El Supremo ordena el registro del despacho del fiscal general del Estado para incautar sus correos

El Tribunal Supremo ha dejado claro este mi¨¦rcoles que est¨¢ dispuesto a llegar hasta el fondo en la investigaci¨®n abierta por revelaci¨®n de secretos a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz. Tras la decisi¨®n ins¨®lita de encausar al fiscal general del Estado, el juez encargado del caso ha adoptado una medida excepcional: ordenar a la Guardia Civil el registro del despacho del fiscal general e intervenir sus ordenadores, tel¨¦fonos m¨®viles y tableta. Tambi¨¦n los de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodr¨ªguez, imputada en la misma causa. Los agentes llegaron a la Fiscal¨ªa General sobre las 12.00 del mediod¨ªa y abandonaron el edificio 11 horas despu¨¦s, pasadas las 23.00.

El magistrado ?ngel Luis Hurtado ha instado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a recabar toda la documentaci¨®n que pueda servir en la investigaci¨®n abierta por la supuesta filtraci¨®n de un correo electr¨®nico que el abogado de Alberto Gonz¨¢lez Amador, pareja de la presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, envi¨® a la Fiscal¨ªa para intentar alcanzar un pacto que le librara de la c¨¢rcel. El instructor ha declarado secretas las actuaciones durante un mes y ha pedido a Garc¨ªa Ortiz que designe a su abogado y a su procurador.

La intervenci¨®n de los correos del fiscal general y de la jefa del Ministerio P¨²blico en Madrid hab¨ªa sido solicitada por Gonz¨¢lez Amador. El auto dictado por el instructor atiende esa petici¨®n y ordena a la Guardia Civil una serie de medidas que implican hacerse con el control total de todos los dispositivos inform¨¢ticos y m¨®viles de ambos fiscales para buscar posibles pruebas de su implicaci¨®n en la filtraci¨®n del correo que el Supremo considera delictiva.

La incautaci¨®n de los correos electr¨®nicos y de los ordenadores y tel¨¦fonos m¨®viles es una medida inusual en las investigaciones por revelaci¨®n de secretos derivadas de la filtraci¨®n de informaci¨®n a los medios de comunicaci¨®n. Estos casos suelen saldarse con la citaci¨®n a declarar de los periodistas que hayan publicado esa informaci¨®n, que pueden acogerse a su derecho a no revelar las fuentes, lo que normalmente aboca al archivo del caso. El Supremo, sin embargo, ha decidido intervenir los dispositivos del fiscal general como primer paso de la investigaci¨®n. El registro, seg¨²n fuentes del caso, ha empezado sobre las 12 del mediod¨ªa, apenas dos horas despu¨¦s de que el juez Hurtado emplazara a Garc¨ªa Ortiz a designar un abogado y un procurador para garantizar su derecho a la defensa. Los agentes, seg¨²n fuentes consultadas, han clonado los ordenadores, los tel¨¦fonos m¨®viles y la tablet del fiscal general.

El auto de Hurtado ordena a la Guardia Civil que intervenga ¡°todos aquellos dispositivos inform¨¢ticos, objetos, documentos y dem¨¢s efectos que pudieran tener relaci¨®n con un delito de revelaci¨®n de secretos¡±. El abogado de Gonz¨¢lez Amador envi¨® su propuesta de pacto a la Fiscal¨ªa el 2 de marzo, pero el juez ha autorizado a la Guardia Civil a intervenir todo el contenido de los ordenadores y dispositivos m¨®viles del jefe del Ministerio P¨²blico. El auto insta a ¡°la intervenci¨®n de documentaci¨®n en soporte papel o inform¨¢tico que tengan relaci¨®n directa con los hechos investigados¡± y autoriza a los agentes para ¡°la intervenci¨®n y/o copia, en su integridad o parcialmente¡± de cualquier tipo de material o soporte inform¨¢tico y telem¨¢tico (incluida telefon¨ªa m¨®vil), ¡°que haya podido ser empleado o que pudieran servir como indicios o pruebas de la comisi¨®n de los hechos objeto de la investigaci¨®n¡±.

Incautar ordenador, tel¨¦fonos y tableta

El instructor precisa a la UCO que incaute ¡°el tel¨¦fono o tel¨¦fonos m¨®viles¡± de Garc¨ªa Ortiz, as¨ª ¡°como otros dispositivos inform¨¢ticos o telem¨¢ticos que pudiera tener (tablet, ordenador port¨¢til u otros)¡±, y les pide que hagan una copia, ¡°protegida por huella digital u otro procedimiento que impida la ulterior modificaci¨®n del contenido, la cual quedar¨¢ custodiada bajo la fe p¨²blica del Letrado de la Administraci¨®n de Justicia¡±. El instructor tambi¨¦n autoriza, en el caso de que sea necesario para extraer la mayor informaci¨®n posible, el ¡°rooteo¡± de los dispositivos m¨®viles, un procedimiento que consiste en realizar una serie de actuaciones t¨¦cnicas sobre el aparato que permiten obtener privilegios de administrador sobre ¨¦l y de esta manera poder realizar una imagen forense. Adem¨¢s, pide recabar todos los correos electr¨®nicos enviados por Garc¨ªa Ortiz y Rodr¨ªguez desde el 8 de marzo de 2024 hasta este mi¨¦rcoles.

La decisi¨®n del Supremo ha provocado reacciones dispares entre las asociaciones de fiscales. La mayoritaria Asociaci¨®n de Fiscales (AF), de tendencia conservadora, ha pedido la dimisi¨®n inmediata de Garc¨ªa Ortiz al considerar que su permanencia en el cargo ¡°denigra la imagen de la instituci¨®n y pone en tela de juicio nuestra profesionalidad. Es una situaci¨®n sin precedentes, y su permanencia en el cargo resulta inadmisible en democracia¡±, ha expuesto la AF en un comunicado. Por su parte, la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenec¨ªa Garc¨ªa Ortiz hasta que accedi¨® al cargo, ha expresado su ¡°profunda preocupaci¨®n por las consecuencias altamente nocivas¡± del rechazo del Supremo a archivar de plano el caso por su ¡°manifiesta carencia de fundamento¡±. ¡°La decisi¨®n judicial adoptada en el d¨ªa de hoy es un ostentoso y manifiesto ejemplo de ello¡±, a?ade esta asociaci¨®n en referencia al registro del despacho del jefe del Ministerio P¨²blico.

Antes de notificar el registro, el juez Hurtado hab¨ªa dictado esta ma?ana otra resoluci¨®n para informar de la apertura de diligencias previas, un tr¨¢mite preceptivo que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos castigados con menos de nueve a?os de prisi¨®n (el de revelaci¨®n de secretos conlleva penas de uno a cuatro a?os). Este paso tiene como objetivo ¡°confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad¡± y el ¡°grado de participaci¨®n¡± de los querellados, explica el juez en su auto, en el que tambi¨¦n reclama a Garc¨ªa Ortiz que nombre a un abogado y a un procurador que se encarguen de su defensa y representaci¨®n, ¡°a fin de no generarle indefensi¨®n¡±, lo que supone emplazar al fiscal general para que se persone como investigado (antigua figura de imputado). La fiscal provincial ya ha anunciado que estar¨¢ representada por la Abogac¨ªa del Estado y fuentes fiscales se?alan que la Abogac¨ªa representar¨¢ tambi¨¦n a Garc¨ªa Ortiz.

Adem¨¢s, el juez ha dado traslado a las acusaciones populares personadas ¡ªla Fundaci¨®n Foro Libertad y Alternativa, el Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogac¨ªa de Madrid y la Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)¡ª para que, en el plazo de cinco d¨ªas, se pronuncien sobre si creen que deben agruparse todas las acusaciones en una, como permite el art¨ªculo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El instructor ha pospuesto su decisi¨®n sobre la suspensi¨®n cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.

Estos autos son los primeros que dicta el juez Hurtado desde que, el pasado 15 de octubre, fuera designado, por turno de reparto, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado. La Sala de Admisi¨®n dio ese paso al considerar que existen indicios de que Garc¨ªa Ortiz pudo filtrar a varios medios de comunicaci¨®n, a ¨²ltima hora del pasado 13 de marzo, un correo electr¨®nico que hab¨ªa enviado el abogado de Gonz¨¢lez Amador el 2 de marzo a la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid. En ese email, el letrado comunicaba que, de com¨²n acuerdo con su cliente, este asum¨ªa la comisi¨®n de dos delitos fiscales ¡°reconociendo ¨ªntegramente los hechos¡± y se compromet¨ªa a pagar la cuota defraudada e intereses de demora.

El Supremo no tiene pruebas de qui¨¦n filtr¨® este correo, pero s¨ª de que Garc¨ªa Ortiz y la fiscal jefa provincial lo ten¨ªan desde esa misma noche del 13 de marzo, y en eso basa el tribunal sus indicios de que ambos pudieron incurrir en un delito de revelaci¨®n de secretos (art¨ªculo 417 del C¨®digo Penal), que castiga a la autoridad o funcionario p¨²blico que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por raz¨®n de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

La difusi¨®n de ese correo permiti¨® desmentir un bulo que hab¨ªa lanzado el entorno de la presidenta madrile?a, seg¨²n el cual, era la Fiscal¨ªa quien hab¨ªa ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso y despu¨¦s hab¨ªa retirado la oferta ¡°por ¨®rdenes de arriba¡±, en referencia a Garc¨ªa Ortiz. Ante el revuelo que caus¨® esa informaci¨®n falsa, la Fiscal¨ªa de Madrid emiti¨® un comunicado en la ma?ana del 14 de marzo en el que explicaba que en realidad hab¨ªa sido el abogado quien, m¨¢s de un mes antes, hab¨ªa tratado de alcanzar ese acuerdo con el Ministerio P¨²blico, un procedimiento habitual por el que los acusados reconocen sus delitos (la pareja de Ayuso admit¨ªa haber cometido dos delitos fiscales) a cambio de una rebaja de la pena que le corresponder¨ªa.

Gonz¨¢lez Amador se querell¨® por esa nota de prensa contra el fiscal del caso, Juli¨¢n Salto, y la fiscal provincial al considerar que la nota incurri¨® en un delito de revelaci¨®n de secretos porque inclu¨ªa datos personales. El Supremo, sin embargo, descart¨® este argumento porque, seg¨²n los jueces, toda la informaci¨®n que conten¨ªa ese comunicado hab¨ªa sido ya publicada por varios medios de comunicaci¨®n desde la noche antes. Pero la Sala Penal s¨ª consider¨® que hab¨ªa que investigar c¨®mo lleg¨® a los medios el correo enviado por la Fiscal¨ªa a Gonz¨¢lez Amador.