Regularizar para transformar un modelo migratorio roto en Espa?a

Enterrada por el ruido de la amnist¨ªa y la corrupci¨®n, esta semana ser¨¢ discutida en el Congreso una propuesta que habr¨¢ cambiado nuestra sociedad para siempre. Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que solicita al Gobierno la regularizaci¨®n de cerca de medio mill¨®n de seres humanos que viven en nuestro pa¨ªs atrapados en una ciudadan¨ªa de tercera clase. La friolera de 611.821 espa?oles y espa?olas exigimos de la forma m¨¢s solemne a nuestros representantes que corrijan esta anomal¨ªa democr¨¢tica y social. Y lo hemos hecho espoleados por una coalici¨®n de m¨¢s de 900 colectivos que abarca desde la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe, y que est¨¢ liderada por los propios migrantes a trav¨¦s del movimiento Regularizaci¨®n Ya. Incluso antes de ser votada, esta iniciativa ya ha hecho historia.

El tr¨¢mite parlamentario ser¨¢ r¨¢pido, con votaci¨®n en pleno antes del verano. Todo est¨¢ abierto, a expensas de la posici¨®n que tomen PSOE y PP, que en el pasado aprobaron 4 y 5 regularizaciones, respectivamente.

La movilizaci¨®n ciudadana por la ILP est¨¢ fundamentada en razones s¨®lidas. La primera de ellas se deriva de las magnitudes en juego. De acuerdo con las estimaciones m¨¢s fiables y recientes, alrededor de 425.000 personas (el 12% del total de la poblaci¨®n migrante en 2021) residen hoy en nuestro pa¨ªs en situaci¨®n de irregularidad administrativa. La inmensa mayor¨ªa de esta poblaci¨®n procede de Am¨¦rica Latina, m¨¢s de la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 a?os (seg¨²n datos actualizados para la ONG Save the Children).

La condici¨®n de migrante irregular constituye uno de los determinantes m¨¢s devastadores de vulnerabilidad social y legal. La irregularidad impide el adecuado acceso a la justicia para las v¨ªctimas, limita el derecho a la salud y la educaci¨®n, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotaci¨®n. Una de cada tres personas extranjeras est¨¢ en riesgo de exclusi¨®n social severa, una proporci¨®n tres veces m¨¢s alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares espa?oles, esta tasa es del 20%.

Pero, si existen buenas razones ¨¦ticas para la regularizaci¨®n, los argumentos pr¨¢cticos no son menos contundentes. Los trabajadores y trabajadoras sin papeles cumplen un papel activo e irremplazable en la estructura econ¨®mica de Espa?a. Su contribuci¨®n se distribuye a lo largo de toda la escala de cualificaci¨®n, pero resulta particularmente relevante en sectores como el de los cuidados, la agricultura o la industria manufacturera. La fuerza laboral de los migrantes irregulares fue determinante en los primeros meses de la respuesta a la pandemia, apuntalando la producci¨®n y distribuci¨®n de alimentos o garantizando el cuidado de ni?os y mayores.

Si les dejasen, su contribuci¨®n podr¨ªa ser a¨²n mayor. Un estudio de la Fundaci¨®n porCausa demostraba al principio de estas movilizaciones que la regularizaci¨®n supondr¨ªa un ping¨¹e beneficio para las arcas p¨²blicas. En concreto, estim¨¢bamos en unos 3.400 euros por trabajador y a?o el aporte de la regularizaci¨®n para el Estado. Un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por a?o, suficiente, por ejemplo, para que estas familias aportasen al presupuesto del Ingreso M¨ªnimo Vital 2,2 euros por cada euro recibido.

Ni el Gobierno ni los partidos que lo sostienen en el Parlamento ignoran estas cifras. Sin embargo, en vez de responder a ellas con una propuesta de normalizaci¨®n transparente y ambiciosa, sus representantes han optado por una vergonzante regularizaci¨®n encubierta que busca los mismos efectos sin declararlos p¨²blicamente. Las reformas del reglamento de extranjer¨ªa ¨Cprimero con la incorporaci¨®n laboral de los j¨®venes extutelados y despu¨¦s con la flexibilizaci¨®n y ampliaci¨®n de las formas de arraigo¨C tienen el prop¨®sito mal disimulado de ordenar el mercado de trabajo e incrementar la base de una pir¨¢mide laboral y demogr¨¢fica que se estrecha en Espa?a de forma peligrosa.

La sociedad espa?ola ha reclamado una regularizaci¨®n extraordinaria porque la gravedad de la situaci¨®n es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales

Todo esto estar¨ªa muy bien si no fuese porque no est¨¢ funcionando. Las cifras m¨¢s recientes de autorizaciones de residencia sugieren un incremento llamativo de las regularizaciones excepcionales ¡ªpor arraigo o por razones humanitarias¡ª, pero en niveles muy por debajo de lo necesario: 92.000 regularizaciones por arraigo entre mediados de 2022 y mediados de 2023. El arraigo por formaci¨®n, que promet¨ªa una v¨ªa generosa y acelerada de regularizaci¨®n, se ha convertido en un nuevo infierno burocr¨¢tico que genera m¨¢s ¨²lceras que estudiantes. Por si fuera poco, estas medidas siguen ignorando a un grupo tan abultado y vulnerable como el de los ni?os, a los que ahora el Gobierno promete un apa?o a trav¨¦s del proyecto de Ley de Familias. Y ni siquiera sabemos cu¨¢ntos migrantes se han incorporado a la irregularidad en este mismo per¨ªodo, porque a¨²n no tenemos cifras detalladas del padr¨®n para 2022.

Demasiado poco, demasiado lento, demasiado cobarde. La sociedad espa?ola ha reclamado una regularizaci¨®n extraordinaria porque la gravedad de la situaci¨®n es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales, como demuestran los datos de una encuesta realizada por la organizaci¨®n More in Common en febrero de este a?o. De acuerdo con sus resultados (ver gr¨¢fico), la regularizaci¨®n no solo recibe el apoyo abrumador de los votantes de izquierda y centroizquierda, sino tambi¨¦n de la mayor¨ªa de los votantes del Partido Popular. En todos los rangos de edad. Incluso uno de cada cinco simpatizantes de Vox apoya esta medida.

La regularizaci¨®n no es caridad, sino el imprescindible borr¨®n y cuenta nueva para afrontar una reforma justa e inteligente de un modelo migratorio roto. Estudio tras estudio, expertos y empleadores recuerdan a las sociedades europeas el abismo demogr¨¢fico al que nos asomamos. Uno de los m¨¢s recientes, elaborado por Allianz Research, recuerda que Espa?a perder¨¢ hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de migraciones. Y estima en 338.000 el n¨²mero de llegadas netas anuales necesario para sostener nuestro sistema de pensiones, casi el doble de los sugeridos por el informe Espa?a 2050 hace solo tres a?os. Mientras la UE pierde trabajadores y gana jubilados, las regiones de nuestro entorno se preparan para beneficiarse de una carrera por el talento global que nosotros ya estamos perdiendo. Para cuando hayamos decidido establecer v¨ªas legales y seguras de movilidad, tal vez sea demasiado tarde.

Podemos seguir cavando m¨¢s hondo en el mismo agujero, convirtiendo nuestras fronteras en espacios a¨²n m¨¢s ca¨®ticos y salvajes, pulverizando el derecho de protecci¨®n y bailando al ritmo pol¨ªtico de los nacionalpopulistas. Pero tambi¨¦n podemos intentar la alternativa de un modelo m¨¢s flexible, ordenado y adaptado a los intereses de todos. Esta regularizaci¨®n es el primer paso en la direcci¨®n correcta.

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