La Fiscal¨ªa investiga cuatro casos de abusos y malos tratos en los centros de menores migrantes de Canarias

Los fiscales de Canarias tienen abiertas cuatro causas para investigar supuestos malos tratos y abusos cometidos presuntamente en varios centros de acogida de menores migrantes en las islas. Seg¨²n han confirmado fuentes fiscales a EL PA?S, se trata de dos casos en la provincia de Tenerife y otros dos en la de Las Palmas. En un sistema de acogida que no deber¨ªa superar los 2.000 ni?os y adolescentes pero mantiene ya a m¨¢s de 5.300, los relatos de agresiones, castigos f¨ªsicos y abusos no son dif¨ªciles de encontrar, aunque dif¨ªcilmente llegan a los despachos de las autoridades. Los obst¨¢culos con el idioma, el miedo a sus propios agresores y a la polic¨ªa, y el desconocimiento son algunas de las trabas que se?alan los chicos para atreverse a denunciar.

Aunque oficialmente no han trascendido detalles, entre esas cuatro denuncias hay algunos casos conocidos. Una de las causas intenta aclarar la escandalosa situaci¨®n que un grupo de trabajadores de un centro de Gran Canaria hizo p¨²blica en 2021. Seg¨²n los denunciantes, que enviaron una carta an¨®nima a la Consejer¨ªa de Derechos Sociales, el descontrol en el hotel donde se alojaba a los menores era tal que no solo conviv¨ªan ni?os y adultos, sino que algunos de los mayores abusaban sexualmente de los m¨¢s peque?os. Aquella misiva tambi¨¦n implicaba a seis trabajadores, a los que se acusaba de estar al corriente de todo lo que ocurr¨ªa entre esas cuatro paredes y, adem¨¢s, de ¡°agresiones f¨ªsicas y maltrato continuado¡± contra los residentes.

Los casos de Tenerife se refieren a malos tratos en dos centros, situaciones que tambi¨¦n fueron denunciadas por varios chicos y extrabajadores a EL PA?S el pasado mes de julio, seg¨²n fuentes fiscales. Los menores entrevistados por este diario detallaron la dureza con la que eran tratados por sus cuidadores en un hotel de Puerto de la Cruz, en el norte de la isla. Seis adolescentes gambianos describieron que ante un supuesto mal comportamiento los encerraban como castigo en una habitaci¨®n de aislamiento. ¡°Lo normal son tres d¨ªas, pero hay quien ha estado hasta una semana¡±, aseguraron. El grupo sosten¨ªa adem¨¢s que se produc¨ªan agresiones de forma recurrente. ¡°No necesitan una raz¨®n para castigarte. Primero te llevan a un despacho y dos o tres educadores te pegan por todas partes¡±, contaba uno de los adolescentes. Otra de las denuncias se refiere a uno de los centros con m¨¢s hacinamiento de Canarias y que ha llegado a acoger a m¨¢s de 300 ni?os. Extrabajadores de este lugar explicaron a EL PA?S que hab¨ªan presenciado varias agresiones de trabajadores contra los menores.

Avanzar en este tipo de investigaciones es muy complicado, lamentan fuentes del ministerio p¨²blico. Cuando los fiscales acaban teniendo conocimiento de posibles hechos delictivos, disponen de seis meses para investigar y recabar las pruebas y testigos que fundamenten la querella ante un juez. Pero este proceso se atasca en situaciones donde no es lo habitual contar con pruebas de calidad ni testigos localizables o dispuestos a seguir adelante con todo el proceso, explican las mismas fuentes. En ocasiones, la causa acaba siendo archivada.

El Gobierno de Canarias, que tutela a los menores, es consciente de las situaciones que se viven en varios de sus centros. De forma gen¨¦rica, su presidente, Fernando Clavijo, ha dicho en alguna ocasi¨®n que ¡°el hacinamiento no permite garantizar la seguridad de los menores¡±. Con las capacidades desbordadas, hace meses que Clavijo reconoce que no es posible respetar los derechos de los ni?os y adolescentes que emigraron solos a las islas. Reconocerlo es parte de su estrategia de presi¨®n para lograr un cambio legislativo que imponga una redistribuci¨®n obligatoria en la Pen¨ªnsula de los ni?os que llegan a las islas. Tras el fracaso parlamentario de su propuesta conjunta con el Gobierno el pasado mes de julio, el presidente elev¨® el tono contra Madrid, pact¨® con el PP nuevas condiciones para el acuerdo y condicion¨® su apoyo a las iniciativas del Gobierno en el Congreso a que la reforma salga adelante.

¡°La relaci¨®n es tensa¡±, admiti¨® el pasado martes Clavijo cuando le preguntaron por su interlocuci¨®n con el Gobierno, con quien mantiene un frente judicial a cuenta de la recepci¨®n de los ni?os y adolescentes desembarcados. No obstante, y a pesar de la escalada de los ¨²ltimos meses, se han retomado las negociaciones y Coalici¨®n Canaria, el PP y el Ejecutivo se sentar¨¢n de nuevo para intentar lograr un acuerdo. Se trata ahora de dise?ar un mecanismo que beneficie a todos los territorios que vean sus recursos de acogida de menores saturados y no solo a Canarias, Ceuta y Melilla, como contemplaba la propuesta original, que ni siquiera fue admitida a tr¨¢mite en el Congreso.

Ahora, una de las exigencias del PP para aceptar un reparto obligatorio por los territorios es que una vez que una comunidad vea superada el 100% de su capacidad de acogida, el Estado se haga cargo de todos los costes. En las situaciones en las que se sobrepase el 150%, la responsabilidad ser¨ªa mayor y el Estado deber¨ªa asumir tambi¨¦n la gesti¨®n de personal, infraestructuras, etc¨¦tera. Para ello, como primer paso, las partes tienen que estudiar el informe a cargo del Ministerio de Juventud en el que se establecer¨¢ cu¨¢l debe ser la capacidad m¨ªnima de cada comunidad. Una vez hechos estos c¨¢lculos, se iniciar¨¢ la batalla del dinero. Clavijo ¡ª¡°de personalidad optimista¡±, seg¨²n miembros de su equipo¡ª ya ha dicho p¨²blicamente que espera que se cierre un acuerdo en las pr¨®ximas tres semanas para empezar a derivar a los menores de las islas cuanto antes.