Canarias recurre ante la justicia la suspensi¨®n de su protocolo de acogida de menores migrantes

El Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la suspensi¨®n ¡°cautelar¨ªsima¡± de su pol¨¦mico protocolo para la recepci¨®n de menores migrantes. En un recurso contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso EL PA?S, el Gobierno auton¨®mico solicita el levantamiento de la medida impuesta el pasado d¨ªa 20 a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Superior de Canarias.

El equipo jur¨ªdico canario arguye ante el juez buena parte de los argumentos que ya ha defendido en las ¨²ltimas semanas, entre ellos que el nuevo protocolo, en vigor desde el pasado d¨ªa 12, no es diferente al protocolo estatal ya existente desde 2014. El Gobierno de Clavijo defiende tambi¨¦n que las nuevas normas son una instrucci¨®n interna que solo es vinculante para los empleados p¨²blicos y las entidades colaboradoras de la comunidad aut¨®noma y que no cabr¨ªa impugnaci¨®n y asegura que es una medida necesaria y adecuada para garantizar la protecci¨®n de los menores, sin que ello suponga una demora o discriminaci¨®n en su atenci¨®n.

El recurso, por ¨²ltimo, reclama una mayor implicaci¨®n del Estado que teniendo en cuenta sus competencias exclusivas en materia de extranjer¨ªa y asilo, deber¨ªa abarcar, a su juicio, la gesti¨®n de la entrada de menores extranjeros en Espa?a, su protecci¨®n inmediata, y la coordinaci¨®n para su eventual redistribuci¨®n a otras comunidades aut¨®nomas.

Mientras se mantiene la batalla judicial entre el Estado y la comunidad aut¨®noma a cuenta de las competencias en materia de infancia migrante, la negociaci¨®n pol¨ªtica avanza muy lentamente. La reuni¨®n a tres bandas en la que el PP, el Gobierno y Coalici¨®n Canaria deben negociar c¨®mo desbloquear la reforma de la ley de extranjer¨ªa estaba prevista para este mi¨¦rcoles, pero se ha suspendido. Interlocutores de los equipos negociadores han explicado a EL PA?S que la condici¨®n para sentarse en la mesa de negociaci¨®n es tener claros una serie de datos sobre la capacidad de acogida de las comunidades aut¨®nomas, un informe que estaba preparando el Ministerio de Juventud e Infancia y que a¨²n no est¨¢ listo. El documento del departamento de Sira Rego tiene que sentar las bases y los criterios para establecer cu¨¢ntas plazas debe tener cada territorio, una informaci¨®n imprescindible para poder negociar una de las exigencias del PP: que el Estado financie la acogida de los ni?os cuando una comunidad supere el 100% de su capacidad y asuma el gasto y la gesti¨®n a partir del 150%.

La crisis de la acogida de los 5.500 menores migrantes que hay en Canarias ha derivado en una crisis pol¨ªtica y en un recrudecimiento del discurso migratorio que ha lanzado la inmigraci¨®n como el principal problema de los espa?oles, seg¨²n el CIS. El pacto inicial entre el Gobierno y Coalici¨®n Canaria para reformar la ley de extranjer¨ªa e imponer la distribuci¨®n de los ni?os salt¨® por los aires en julio, cuando la propuesta decay¨® en el Congreso con los votos en contra de PP, Junts y Vox. Desde entonces se ha endurecido el tono entre Madrid y Canarias, especialmente tras la iniciativa de Clavijo de elaborar este nuevo protocolo para la recepci¨®n de los menores en los centros de acogida, una medida que en la pr¨¢ctica supone ser m¨¢s exigente con la labor policial. Precisamente en su recurso, el Gobierno canario adjunta algunas de las actas policiales que se han entregado a las ONG que atienden a los ni?os, una secuencia de folios con los nombres de los ni?os escritos a mano y, todos, casualmente, con la misma fecha de nacimiento: el 1 de enero. Las actas son para Clavijo la representaci¨®n gr¨¢fica del ¡°descontrol¡± que hay en la identificaci¨®n y recepci¨®n de los ni?os y de c¨®mo el Estado podr¨ªa hacer m¨¢s. El protocolo, en cualquier caso, ha sido contestado no solo por la Fiscal¨ªa, que lo considera discriminatorio y advierte de un posible delito de abandono, sino tambi¨¦n por el Consejo de Estado que ha emitido un informe favorable para que el Gobierno eleve el asunto al Tribunal Constitucional.

En su recurso, Canarias recuerda, a su vez, que la capacidad del archipi¨¦lago est¨¢ ampliamente desbordada y argumenta que ya se han agotado los mecanismos voluntarios de cooperaci¨®n entre administraciones. Incide, a su vez, en una idea que ha manejado en repetidas ocasiones el propio presidente Clavijo: la duda de que la responsabilidad del menor recaiga sobre la comunidad aut¨®noma. Al menos no en exclusiva. En primer lugar, sostiene que el marco que establecen las leyes actuales estaba originalmente orientado a menores ya residentes en Espa?a, por lo que es ¡°insuficiente¡± para abordar la realidad actual de menores migrantes. En segundo lugar, sostiene que la competencia de las entidades p¨²blicas para asumir la tutela de un menor se basa en el lugar de residencia o donde el menor tenga su centro de vida. Sin embargo, en el caso de menores migrantes rescatados en alta mar, el lugar de arribada (Canarias, en este caso) no puede considerarse la ubicaci¨®n de residencia en el sentido legal. Se argumenta, en tercero, que la actuaci¨®n de las autoridades auton¨®micas es provisional y no implica que la Comunidad Aut¨®noma deba asumir la tutela permanente.