El Supremo confirma la condena al PP como responsable civil por el pago en negro de la obra de la sede de G¨¦nova

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena del PP como responsable civil subsidiario por el pag¨® en negro de la obra millonaria que acometi¨® hace dos d¨¦cadas en su sede de la madrile?a calle de G¨¦nova. Los magistrados tambi¨¦n ratifican la culpabilidad de su extesorero Luis B¨¢rcenas, que gestionaba la caja b del partido, y de los dos administradores de la empresa Unifica, el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Bel¨¦n Garc¨ªa. Sin embargo, aunque los jueces respaldan sustancialmente el ...

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena del PP como responsable civil subsidiario por el pag¨® en negro de la obra millonaria que acometi¨® hace dos d¨¦cadas en su sede de la madrile?a calle de G¨¦nova. Los magistrados tambi¨¦n ratifican la culpabilidad de su extesorero Luis B¨¢rcenas, que gestionaba la caja b del partido, y de los dos administradores de la empresa Unifica, el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Bel¨¦n Garc¨ªa. Sin embargo, aunque los jueces respaldan sustancialmente el fallo emitido en 2021 por la Audiencia Nacional, rebajan las penas impuestas a los tres procesados por motivos ¡°t¨¦cnicos¡±. De esta forma, a Luis B¨¢rcenas se le imponen finalmente ocho meses de prisi¨®n como cooperador de un delito de defraudaci¨®n tributaria ¡ªfrente a los dos a?os de c¨¢rcel dictados inicialmente contra ¨¦l¡ª; y a Urquijo y Garc¨ªa, nueve meses de reclusi¨®n como principales responsables (frente a los dos a?os y nueve meses iniciales).

Con esta resoluci¨®n, el Supremo inflige otro golpe a la formaci¨®n conservadora. El PP acumula ya tres condenas en firme por beneficiarse de la trama G¨¹rtel, que estuvo liderada por el empresario Francisco Correa y que anid¨® en el seno del partido durante a?os. La primera se dict¨® en 2020, cuando el alto tribunal certific¨® por primera vez la implicaci¨®n de los populares en los negocios de la red corrupta y confirm¨® su condena en la l¨ªnea de investigaci¨®n bautizada como ?poca I, que hab¨ªa provocado en 2018 la moci¨®n de censura del PSOE que acab¨® con el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2023, el Supremo respald¨® otra segunda sentencia contra la fuerza pol¨ªtica por lucrarse de los sucios negocios de la trama en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). Y ahora, con la decisi¨®n conocida este viernes, ratifica el fallo relacionado con la reforma de la sede, cuyos pagos irregulares quedaron reflejados en los papeles de B¨¢rcenas.

Este tercer dictamen en firme contra el PP entra dentro de lo previsto. En un primer momento, el partido recurri¨® la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la reforma en negro de su sede y pidi¨® la absoluci¨®n de B¨¢rcenas como medio para eludir su propia responsabilidad subsidiaria. Esta iniciativa se ejecut¨® cuando Alberto N¨²?ez Feij¨®o ya lideraba la formaci¨®n. Sin embargo, tras trascender el movimiento en la prensa, los populares rectificaron y decidieron retirarlo. Por lo tanto, en la pr¨¢ctica, este tema ¡°no fue objeto de impugnaci¨®n¡± ante el alto tribunal, explica este viernes el Supremo a trav¨¦s de un comunicado.

En octubre de 2021, la Audiencia Nacional consider¨® probado que B¨¢rcenas abon¨® a Unifica ¡ªestudio encargado de hacer las reformas¡ª cerca de un mill¨®n de euros ¡°al margen de la facturaci¨®n y la contabilidad oficial¡±. El Supremo ha confirmado que parte de los fondos no se declararon a Hacienda en 2007, dejando la cuota defraudada en 374.000 euros: ¡°[El extesorero fue] cooperador necesario al facilitar la defraudaci¨®n por la v¨ªa de efectuar un tanto por ciento de los pagos debidos de forma opaca, con dinero negro¡±. Pese a ello, seg¨²n el alto tribunal, las penas de los acusados se han reducido por ¡°cuestiones menores de car¨¢cter predominantemente t¨¦cnico¡±: como la aplicaci¨®n del atenuante de dilaciones indebidas por el ¡°largo tiempo transcurrido (cinco a?os) entre la conclusi¨®n de la investigaci¨®n y el juicio¡±.

¡°La principal estrategia defraudatoria consist¨ªa en la ocultaci¨®n de ingresos¡±, insiste la Sala de lo Penal del alto tribunal, que a?ade c¨®mo los implicados emitieron certificaciones de obra y facturas ¡°incompletas¡±. ¡°Se omitieron partidas, desembolsos y conceptos¡±. Aun as¨ª, los magistrados retiran a los acusados el delito de falsedad al considerar que todos estos papeles eran ¡°mendaces¡±, pero ¡°no falsos¡±: ¡°Aqu¨ª lo que se simula no es el documento. Solo se aparenta que lo que refleja constituye la totalidad de la obra o la totalidad del pago. Esa es la realidad simulada [...] Las certificaciones y facturas incompletas no son veraces. Contienen elementos contextualmente falsarios (todo lo que consta es cierto; pero no consta todo lo que debiera constar). Pero es un apartamiento de la realidad parcial. No permite tildar al documento de simulado en los t¨¦rminos fijados por la jurisprudencia¡±, exponen los jueces.

Siete meses de ¡°deliberaciones¡±

Este fallo del Supremo llega tras mucho tiempo a la espera. El alto tribunal fij¨® el pasado 10 de abril como la fecha para la ¡°deliberaci¨®n y decisi¨®n¡± sobre las alegaciones presentadas en el caso de la reforma de la sede del PP. Sin embargo, el dictamen se retras¨® siete meses. ¡°Se iniciaron las deliberaciones el 10 de abril, prolong¨¢ndose hasta el 5 de noviembre siguiente ante la necesidad de acceder al procedimiento y su documentaci¨®n para la correcta decisi¨®n sobre algunos recursos¡±, aseguran los magistrados en la sentencia conocida este viernes. En ese periodo se han celebrado tres elecciones: las del Pa¨ªs Vasco (21 de abril), Catalu?a (12 de mayo) y europeas (9 de junio).

El Supremo confirma tambi¨¦n la decisi¨®n de la Audiencia de condenar a las acusaciones populares a pagar parte de las costas de la defensa de la formaci¨®n conservadora y de uno de los cinco procesados ¡ªLaura Montero, trabajadora de Unifica, que result¨® absuelta¡ª. El tribunal concluye que estas acusaciones pidieron penas por delitos sobre los que no estaban ¡°legitimadas¡± para ejercer la acci¨®n en solitario ¡ªporque la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado no ve¨ªan ah¨ª irregularidades¡ª, ¡°contradiciendo [as¨ª] pautas conocidas de la jurisprudencia¡±.

Los jueces a?aden: ¡°Es dif¨ªcil no descubrir cierta incontinencia acusadora puesta de manifiesto por el abanico de delitos hechos valer. Buena parte han deca¨ªdo. Las penalidades solicitadas resultan llamativamente desproporcionadas [...] En muchos extremos la acusaci¨®n articulada denota escasa reflexi¨®n¡±.