Clavijo pide 165 millones al Gobierno y condiciona su apoyo parlamentario a resolver la crisis con los menores en Canarias

Este 17 de septiembre, la negociaci¨®n para resolver la crisis de acogida de los menores migrantes en Canarias ha vuelto al punto de partida de hace dos meses. Tras el fracaso del pasado 23 de julio en el Congreso de la reforma de la ley de extranjer¨ªa, las partes han vuelto al principio. El PSOE y el PP, que cogobierna en las islas y vot¨® en contra de la iniciativa, volver¨¢n a sentarse para negociar. Mientras, el presidente canario, Fernando Clavijo, presiona con lo que tiene: hacer valer sus votos en el Congreso. Seg¨²n han confirmado EL PA?S fuentes del Ejecutivo canario, Clavijo reclam¨® al Gobierno central que concretara una fecha para retomar las conversaciones con el PP y, adem¨¢s, un fondo de 165 millones de euros, el equivalente a lo gastado en la acogida de menores migrantes en lo que va de a?o. La cita con el PP se producir¨¢, probablemente, la pr¨®xima semana. Pero el dinero se ha quedado en el aire tras otro desencuentro pol¨ªtico al margen de los ni?os migrantes, seg¨²n relatan distintas fuentes al tanto del choque: la negativa de Coalici¨®n Canaria a prorrogar la comisi¨®n mascarillas, en la que el PSOE intenta contrarrestar los ataques por la investigaci¨®n a la esposa de Pedro S¨¢nchez, Bego?a G¨®mez, fiscalizando los contratos millonarios de la Xunta de Galicia a la empresa Eulen, en la que la hermana de Alberto N¨²?ez Feij¨®o es delegada territorial.

La reuni¨®n a tres con el PP depende ahora de la agenda de Clavijo, aunque el clima, cargado de desconfianza, no es el m¨¢s amigable. Tras el fracaso parlamentario de la iniciativa que en su momento lideraron Coalici¨®n Canaria y el Gobierno central, las culpas se han repartido entre unos y otros. En Madrid reprochan que el presidente canario no lograse ni siquiera la abstenci¨®n de los populares, con los que comparte gobierno, y que estos impongan cada vez nuevas condiciones. Pero Canarias recrimina al Gobierno que no negoci¨® lo suficiente, a pesar de que hab¨ªa peticiones razonables y que habr¨ªa que haberse sentado m¨¢s veces con los de Alberto N¨²?ez Feij¨®o.

¡°Hemos tenido dos semanas de una tremenda confrontaci¨®n¡±, reconoci¨® el ministro de Pol¨ªtica Territorial, ?ngel V¨ªctor Torres, tras presidir la Conferencia Interministerial de Inmigraci¨®n. ¡°Pero todo lo que hemos visto en estas semanas y estos desencuentros no se hubiesen producido nunca si el 23 de julio el Partido Popular hubiese votado a favor de admitir a tr¨¢mite la modificaci¨®n del art¨ªculo 35 [de la ley de extranjer¨ªa]¡±, a?adi¨®. ¡°El PP no dio su voto porque no se acept¨® ninguna de sus demandas¡±, mantienen fuentes del Ejecutivo auton¨®mico.

En estos meses de desencuentros, se ha empozo?ado el debate sobre la inmigraci¨®n y los t¨¦rminos han cambiado porque Clavijo ha hecho suyas las reclamaciones del PP. El pasado 10 de septiembre, el presidente canario firm¨® con Feij¨®o un plan de m¨¢ximos para que los populares garanticen su voto de un cambio legislativo. Ese plan exig¨ªa al Gobierno un pacto de Estado para gestionar la inmigraci¨®n con varias medidas que ya existen, pero tambi¨¦n una serie de condiciones concretas para aceptar un reparto obligatorio y que son b¨¢sicamente las siguientes: la declaraci¨®n de emergencia migratoria, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y unos par¨¢metros para establecer cu¨¢ntas plazas de acogida debe tener como m¨ªnimo cada comunidad aut¨®noma. Por ¨²ltimo, ese par¨¢metro, con el que se define la capacidad de cada territorio, deber¨¢ servir para crear un nuevo modelo de acogida en el que el Estado financie a todas aquellas comunidades (y no solo Canarias, Ceuta y Melilla) que se encuentren por encima del 100% de su capacidad de acogida y que, a partir del 150%, se haga cargo del gasto y la gesti¨®n en su totalidad.

No son exigencias menores. Las condiciones del PP convierten una propuesta dise?ada para territorios sometidos a constante tensi¨®n migratoria en un plan para todos, en el que se presupone, que el Estado, en determinadas circunstancias, asumir¨¢ una responsabilidad sobre los menores migrantes que le corresponde a las comunidades aut¨®nomas. De momento, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ultima un informe en el que se simular¨¢ la capacidad de acogida adecuada de cada territorio, bas¨¢ndose en criterios como el desempleo, la poblaci¨®n y la renta per c¨¢pita, para empezar a negociar.

Ultim¨¢tum para el protocolo de la discordia

En paralelo, se mantienen las discrepancias jur¨ªdicas sobre la atenci¨®n que debe darse a los menores cuando desembarcan en las islas. El Consejo de Ministros aprob¨® este martes dar los primeros pasos para elevar al Tribunal Constitucional el nuevo protocolo de actuaci¨®n con el que el Gobierno canario condiciona la entrada de los menores en sus centros, hasta que la Polic¨ªa cumpla con una serie de tr¨¢mites. El Gobierno tiene claro que es inconstitucional porque delega en el Estado responsabilidades que son competencia de la comunidad, pero a¨²n hay margen de negociaci¨®n. El ministro de Pol¨ªtica Territorial, ?ngel V¨ªctor Torres, ha anunciado este martes, que antes de formalizar el conflicto de competencias en el Constitucional, han dado a Canarias una semana de plazo ¡°para estudiar las discrepancias planteadas¡±.

La Fiscal¨ªa ha considerado este protocolo discriminatorio y ha advertido de que si la atenci¨®n al menor no es inmediata puede incurrirse en un delito de abandono, pero Clavijo sigue defendiendo que se trata de poner orden. En una rueda de prensa este martes, el presidente canario ha mostrado una rese?a policial manuscrita, usada para hacer entrega a los menores en los centros de acogida, en la que casi todos los ni?os tienen la misma fecha de nacimiento y en la que no hay ninguna foto que permita identificarlos. ¡°Tienen que entender que nosotros no podemos recibir los menores con escritos de pu?o y letra ?y si les pasa algo¡±, remarc¨®. Su protocolo, sin embargo, incluye tr¨¢mites m¨¢s trabajosos que una rese?a policial y que mantendr¨ªan a los ni?os fuera de los centros de acogida ¡ªen dependencias policiales o en carpas¡ª varias horas e incluso d¨ªas. Clavijo defiende la legalidad y constitucionalidad de sus exigencias, pero se ha mostrado dispuesto a que los servicios jur¨ªdicos de ambos lados se re¨²nan para revisarlas. Si no se llega a un acuerdo, ser¨¢ el tribunal el que resuelva el enredo.

Mientras se resuelve la negociaci¨®n econ¨®mica, Clavijo espera este mi¨¦rcoles la visita del vicepresidente de la Comisi¨®n para la protecci¨®n del estilo de vida europeo, Margaritis Schinas, que visita las islas en el fin de su mandato. ¡°La visita brinda la oportunidad de debatir c¨®mo la Uni¨®n Europea puede seguir apoyando a las Islas Canarias y a Espa?a a la hora de gestionar el aumento de las llegadas irregulares, tanto en t¨¦rminos financieros y operativos, como fomentando un di¨¢logo m¨¢s s¨®lido con los principales pa¨ªses socios¡±, ha anunciado la Comisi¨®n. Es previsible que Schinas no llegue a Canarias con las manos vac¨ªas.