El PP, condenado en firme por lucrarse con la trama G¨¹rtel

La condena al PP por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama G¨¹rtel ya es firme. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que precipit¨® la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa y ha ratificado, con ligeros ajustes, las condenas de prisi¨®n para 29 acusados que fij¨® la Audiencia Nacional. Tambi¨¦n ratifica la responsabilidad civil a t¨ªtulo lucrativo del PP y de la exministra Ana Mato, pero considera que la Audiencia se excedi¨® en sus menciones a la caja b del PP porque, advierte la sala, no puede haber responsabilidad penal sin acusaci¨®n o defensa. Once de los acusados son condenados a m¨¢s de 12 a?os de prisi¨®n, incluyendo Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis B¨¢rcenas, Guillermo Ortega y Rosal¨ªa Iglesias, aunque el alto tribunal ha modificado algunas de las penas impuestas por la Audiencia. Entre ellas, la del extesorero del PP, que pasa de 33 a?os y cuatro meses de c¨¢rcel a 29 a?os y un mes.

La sentencia de la Audiencia Nacional desencaden¨® en mayo de 2018 un terremoto pol¨ªtico que acab¨® en apenas cinco d¨ªas con la carrera pol¨ªtica de Mariano Rajoy y aup¨® a la presidencia a Pedro S¨¢nchez. La confirmaci¨®n de la condena por parte del Supremo certifica los hechos que llevaron entonces al PSOE a presentar una moci¨®n de censura para forzar la salida del PP del Gobierno. El Supremo ha examinado 42 recursos y 29 condenas de prisi¨®n impuestas por la Audiencia Nacional en la sentencia de los primeros a?os de actividad corrupta de la trama G¨¹rtel, entre 1999 y 2005 en Madrid, Estepona y Castilla y Le¨®n. Los magistrados han confirmado, en l¨ªneas generales, la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y las multas derivadas de la estimaci¨®n parcial de los recursos de la Fiscal¨ªa, de 19 acusados y del Partido Popular.

La estimaci¨®n de parte del recurso del PP lleva al Supremo a corregir una de las conclusiones de la Audiencia Nacional que levant¨® m¨¢s polvareda en su momento. El tribunal da por probado que el PP se benefici¨® con 245.000 euros de fondos p¨²blicos por actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrile?as de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega (condenado a 40 a?os de c¨¢rcel) y Jes¨²s Sep¨²lveda (exmarido de Ana Mato, condenado a 14 a?os y cuatro meses) eran candidatos a esas alcald¨ªas. El Supremo considera al partido responsable como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo y le obliga a devolver el dinero con el que se lucr¨®.

Pero los magistrados creen tambi¨¦n que la Audiencia Nacional se extralimit¨® al incluir en el relato de hechos probados la existencia en el PP de una contabilidad paralela que situaba al partido en ¡°una din¨¢mica de corrupci¨®n institucional¡±. El Supremo considera la Audiencia se excedi¨® porque en este caso no se estaba juzgando la existencia de una caja b, y recuerda que la formaci¨®n conservadora solo fue llevada al proceso como part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo (una figura que presupone que el beneficiario ni particip¨® en el delito ni conoci¨® su comisi¨®n), por lo que no se le puede atribuir una responsabilidad penal. ¡°La contradicci¨®n en la que entra la sentencia es evidente, considerar que el Partido Popular era conocedor y responsable penal, aunque sea a efectos te¨®ricos, supone entender que no era ajeno a los hechos penales, de modo que ser¨ªa imposible aplicar la norma utilizada para imputar civilmente a dicho partido en el proceso penal¡±, afirma la sala.

Ahora bien, advierte el Supremo, aunque la Audiencia no pod¨ªa acreditar la existencia de una contabilidad opaca, ¡°en modo alguno¡± se puede reprochar a los jueces que, para explicar el contexto en el que sucedieron los hechos, mencionaran el resultado de las pruebas practicadas en el juicio relacionadas con el PP, sobre todo teniendo en cuenta que esta formaci¨®n era ¡°el nexo¡± de todas las actuaciones recogidas en los hechos probados".

El Supremo considera as¨ª que en esta sentencia no se puede dar por probada la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular, pero asume que algunos de los delitos que ahora se acreditan est¨¢n directamente vinculados a esa contabilidad. Al dar por probado el delito de apropiaci¨®n indebida del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas y de su esposa, Rosal¨ªa Iglesias, por sustraer 149.600 euros de fondos del PP (mediante compra acciones de Libertad Digital) los magistrados concluyen que la Audiencia Nacional cont¨® ¡°con prueba de cargo v¨¢lida y suficiente¡± para concluir ¡°la existencia de una caja b, o contabilidad 'extracontable¡± del partido.

Cambios en las penas

En una sentencia de 1.843 folios, dictada por unanimidad, y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ram¨®n Berdugo, el Supremo confirma la comisi¨®n de delitos de cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n, asociaci¨®n il¨ªcita, fraude a la administraci¨®n p¨²blica, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda p¨²blica, tr¨¢fico de influencias, apropiaci¨®n indebida y exacciones ilegales.

La sala ha elevado algunas de las penas de los principales acusados al castigar de forma separada el fraude y la malversaci¨®n que fueron cometidos en concurso de delitos, tal como pidi¨® la Fiscal¨ªa en su recurso. Otras, en cambio, se han visto reducidas al apreciar los magistrados atenuantes (como la de colaboraci¨®n en el caso de Francisco Correa por su declaraci¨®n en el juicio), absoluci¨®n de algunos de los delitos cometidos o nuevas individualizaciones de penas. Entre los beneficiados por esta situaci¨®n est¨¢ el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, a quien el Supremo impone 29 a?os y un mes de c¨¢rcel frente a los 33 a?os y cuatro meses que le impuso la Audiencia Nacional. Su esposa, Rosal¨ªa Iglesias, ha visto reducida su condena de 15 a?os a 12 a?os y 11 meses, pero al ser ya firme la sentencia tendr¨¢ que entrar en prisi¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas. El cerebro de la trama, Francisco Correa, no ve modificada su pena, que se queda en 51 a?os de c¨¢rcel.

Esta pieza troncal del caso G¨¹rtel se centra en la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos a precios inflados a las empresas de Correa, que organizaba los actos del PP durante los a?os de la presidencia de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El Supremo incluye en su sentencia el relato de hechos de la Audiencia Nacional y da por probado que las empresas del Grupo Correa y dirigentes y miembros del Partido Popular tejieron una estructura de ¡°colaboraci¨®n estable¡±, consistente en la prestaci¨®n de ¡°m¨²ltiples y continuos servicios¡± relacionados con viajes, organizaci¨®n de eventos y congresos de partido, tanto durante campa?as electorales como fuera de ellas.

A partir de estos trabajos conjuntos, se?alan los jueces, se cre¨® ¡°un aut¨¦ntico y eficaz sistema de corrupci¨®n¡±, a trav¨¦s de mecanismos de manipulaci¨®n de la contrataci¨®n p¨²blica, auton¨®mica y local, vali¨¦ndose de su relaci¨®n con influyentes militantes del PP. Las empresas de Correa, y otras elegidas por ¨¦l, se aprovecharon de la situaci¨®n y gozaron de un trato de favor ¡°arbitrario¡± y de un ¡°dominio de hecho¡± sobre la contrataci¨®n p¨²blica llevada a cabo por unas entidades p¨²blicas que el tribunal considera ¡°parasitadas¡±. En esa din¨¢mica ilegal, mediaron sobornos a funcionarios y autoridades, se emitieron facturas falsas y se mont¨® un entramado entre diferentes sociedades para acceder a la contrataci¨®n p¨²blica y para ocultar la procedencia il¨ªcita de los fondos y su posterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, ¡°con la consiguiente ocultaci¨®n a la Hacienda P¨²blica¡±, afirman los magistrados. El Supremo considera por tanto constatada la existencia de una trama criminal para posibilitar el delito, eludir su persecuci¨®n y facilitar la obtenci¨®n de beneficios, lo que lleva al tribunal a confirmar la condena por asociaci¨®n il¨ªcita para varios de los acusados. Concurren todos los elementos de este tipo penal, seg¨²n los jueces: un grupo estructurado, jerarquizado, dirigido a lucrarse con bienes y servicios, y a efectuar hechos delictivos, vulnerando la legislaci¨®n administrativa y los principios de transparencia que deben guiar la acci¨®n administrativa.

El papel de B¨¢rcenas

B¨¢rcenas, fue una pieza fundamental de este entramado corrupto, seg¨²n el tribunal, que considera adem¨¢s probado que el extesorero, ¡°al margen de la actividad delictiva¡± que llev¨® en com¨²n con otros acusados, desarroll¨® por su cuenta, y cuando lo precisaba en colaboraci¨®n con su mujer, "otra actividad dirigida a enriquecerse de modo il¨ªcito intermediando en otras adjudicaciones de obras o apropi¨¢ndose de fondos del PP¡±. Fruto de todas estas actividades, el exdirigente popular logr¨® acumular un importante patrimonio, "que ocult¨® a trav¨¦s de un entramado financiero en entidades bancarias suizas, a trav¨¦s del cual invirti¨® en distintos valores y productos financieros, e, igualmente, aflor¨® fondos cuyo origen no se correspond¨ªa con su declarada actividad ni con su ahorro, dot¨¢ndolos de una apariencia l¨ªcita, bien mediante la simulaci¨®n de distintas operaciones comerciales bien al reflejarlos en las correspondientes declaraciones tributarias como ganancias patrimoniales derivadas de operaciones de compraventa de obras de arte¡±, se?alan los magistrados.

La condena firma de la esposa de B¨¢rcenas implica su ingreso en prisi¨®n, una situaci¨®n que el extesorero quer¨ªa evitar a toda costa. Algunos dirigentes del PP se han mostrado temerosos de que, si se certificaba el encarcelamiento de Iglesias, B¨¢rcenas cumpliera su amenaza de hacer p¨²blicos hechos y documentos que hasta ahora no han aflorado y que, seg¨²n el extesorero, podr¨ªan comprometer a hist¨®ricos dirigentes populares.

El juicio de la primera etapa de G¨¹rtel se celebr¨® en 125 sesiones entre octubre de 2016 y el noviembre de 2017. La sesi¨®n estrella del proceso fue la 101, celebrada el 26 de julio. Ese d¨ªa, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudi¨® a la Audiencia Nacional como testigo. Ante el tribunal presidido por el magistrado conservador ?ngel Hurtado, que se opuso siempre a su declaraci¨®n, Rajoy manifest¨® que su partido ¡°jam¨¢s¡± recibi¨® donativos en efectivo de empresarios y reiter¨® hasta en siete ocasiones que nunca se ha ocupado de cuestiones econ¨®micas de la formaci¨®n conservadora, sino ¨²nicamente de las pol¨ªticas. La Audiencia Nacional cuestion¨® en su sentencia la ¡°credibilidad¡± de su declaraci¨®n. El Supremo no alude a ella.