La Junta justifica el abuso en 2021 de contratos expr¨¦s en Andaluc¨ªa cuestionado por la Intervenci¨®n

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) hizo un uso ¡°indebido¡± de la contrataci¨®n de emergencia en 2021, seg¨²n consta en la auditor¨ªa realizada por la Intervenci¨®n de esta entidad p¨²blica dependiente de la Consejer¨ªa de Salud durante ese a?o. En el documento, el ¨®rgano fiscalizador reprocha al Gobierno que dirige Juan Manuel Moreno que abusara de una pr¨¢ctica que permite realizar adjudicaciones a dedo, cuando el marco legal que la amparaba ya no estaba vigente y la incidencia de la pandemia estaba ¡°muy atemperada¡±. La Junta continu¨® firmando este tipo de contratos por un valor de hasta 300 millones de euros, desoyendo, adem¨¢s, la pr¨¢ctica totalidad de las 11 recomendaciones que los auditores del SAS realizaron en su informe de 2020, en el que advert¨ªan de la necesidad de evitar los contratos de emergencia y seguir por los procedimientos ordinarios siempre fuera posible, dado el car¨¢cter excepcional de estas contrataciones.

La auditor¨ªa de la Intervenci¨®n del SAS, adelantada por Eldiario.es y cuyo contenido ha podido consultar este peri¨®dico, concluye con un informe ¡°desfavorable¡± sobre las adjudicaciones a dedo que se realizaron a lo largo de 2021, tras analizar una muestra de 126 expedientes de contrataci¨®n con un gasto de 56,6 millones de euros, del total de 3.669 relacionados con obras, servicios y compras de material. La Intervenci¨®n sostiene que esas contrataciones de emergencia y las pr¨®rrogas de las realizadas en 2020 contravienen la Ley de Contrataci¨®n P¨²blica al no estar justificadas. El documento se?ala que son contrarias la Instrucci¨®n 1/2021 de la Consejer¨ªa andaluza de Hacienda ¡ªen el que se advert¨ªa a la Consejer¨ªa de Salud de que la contrataci¨®n de emergencia deb¨ªa tener un car¨¢cter residual¨D y a las Instrucciones de la Junta Consultiva de Contrataci¨®n P¨²blica del Estado de 10 de abril 2020, que vuelve a advertir de la naturaleza excepcional de estos contratos porque el marco legislativo que lo amparaba, el art¨ªculo 16 del Real Decreto Ley 7/2000, estaba derogado.

La Junta de Andaluc¨ªa no parece preocupada por este informe desfavorable. ¡°En Andaluc¨ªa los contratos se han sometido a todos los controles de legalidad tanto internos como externos de la C¨¢mara de Cuentas¡±, ha indicado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina Espa?a, que ha se?alado que todos los expedientes de contrataci¨®n est¨¢n publicados. ¡°En 2020 y 2021 la situaci¨®n era muy complicada por la covid. Lo importante era salvar vidas y por eso se hicieron las contrataciones de emergencia¡±, ha insistido.

La Intervenci¨®n del SAS cuestiona la ¡°situaci¨®n de necesidad imperiosa¡± que se vivi¨® en 2021 debido la covid, tal y como ha arg¨¹ido la portavoz de la Junta, y pone en duda el car¨¢cter de emergencia, esgrimiendo que durante el segundo estado de alarma la pandemia ¡°estaba muy atemperada¡±. En su informe se advierte adem¨¢s de que el abuso de este tipo de contratos expr¨¦s provocaron ¡°situaciones de riesgo¡± en el gasto p¨²blico, puesto que, al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de aptitud, capacidad, solvencia econ¨®mica, financiera, t¨¦cnica y profesional o las prohibiciones de contratar con la administraci¨®n de los adjudicatarios.

Los auditores del SAS indican tambi¨¦n que algunas de esas adjudicaciones ¡ªen el caso de contrataciones de servicios y obras¨D no estaban justificadas por el covid y advierte de que la mayor¨ªa de los contratos se ejecutaron con posterioridad al plazo de un mes preceptivo en la contrataci¨®n de emergencia. Tambi¨¦n cuestiona el control de esos contratos al se?alar que en algunos ¡°no constan actos de recepci¨®n positiva de la inversi¨®n realizada o la misma no est¨¢ debidamente firmada¡±.

La C¨¢mara de Cuentas aprecia ¡°defectuosa planificaci¨®n¡± de la Junta

Fuentes del Gobierno de Moreno tambi¨¦n restan trascendencia a este informe y ponen el ¨¦nfasis en que se trata de una muestra de m¨¢s de 3.000 contratos y de que en ning¨²n caso han existido denuncias de que ese dinero no se destinara a lo estipulado en la adjudicaci¨®n o que se desviara para otras actividades o usos particulares. Como ha se?alado la portavoz, esas mismas fuentes apuntan al informe de la C¨¢mara de Cuentas en el que fiscaliza los contratos suscritos por la administraci¨®n andaluza con ocasi¨®n de la pandemia en 2020, cuyas observaciones cr¨ªticas, recogidas como ¡°opini¨®n con salvedades¡± estipulan que la actividad contractual de la Junta durante la pandemia ¡°resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable¡±.

Ese documento, sin embargo, en su punto 15 delimita el espacio temporal de la fiscalizaci¨®n ¡°en los expedientes formalizados en el ejercicio 2020. No obstante, teniendo en cuenta que el proceso de desescalada se prolong¨® en el tiempo, se han analizado aquellos hechos o actuaciones producidos durante 2021 en la medida en que se ha estimado necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos previstos¡±. Fuentes cercanas a la C¨¢mara de Cuentas precisan que puede haber cuestiones puntuales referentes a 2021, si bien el grueso de los 201 expedientes analizados se centra en 2020.

En ese informe, la C¨¢mara de Cuentas aprecia una ¡°defectuosa planificaci¨®n¡± por parte del Gobierno andaluz en uno de cada tres contratos expr¨¦s. Tambi¨¦n advierte de que los contratos de emergencia deben realizarse de acuerdo con los criterios de ¡°necesidad y proporcionalidad, limit¨¢ndolos en el ¨¢mbito objetivo como en el temporal¡± y pide a la Junta que reflexione sobre si se podr¨ªan haber logrado las aspiraciones que se persiguen con esta pr¨¢ctica con ¡°procedimientos alternativos, menos restrictivos de la concurrencia¡±.

Control permanente del gasto en entredicho

El documento de la Intervenci¨®n relativo a 2021 tiene fecha de 23 de noviembre de 2023. Antes, este organismo fiscalizador remiti¨® su auditor¨ªa relativa a 2020 en la que incorporaba ¡°salvedades¡±, apuntando a deficiencias de la Junta a la hora de llevar a cabo las contrataciones de emergencia, y establec¨ªa hasta 11 recomendaciones, de las que, al a?o siguiente solo cumpli¨® una, de acuerdo con el informe de 2011. El an¨¢lisis de 2020 e entreg¨® al SAS el 9 de noviembre de 2022. Todas las auditor¨ªas son a posteriori porque ese a?o el Gobierno de Moreno cambi¨® para la Consejer¨ªa de Salud el mecanismo de control financiero del gasto previo, que obliga a emitir los informes de la Intervenci¨®n con anterioridad a que se firmen los contratos, al control financiero permanente, que determina que tengan car¨¢cter anual y se realicen, por tanto, con posterioridad.

Este mecanismo acaba de ser ampliado al resto de contratos de toda la administraci¨®n andaluza, lo que ha generado las cr¨ªticas del PSOE que argumenta que durante la tramitaci¨®n del caso de los ERE, la falta de control del gasto previo fue uno de los principales arietes del PP para justificar el fraude en la gesti¨®n de esas ayudas p¨²blicas. Tras conocerse el informe ¡°desfavorable¡± de la Intervenci¨®n del SAS, la portavoz de la Junta y consejera de Econom¨ªa y Hacienda no se ha cuestionado la idoneidad de extender el modelo de fiscalizaci¨®n continuada a la generalidad de la Junta para garantizar un mayor control del gasto.

Los dos informes de la Intervenci¨®n del SAS que cuestionan la contrataci¨®n expr¨¦s de la Junta no son los ¨²nicos. El PSOE andaluz inform¨® la semana pasada de que, al menos, hay otras nueve auditor¨ªas de esta entidad realizadas sobre las plataformas provinciales de contrataci¨®n del SAS correspondientes a 2020 y 2021 que tambi¨¦n advierten de irregularidades, entre ellas la fragmentaci¨®n de contratos para evitar que salgan a concurrencia competitiva o pr¨®rrogas al margen de la ley, y que tambi¨¦n cuestionan la falta de justificaci¨®n de la necesidad de la emergencia.

Los socialistas llevan tiempo advirtiendo de estas irregularidades en la contrataci¨®n y reclamaron que todos los contratos expr¨¦s de la Junta justificados en la pandemia se analizaran en una comisi¨®n de investigaci¨®n en el Parlamento, que la mayor¨ªa absoluta del PP impidi¨®. Fuentes del PSOE-A explican que est¨¢n esperando a las conclusiones del informe de la Intervenci¨®n de 2022, puesto que la Consejer¨ªa de Salud sigui¨® realizando este tipo de contrataciones, pese a que el marco normativo estaba derogado, durante 2022 y hasta noviembre de 2023. La Junta ha vuelto a recurrir este a?o a este tipo de contratos a dedo para solventar las listas de espera en la sanidad p¨²blica por un montante de 283 millones de los que el 42% se destinar¨¢ a conciertos sin libre concurrencia con la sanidad privada.