Verdades y mentiras del debate sobre la regeneraci¨®n democr¨¢tica: la propuesta de S¨¢nchez y todo lo que queda fuera

Tanto el PSOE como el PP han planteado en distintos momentos la necesidad de combatir la desinformaci¨®n y han criticado mutuamente a lo largo de los a?os las medidas que uno y otro pon¨ªan sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha acudido este mi¨¦rcoles al Congreso para, en un pleno extraordinario, exponer su ¡°plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica¡±, muy focalizado en los medios de comunicaci¨®n, antes de negociarlo con los grupos parlamentarios para su aprobaci¨®n. ¡°La ¨²nica raz¨®n por la que est¨¢ teniendo lugar este debate¡±, denunci¨® el l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ¡±es porque la mujer del presidente del Gobierno est¨¢ siendo investigada¡±. S¨¢nchez anunci¨® efectivamente ese plan de regeneraci¨®n el pasado abril, tras concluir los cinco d¨ªas de ¡°reflexi¨®n¡± que se tom¨® para meditar si segu¨ªa o no en La Moncloa despu¨¦s de que un juzgado admitiese a tr¨¢mite una denuncia de Manos Limpias contra su esposa. Pero a continuaci¨®n Feij¨®o acus¨® al presidente de querer ¡°controlar¡± a los medios: ¡°Si publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversi¨®n del Estado. Si publican lo que a usted les molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado¡±. En realidad, las medidas anunciadas por S¨¢nchez se corresponden con las aprobadas en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicaci¨®n, que apoyaron los populares europeos y que deben estar en marcha en los 27 Estados miembros antes de agosto de 2025. Lo que sigue es un an¨¢lisis de las medidas anunciadas por el presidente y las que se han quedado fuera, de momento, del plan para mejorar la calidad democr¨¢tica y tratar de devolver a la ciudadan¨ªa la confianza en las instituciones.

El diagn¨®stico

¡°Los datos indican que el consumo reiterado de noticias falsas est¨¢ directamente ligado al voto de la ultraderecha y el auge de la xenofobia, la homofobia y el antisemitismo. Hay un v¨ªnculo probado entre la circulaci¨®n bulos y el aumento de los delitos de odio¡±.

El informe del Parlamento Europeo ¡°sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicaci¨®n: protecci¨®n de los periodistas en Europa, discurso del odio, desinformaci¨®n y papel de las plataformas¡± advert¨ªa, ya en 2020, de que las noticias falsas ¡°han sido utilizadas por grupos y pol¨ªticos de extrema derecha y populistas para atacar a grupos minoritarios y contribuir a la ret¨®rica contraria a la inmigraci¨®n, lo que ha llevado a un aumento de los episodios de discurso del odio racista y xen¨®fobo, as¨ª como de la discriminaci¨®n¡±. Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigaron el a?o pasado 2.268 delitos o incidentes de odio, un 21,3% m¨¢s que en 2022, la mayor¨ªa (856) relacionados con el racismo y la xenofobia; 522 con la orientaci¨®n sexual; 352 con la ideolog¨ªa y 206 con el g¨¦nero. Para oponerse al reparto de menores extranjeros no acompa?ados, Vox asegur¨® que no ser¨¢ c¨®mplice de ¡°violaciones, robos y machetazos¡±.

¡°El periodismo comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas que permiten falsear la realidad, como la Inteligencia Artificial, o multiplicar su difusi¨®n mediante la proliferaci¨®n de pseudo-medios digitales cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicaci¨®n no es ofrecer informaci¨®n rigurosa, sino hacerse eco de mentiras que confirman sesgos y arrastran clics¡±.

Espa?a, con un medio digital por cada 16.000 habitantes (mayores de 14 a?os), es decir, m¨¢s de 4.000, es el tercer pa¨ªs del mundo, solo por detr¨¢s de EE UU y el Reino Unido, con mayor producci¨®n de art¨ªculos cient¨ªficos sobre la desinformaci¨®n. El eurobar¨®metro y el Digital News Report, que coordina la Universidad de ?xford, muestran que la poblaci¨®n espa?ola se siente m¨¢s expuesta al fen¨®meno que la de otros pa¨ªses del entorno. El reglamento europeo explica: ¡°El buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de medios de comunicaci¨®n se ve puesto en peligro por prestadores, incluidos los controlados por determinados terceros pa¨ªses, que practican de forma sistem¨¢tica la desinformaci¨®n, o la manipulaci¨®n de informaci¨®n y la injerencia, y utilizan las libertades del mercado interior con fines abusivos, lo que impide el correcto funcionamiento de las din¨¢micas del mercado¡±.

Las recetas: transparencia y l¨ªmites a la publicidad institucional

¡°Es obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos desarrollar lo acordado en Europa. En especial, cuando con ello garantizaremos una mayor transparencia, pluralidad y rendici¨®n de cuentas en el ecosistema medi¨¢tico¡±.

S¨¢nchez cit¨® varios art¨ªculos del citado reglamento europeo, los que establecen que los medios de comunicaci¨®n han de facilitar informaci¨®n detallada sobre todos los que ¡°posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estrat¨¦gicas¡±; as¨ª como ¡°el importe anual de fondos p¨²blicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado¡±, y que obligan a quienes miden las audiencias a garantizar que sus sistemas de medici¨®n son transparentes, imparciales y verificables. Esta exigencia de transparencia es una de las medidas compartidas en los ¨²ltimos meses por diversos expertos y asociaciones de la sociedad civil para mejorar la calidad democr¨¢tica del pa¨ªs. ¡°Saber qu¨¦ tipo de subvenciones o ayudas reciben los pseudomedios¡±, afirm¨® el pasado abril a EL PA?S Jos¨¦ Julio Fern¨¢ndez Rodr¨ªguez, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, licenciado en Ciencias Pol¨ªticas y en Periodismo y responsable del proyecto La manipulaci¨®n informativa como problema de seguridad y de calidad democr¨¢tica, ayudar¨ªa mucho a identificarlos¡±.

¡°Debemos limitar la financiaci¨®n que las administraciones p¨²blicas pueden dedicar a los medios de comunicaci¨®n, para que no haya medios que tengan m¨¢s financiadores p¨²blicos que lectores. Y asegurar que no haya partidos pol¨ªticos que compren l¨ªneas editoriales con el dinero de los contribuyentes¡±.

El art¨ªculo 25 del citado reglamento europeo establece que la asignaci¨®n de fondos p¨²blicos a medios de comunicaci¨®n o plataformas a trav¨¦s de campa?as de publicidad institucional ¡°o cualquier otra ventaja o remuneraci¨®n¡± se conceder¨¢ ¡°de conformidad con criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios, puestos a disposici¨®n del p¨²blico de antemano¡±. Y a?ade que los Estados miembros ¡°procurar¨¢n¡± que ese gasto p¨²blico se distribuya teniendo en cuenta la pluralidad y la ¡°representaci¨®n en el mercado¡±. S¨¢nchez explic¨® que para trasladar a la normativa espa?ola ese reglamento habr¨¢ que actualizar la Ley de Publicidad Institucional, ¡°aprobada hace casi 20 a?os, cuando a¨²n se le¨ªan m¨¢s peri¨®dicos en papel que en pantalla y no exist¨ªan las redes sociales¡±.

¡°Habr¨¢ medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios. Para evitar las presiones del ¨¢mbito pol¨ªtico y empresarial sobre los profesionales de la informaci¨®n¡±.

¡°Los servicios de medios de comunicaci¨®n de calidad¡±, afirma el reglamento europeo, ¡°son un ant¨ªdoto contra la desinformaci¨®n y la manipulaci¨®n e injerencia por parte de agentes extranjeros. Tambi¨¦n debe garantizarse el acceso a estos servicios evitando los intentos de silenciar a los periodistas, que van desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresi¨®n de opiniones discrepantes¡±. Recientemente, como ha recordado durante el debate S¨¢nchez, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de gabinete de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, amenaz¨® directamente a periodistas ¡ª¡±os vamos a triturar, vais a tener que cerrar¡±¡ª e intent¨® intimidar a informadores de este peri¨®dico que investigaban los esc¨¢ndalos que afectan al novio de la pol¨ªtica. S¨¢nchez no detall¨® c¨®mo ser¨¢ esa protecci¨®n, aunque aclar¨® que en los pr¨®ximos d¨ªas hablar¨¢, adem¨¢s de con los grupos parlamentarios, ¡°con representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicaci¨®n¡± para definir esos mecanismos. ¡°No corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos. Al contrario, son los propios medios quienes deben autorregularse y fomentar las buenas pr¨¢cticas a trav¨¦s de la elaboraci¨®n de c¨®digos deontol¨®gicos¡±. La organizaci¨®n +Democracia propone, adem¨¢s, que los medios se sometan a auditor¨ªas (sobre sus cuentas fiscales, condenas por desinformaci¨®n, medici¨®n de audiencias...) para poder acceder al dinero p¨²blico de las campa?as de publicidad institucional.

¡°Vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalizaci¨®n de los medios de comunicaci¨®n, crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad. Provendr¨¢n de fondos europeos e ir¨¢n a parar a todos los medios que los necesiten, con independencia de su l¨ªnea editorial¡±.

Tanto el PP como Vox tacharon la medida como un intento de ¡°comprar¡± a los medios de comunicaci¨®n, pero el reglamento europeo recuerda: ¡°Los retos derivados de la transformaci¨®n digital merman la capacidad de las empresas de todos los sectores de los medios de comunicaci¨®n de competir en igualdad de condiciones con las plataformas en l¨ªnea (...) Los medios de comunicaci¨®n deben tener una determinada magnitud para seguir siendo competitivos, responder a las necesidades de su audiencia. A tal fin, la posibilidad de ofrecer servicios a trav¨¦s de las fronteras y obtener inversiones, incluidas las de otros Estados miembros o en otros Estados miembros, reviste una particular importancia¡±.

¡°Nos gustar¨ªa reforzar los derechos al honor y a la rectificaci¨®n de la ciudadan¨ªa¡±. ¡°Propondremos una nueva reforma de la Ley Mordaza en lo relativo a la libertad de expresi¨®n¡±.

S¨¢nchez no detall¨® en qu¨¦ consistir¨ªa ese refuerzo del derecho al honor y a la rectificaci¨®n, pero esta es una de las propuestas realizadas por diversas organizaciones y expertos, como +Democracia, o el magistrado Ximo Bosch, de Jueces para la Democracia, quienes opinan que la legislaci¨®n actual en la materia, de principios de los ochenta, ha quedado desfasada. ¡°Ahora¡±, explica Bosch, ¡°un medio difunde un bulo, vas al juez, hay una condena a la rectificaci¨®n, pero el bulo se ha difundido a tal velocidad que ese derecho apenas tiene ya efectos. La legislaci¨®n debe ampliarse para que haya un mayor control, siendo el par¨¢metro que la informaci¨®n se haya difundido con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Posteriormente, una vez que un juez ya ha hecho esa condena, un ¨®rgano gubernativo podr¨ªa imponer sanciones¡±. La reforma de la ley mordaza en lo que afecta a la ley de expresi¨®n es otra de las reivindicaciones planteadas en un manifiesto firmado por 35 organizaciones, entre ellas, la Fundaci¨®n Alternativas, Hay Derecho y Greenpeace.

¡°Aprobaremos una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentaremos a los grupos una nueva Ley de Administraci¨®n Abierta, que ampl¨ªe la informaci¨®n gubernamental¡±. (...) Propondremos una reforma de la Ley Electoral. Queremos establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicaci¨®n, y que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodolog¨ªa de estimaci¨®n de resultados¡±.

La mayor¨ªa de organizaciones de la sociedad civil que han presentado propuestas de regeneraci¨®n de la democracia planteaban la necesidad de reforzar la transparencia de la informaci¨®n que suministra el Gobierno, por ejemplo, el contenido de las reuniones con grupos de presi¨®n o lobbies, as¨ª como de abrir y mejorar los canales de participaci¨®n o consulta ciudadana. S¨¢nchez no ha detallado este mi¨¦rcoles mucho m¨¢s de esa propuesta de Gobierno abierto y sigue pendiente desde hace a?os la ley de secretos oficiales. En cuanto a la reforma de la ley electoral, una encuesta de la agencia de comunicaci¨®n 40dB. para EL PA?S ya revel¨® que una amplia mayor¨ªa (el 74%) de la poblaci¨®n ve ¡°necesario¡± que se celebren debates electorales y hasta un 71%, que sean ¡°obligatorios¡±. Normalmente, el favorito en las encuestas, sea del partido que sea, es el m¨¢s reacio a debatir. La encuestadora de esa casa ofrece ya esos microdatos a sus lectores. El CIS, que depende del Ministerio de Presidencia, est¨¢ muy cuestionado por su m¨¦todo y fallos recurrentes en sus estimaciones, generalmente, a favor del partido en el Gobierno.

Qu¨¦ ha quedado fuera del plan de regeneraci¨®n

El plan anunciado por S¨¢nchez, y al que ahora pueden incorporarse propuestas de los grupos parlamentarios y la sociedad civil, deja fuera, de momento, numerosas medidas planteadas en los ¨²ltimos meses por diversas organizaciones, especialmente en cuanto a la Justicia y la imagen de neutralidad e independencia de las instituciones. As¨ª, por ejemplo, +Democracia planteaba que los mandatos del fiscal general del Estado no coincidan con los del Ejecutivo, para que esa autoridad conviva con dos gobiernos, o que cargos de responsabilidad en organismos como el CIS o la oficina del Defensor del Pueblo no tengan v¨ªnculos pol¨ªticos recientes. Tampoco ha habido alusiones a lo que los expertos llaman ¡°alfabetizaci¨®n digital¡±, es decir, ense?ar a la ciudadan¨ªa a identificar contenidos desinformativos para que la gente sepa, por ejemplo, que las grandes plataformas basan su negocio en la interacci¨®n y que los contenidos falsos y de odio la aumentan¡±, como recuerda Ram¨®n Salaverr¨ªa, catedr¨¢tico de Periodismo de la Universidad de Navarra que lidera el proyecto europeo sobre desinformaci¨®n Iberifier.