Un mill¨®n de permisos de trabajo y expulsiones: 38 a?os de pol¨ªticas ante el reto de la inmigraci¨®n irregular

Solo hasta finales de agosto ha llegado al territorio espa?ol casi el mismo n¨²mero de inmigrantes que arrib¨® en todo 2006 a las costas de Canarias, seg¨²n las cifras del Ministerio de Interior. En ese a?o, la llamada crisis de los cayucos marc¨® un hito en el drama de la inmigraci¨®n irregular: la desesperaci¨®n en los ojos de m¨¢s de 40.000 almas que se jugaban la vida por pisar tierra europea impon¨ªa portadas de peri¨®dicos entonces y lo hace tambi¨¦n ahora. Sin embargo, el clima pol¨ªtico que vive estos d¨ªas Espa?a es muy diferente al de esos a?os. A principios de los 2000, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ...

Solo hasta finales de agosto ha llegado al territorio espa?ol casi el mismo n¨²mero de inmigrantes que arrib¨® en todo 2006 a las costas de Canarias, seg¨²n las cifras del Ministerio de Interior. En ese a?o, la llamada crisis de los cayucos marc¨® un hito en el drama de la inmigraci¨®n irregular: la desesperaci¨®n en los ojos de m¨¢s de 40.000 almas que se jugaban la vida por pisar tierra europea impon¨ªa portadas de peri¨®dicos entonces y lo hace tambi¨¦n ahora. Sin embargo, el clima pol¨ªtico que vive estos d¨ªas Espa?a es muy diferente al de esos a?os. A principios de los 2000, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar invitaba a los marroqu¨ªes a estudiar espa?ol para buscar trabajo en este pa¨ªs; su ministro de Interior, Mariano Rajoy, hablaba de que Espa?a era ¡°un pa¨ªs de acogida¡±. En 2001, Aznar ofreci¨® permisos de trabajo a m¨¢s de medio mill¨®n de migrantes irregulares y en 2005, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero aument¨® a¨²n m¨¢s esa cifra. Ahora, una propuesta similar, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que admitieron a tr¨¢mite todos los partidos excepto Vox, amenaza con morir en un caj¨®n durante el resto de legislatura, debido en gran medida al ruido de acusaciones pol¨ªticas que ha desatado la propuesta de reparto de los menores migrantes llegados a Canarias. El discurso de la ultraderecha en Espa?a y en Europa ha convertido la migraci¨®n en un debate de alto riesgo pol¨ªtico.

En un an¨¢lisis de c¨®mo ha evolucionado la presi¨®n migratoria en los ¨²ltimos 30 a?os, se observa c¨®mo los diferentes Ejecutivos, tanto del Partido Popular como el Partido Socialista, han ofrecido respuestas mucho m¨¢s cercanas entre s¨ª de lo que muestran ahora en sus discursos. Estos d¨ªas el portavoz del PP, Miguel Tellado, critic¨® al Gobierno: ¡°Mientras Alemania y Francia hablan de deportaciones masivas, S¨¢nchez habla de regularizaciones masivas¡±. Pero las regularizaciones extraordinarias (nunca son masivas) las impulsaron desde Felipe Gonz¨¢lez, pasando por Aznar, hasta Zapatero. Tambi¨¦n, el Gobierno que ha expulsado a un mayor n¨²mero de inmigrantes irregulares fue socialista: al menos 74.389 personas, de 2005 a 2011, seg¨²n las cifras del Ministerio de Interior.

La realidad es que cuando se habla de ofrecer permisos de trabajo de manera extraordinaria, fuera de los cauces burocr¨¢ticos habituales, las personas a las que va dirigida esa medida son en su mayor¨ªa inmigrantes que ya viven en Espa?a sin derechos b¨¢sicos. Que trabajan sobre todo cuidando a mayores, limpiando casas, en la construcci¨®n y en el campo, pero no tienen una manera de demostrar esos ingresos. Miles de personas que entran en la rueda de la miseria: sin ingresos legales es muy dif¨ªcil encontrar una vivienda, deben buscarse la vida para inscribirse en el padr¨®n, acreditar que viven en Espa?a y poder acceder alg¨²n d¨ªa a una regulaci¨®n ordinaria. El sistema los convierte en invisibles. Y, seg¨²n las ¨²ltimas estimaciones de la organizaci¨®n Por Causa y que se han tenido en cuenta para presentar la ILP, son unas 425.000 personas las que sobreviven en estas condiciones. Casi el 80% de ellas no lleg¨® en una patera, sino que lo hizo por avi¨®n desde Am¨¦rica Latina.

Nueve regularizaciones extraordinarias

Esta semana, el Congreso ha vuelto a dilatar el plazo (hasta el 11 de septiembre) para tratar este tema, que lleva empantanado en el mismo punto desde abril. Pese a que la medida cont¨® con un apoyo inusual en un inicio, todos los grupos excepto Vox votaron a favor de que siguiera adelante, la crisis canaria y el portazo a la reforma del art¨ªculo 35 de la ley de extranjer¨ªa para hacer obligatorio el reparto entre comunidades de los ni?os y adolescentes, adem¨¢s de la postura del Gobierno de Pedro S¨¢nchez de favorecer la ¡°migraci¨®n circular¡± y el retorno a su pa¨ªs de origen de los extranjeros que hab¨ªan llegado a Espa?a de manera irregular, ha hecho saltar por los aires el consenso y ha alejado incluso a los dos principales grupos de izquierda, Sumar y PSOE. Y pocos creen que esta propuesta pueda seguir adelante.

Mientras unos agitan los demonios del ¡°efecto llamada¡± y otros temen que esta medida colme el conflicto pol¨ªtico que se ha abierto por el colapso de Canarias, olvidan que no es la primera vez que en Espa?a se ha hecho algo as¨ª. Concretamente nueve ocasiones anteriores, desde 1986 hasta 2005. En esos a?os, los Gobiernos de diferentes signos han dado papeles a m¨¢s de un mill¨®n de personas.

La primera regularizaci¨®n extraordinaria de inmigrantes sin permiso de trabajo ni de residencia en Espa?a fue impulsada en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez. El ¨²nico requisito: acreditar una estancia anterior al 24 de julio de 1985. Despu¨¦s vinieron otras dos, para las que se exig¨ªa adem¨¢s de comprobaci¨®n de residencia, una oferta ¡°regular y estable¡± de empleo y ser familiar o dependiente de los que hab¨ªan sido regulados. En total, en esos a?os obtuvieron sus papeles m¨¢s de 150.000 personas.

Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar impuls¨® despu¨¦s otros tres procesos de regulaci¨®n extraordinaria (1996, 2000 y 2001) que otorg¨® permisos a la mayor cantidad de inmigrantes irregulares hasta la fecha. En sus ocho a?os al frente del Gobierno, Aznar facilit¨® los papeles de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios.

Poco despu¨¦s de su llegada al Gobierno, Zapatero promovi¨® la ¨²ltima gran regulaci¨®n extraordinaria en 2005. En un proceso abierto durante cuatro meses, los inmigrantes en situaci¨®n irregular deb¨ªan acreditar su estancia en Espa?a con anterioridad al 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de seis meses o m¨¢s y 40 horas semanales. 576.506 personas se acogieron a la medida. Una de las principales art¨ªfices de esta pol¨ªtica, la que fuera secretaria de Estado de Migraciones durante ese Gobierno, Consuelo Rum¨ª, explica a EL PA?S que antes de 2004 ¡ªcomo alegan ahora los movimientos en defensa de los derechos de los migrantes¡ª el tr¨¢mite ordinario ¡°pod¨ªa durar a?os¡±. Y a?ade que nada de lo que vive estos d¨ªas Espa?a es ¨²nico: ¡°Las crisis migratorias son c¨ªclicas. Cada equis tiempo los gobiernos de todos los pa¨ªses que reciben inmigraci¨®n han hecho una regularizaci¨®n extraordinaria y hace muchos a?os que no se ha hecho nada. Es verdad que requiere valent¨ªa, hay que luchar contra el miedo que puede causar en la opini¨®n p¨²blica y hay que hacer mucha pedagog¨ªa, hay que explicarlo bien¡±.

Por su parte, Victoria Columba del comit¨¦ Catalu?a del movimiento Regulaci¨®n Ya, que lider¨® la recogida de firmas para la ILP, cuenta que la medida ya est¨¢ prevista dentro de la ley de extranjer¨ªa. ¡°No hay que modificar nada, solo decidir c¨®mo arbitrarla. Los partidos de Gobierno tienen la oportunidad de dejar de deso¨ªr a las comunidades migrantes. Si dicen no a la regulaci¨®n, tendr¨¢n que explicar por qu¨¦. La irregularidad solo nos deja en situaci¨®n de desprotecci¨®n¡±, denuncia Columba.

La inmensa mayor¨ªa llega por avi¨®n

Desde el a?o 2001 hasta agosto de este a?o, han llegado a Espa?a jug¨¢ndose la vida m¨¢s de 560.000 personas, seg¨²n las cifras publicadas por Interior, que solo registran las entradas por v¨ªa mar¨ªtima y terrestre. No incluyen tampoco las miles de personas, se estima que cerca de un 80%, que llegaron desde pa¨ªses como Colombia, Venezuela y Honduras, que son los lugares de procedencia m¨¢s habituales, seg¨²n los ¨²ltimos informes de Por Causa.

La escasez de cifras oficiales sobre los flujos migratorios oscurece un diagn¨®stico de cu¨¢ntas personas en situaci¨®n irregular conviven en Espa?a. Y a menudo la falta de informaci¨®n confunde el debate p¨²blico. No necesariamente cuantos m¨¢s migrantes entren por embarcaciones o saltos a las vallas de Ceuta y Melilla provoca mayor presi¨®n migratoria, pues no se tiene en cuenta c¨®mo fluct¨²an las llegadas de quienes lo hacen de forma regular (por avi¨®n) y, pasados unos meses, se convierten en irregulares.

La falacia de las ¡°deportaciones masivas¡±

Como opuesto a ¡°las regulaciones masivas¡±, los partidos de la derecha alientan la ejecuci¨®n de ¡°deportaciones masivas¡± de las personas en situaci¨®n irregular. Lo cierto, a la luz de los datos recopilados, es que el Gobierno que m¨¢s expulsiones realiz¨® fue el de Zapatero, 74.389, frente al de Mariano Rajoy, que ejecut¨® 46.965. Cabe destacar que el Ministerio de Interior solo ofrece estos datos digitalizados desde el a?o 2004 hasta 2017 sobre expulsiones. Las cifras sobre este fen¨®meno de 2017 a 2023 solo se han hecho p¨²blicas a trav¨¦s del portal de transparencia gracias a una petici¨®n del medio Newtral, lo que refleja una opacidad del Ministerio que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska sobre este asunto frente a sus predecesores. Los n¨²meros reflejan que Pedro S¨¢nchez por el momento es el presidente que menos expulsiones ha realizado: 13.804 entre 2019 y 2023, si se atribuye al mandato de Rajoy las ejecutadas en 2018.

Es rese?able que en los balances anuales que publica Interior en su web hasta 2016 tambi¨¦n incluyen un c¨®mputo general de las repatriaciones totales, es decir, la suma de estas expulsiones (¡°repatriados en virtud de las causas recogidas en la Ley de Extranjer¨ªa a trav¨¦s de expedientes administrativos derivados de la estancia ilegal en Espa?a¡±), con las devoluciones (¡°personas que trataron de entrar en Espa?a por puestos no habilitados como fronteras¡±), las readmisiones (¡°expulsados de Espa?a en virtud de acuerdos de readmisi¨®n con terceros pa¨ªses¡±) y con las denegaciones de entrada (¡°personas rechazadas en los puestos fronterizos habilitados, habitualmente, puertos y aeropuertos¡±). En esta categor¨ªa global de retornos, Zapatero sigue liderando con 349.836 repatriaciones en siete a?os de gobierno. Destaca que el ministerio de Interior, dirigido entonces por Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, defin¨ªa estos n¨²meros como una prueba de la ¡°eficacia¡± del Ejecutivo en materia migratoria.

Tambi¨¦n llama la atenci¨®n la r¨¦plica a?os antes de Rajoy, por entonces ministro de Interior en 2001, cuando le preguntaba la oposici¨®n por la poca agilidad del Gobierno de Aznar para ejecutar las expulsiones: ¡°Nos gustar¨ªa que nos dijeran c¨®mo se puede expulsar a una persona cuando el pa¨ªs del que es nacional no lo admite¡±.

La respuesta de Rajoy, ahora reutilizada por los socialistas, pone el foco en una realidad que no ha cambiado en los ¨²ltimos 30 a?os de democracia: el regreso de los inmigrantes irregulares est¨¢ gravemente condicionada por los acuerdos de Espa?a o la Uni¨®n Europea con sus pa¨ªses de origen. Todos los presidentes o ministros de Interior viajaron a pa¨ªses africanos para fijar pautas sobre la readmisi¨®n y tr¨¢nsito de personas en situaci¨®n irregular que llegaban a Espa?a. Incluso tejieron alianzas con terceros pa¨ªses para que admitieran ciudadanos de otros Estados africanos, las conocidas ¡°readmisiones¡±.

Los acuerdos m¨¢s conocidos son los que emprendi¨® personalmente Rubalcaba para presionar a pa¨ªses como Mal¨ª o Mauritania, Senegal, Nigeria, Cabo Verde, entre otros, que controlasen el flujo migratorio en sus fronteras y aceptasen las repatriaciones de personas en situaci¨®n irregular. El trabajo de la mano derecha de Zapatero logr¨® reducir la llegada de inmigrantes irregulares hasta un 50%, seg¨²n datos que aport¨® en 2009 el ministro, a?o en el que tampoco arrib¨® ninguna patera a Canarias procedente de Senegal. Por otra parte, estos viajes en avi¨®n recibieron cr¨ªticas de determinadas ONG que advert¨ªan que los pa¨ªses africanos no respetaban los derechos humanos de los inmigrantes irregulares que regresaban de Espa?a.

En las hemerotecas a¨²n hay art¨ªculos y fotograf¨ªas del viaje de Aznar a Marruecos en 2003 en el peor momento diplom¨¢tico entre ambos pa¨ªses para insistirle al primer ministro, Driss Jettu, ¡°la aplicaci¨®n cabal de los acuerdos existentes¡± para la devoluci¨®n de ¡°indocumentados¡± y menores que, seg¨²n el Gobierno de entonces, Rabat incumpl¨ªa. Por entonces, seg¨²n las cifras oficiales, hab¨ªa 4.878 menores no acompa?ados acogidos en Espa?a.

Pero estos acuerdos no solo se firmaban para frenar la presi¨®n migratoria, sino para fomentar la cooperaci¨®n econ¨®mica. Rubalcaba lo hizo, pero tambi¨¦n Aznar. En ese viaje a Rabat en diciembre de 2003, entre su s¨¦quito de 80 personas estaba Rodrigo Rato como ministro de Econom¨ªa para firmar un plan con Marruecos de 390 millones de euros. ¡°Con 390 millones de euros, la cumbre soy yo¡±, dijo Rato ante la prensa.

Un modelo que tambi¨¦n aplic¨® Rajoy. De hecho, en 2017 introdujo el debate sobre inmigraci¨®n durante el G20, en el que exigi¨® aumentar la cooperaci¨®n con el desarrollo de los pa¨ªses de origen de los inmigrantes ilegales y record¨® al resto de asistentes que la crisis migratoria que ya estaba asomando hab¨ªa que responder ante ella con responsabilidad y solidaridad. S¨¢nchez aplica la misma receta, tanto de forma general con el Plan ?frica de este 2024, que presta prioridad a las regiones del ?frica Occidental y el Sahel de donde proceden ahora gran parte de los inmigrantes irregulares, como con viajes concretos a pa¨ªses como Mauritania.

A?os de espera para regularse

Fuentes del actual Gobierno socialista conf¨ªan en que no es necesaria una regularizaci¨®n extraordinaria ¡°porque el sistema actual de regulaci¨®n ordinaria funciona bien¡±. Dentro del marco legal, la figura a la que m¨¢s se acogen las personas en situaci¨®n irregular es la del arraigo, especialmente el social y el familiar. Los ¨²ltimos datos aportados por la secretaria de Estado de migraciones dicen que al cierre del a?o pasado se sumaron 210.334 personas, casi 100.000 m¨¢s que en 2022. En porcentaje, el 40% de esas autorizaciones eran por arraigo familiar y otro 40% por social aproximadamente. Los arraigos con menos peso son los de formaci¨®n (introducido en la reforma del reglamento de 2022) y el laboral, el primero con casi un 11% y el segundo con un 7%.

Cada tipo de arraigo requiere unos requisitos espec¨ªficos. El social exige haber permanecido en Espa?a durante al menos tres a?os de forma continua y tener un con el salario m¨ªnimo, entre otras cosas. El familiar se enfoca en que el solicitante sea progenitor o tutor de un menor o estar casado (o pareja de hecho) con una persona de nacionalidad espa?ola.

Pero lo cierto es que el camino para regularizarse es complejo y puede durar a?os. Adem¨¢s del tiempo requerido de residencia para algunas de las solicitudes, est¨¢ la demora de la burocracia. Los datos registrados muestran un crecimiento constante desde 2013, en el que de media una persona tardaba unos cinco a?os en conseguir el arraigo, hasta 2020, en el que est¨¢ el pico con m¨¢s de siete a?os y medio. Desde entonces, la agilizaci¨®n del proceso ha mejorado considerablemente y la espera ha bajado hasta casi los tres a?os para entrar en el sistema y acceder a un trabajo regular.