªa de la democracia.

He destinado mis anhelos a combatir ambas realidades. Seguramente he podido hacerlo por mi natural ajeneidad a ¡°la Pol¨ªtica¡±, aunque quiz¨¢s nublado el juicio por la vinculaci¨®n afectiva con el Poder Judicial que gratificantemente presido. Creo que debo persistir, aunque no quiero importunar. Si me equivoco pido disculpas. Las ofrecer¨¦ si se estima que han de respetarse a¨²n los tiempos de ¡°la Pol¨ªtica¡± o que resulta constitucionalmente obligado seguir legitimando una negociaci¨®n tendente a la confluencia de sus intereses. Quien piense as¨ª que no contin¨²e leyendo este sincero relato.

Abordando el segundo problema de los anteriormente expresados, entiendo que la discrecionalidad se combatir¨ªa f¨¢cilmente objetivando la valoraci¨®n del m¨¦rito y capacidad para las designaciones. Como consecuencia colateral relevante ello diluir¨ªa la apetencia pol¨ªtica por seducir Vocales. He ofrecido soluciones para reconducir los nombramientos de unos y otros que por evitar ser tedioso omito reproducir: las f¨®rmulas pueden ser variadas, pero es evidente que la finalidad buscada, atajar la discrecionalidad, es inobjetable.

M¨¢s compleja es la soluci¨®n del dilema inicialmente esbozado al estar tan cerrilmente enquistado el enfrentamiento entre los dos modelos en liza. Hasta ahora no me hab¨ªa detenido en su precisi¨®n, pues al margen de reflexiones generales sobre la ajeneidad pol¨ªtica de los designables, entend¨ªa que con la objetivaci¨®n de la selecci¨®n para los altos cargos se diluir¨ªa la voracidad por controlar la leva de los Vocales. No obstante, es evidente que, medi¨¢ticamente al menos, el problema b¨¢sico es, al d¨ªa de hoy, la renovaci¨®n del CGPJ pues se aborrece nuestra continuidad, quiz¨¢s con raz¨®n.

Para solventar el problema y finalmente desalojarnos hemos conocido una soluci¨®n apuntada desde Podemos que he calificado de aterradora y que, respetuosamente para con sus mentores, me sigue mereciendo tal juicio, pues la identidad entre la mayor¨ªa parlamentaria que sustenta al Gobierno y la mayor¨ªa decisoria en el CGPJ recuerda al art. 2 de la Ley 1/1967, ya que el sistema institucional del Estado responder¨ªa, como entonces, ¡°a los principios de unidad de poder y coordinaci¨®n de funciones¡±. El CGPJ se convertir¨ªa en una dependencia jerarquizada del Gobierno, una especie de jefatura de servicio administrativo-judicial. Ajenos como somos a la degradaci¨®n institucional, no nos merecemos esto.

Y aunque dos no ri?en si uno no quiere, resulta al d¨ªa de hoy inimaginable, como alternativa a la falta de renovaci¨®n, un gesto de generosidad del poder pol¨ªtico para con la oposici¨®n, o viceversa, en el tan cuestionable reparto de cuotas: no est¨¢n los tiempos para concesiones. El remedio, adem¨¢s, perpetuar¨ªa el problema de la injerencia pol¨ªtica en lo nuestro, fatalmente cuestionable.

La soluci¨®n al actual desencuentro no puede ser ni una ni otra.

Agotada la imaginaci¨®n no nos queda entonces sino el voluble ¡°aleas¡± ¡ªfortuna velut luna statu variabilis¡ª potencialmente traicionero para las aspiraciones pol¨ªticas, pero objetivamente neutral. Apunto que, de forma totalmente coyuntural, para salir hoy del paso, cabe recurrir al sorteo entre los actuales candidatos judiciales vigentes ¡ªrestan a¨²n 39 de los 50 inicialmente propuestos¡ª respetando la proporcionalidad entre los grupos de componentes de la ¡°bolsa¡± de aspirantes. A la vez, nunca despu¨¦s, debe convenirse el proceso para la objetivaci¨®n de los nombramientos, al menos para el Tribunal Supremo, si bien ya con un acuerdo estable, con miras al futuro, que evite la discrecionalidad bajo cualquier f¨®rmula que permita la valoraci¨®n real del m¨¦rito y capacidad de los aspirantes. Los cargos gubernativos pueden esperar.

Superado el gran obst¨¢culo ya tendr¨ªamos un nuevo CGPJ con persistencia, en su caso, de los actuales Vocales ¡°no judiciales¡±, salvo que sobre ellos pudiera existir ese acuerdo novatorio, tambi¨¦n ocasional. Ser¨ªan los nuevos Vocales quienes designaran un Presidente, igualmente con el apuntado car¨¢cter transitorio y, en un plazo razonable, debiera consensuarse un modelo que fijara con car¨¢cter definitivo las pautas del futuro CGPJ procediendo a su total renovaci¨®n de forma que los transitoriamente nombrados pudieran ser de nuevo designados, siempre por 3/5 de las C¨¢maras. Por si de algo vale, elevar¨¦ propuesta detallada al Parlamento tan pronto pase el ajetreo de la convocatoria electoral. Esta vez espero que, al menos por respeto institucional, alguien acuse recibo del mensaje como alternativa al lacerante silencio escuchado.

Nunca he sido partidario del ¡°aleas¡± como sustitutivo del concurso, por contrario a la evaluaci¨®n racional del m¨¦rito y capacidad, pero ante situaciones tan excepcionales creo oportuno acudir a remedios ocasionales, sin vencedores ni vencidos, propiciando adem¨¢s la ruptura del cord¨®n umbilical que medi¨¢ticamente unir¨ªa a los designados con sus patrocinadores pol¨ªticos.

Tras cinco a?os bald¨ªos, entiendo sin acritud que ¡°la Pol¨ªtica¡± no est¨¢ legitimada para rechazar la f¨®rmula salvo que de inmediato nos ofrezcan otra soluci¨®n acorde con la indeclinable necesidad de tutela de la independencia judicial consustancial con nuestra arquitectura institucional democr¨¢tica.

Vicente Guilarte Guti¨¦rrez es presidente por sustituci¨®n del Consejo General del Poder Judicial